Luis Verdesoto Custode
Con los resultados de las elecciones del 19 de febrero –presidenciales y legislativas– quizás se abre una ventana de oportunidad, de tamaño variable, para modificar a las políticas públicas sobre comunicación, especialmente la Ley Orgánica. Durante la campaña electoral, los dos candidatos presidenciales finalistas, numerosos legisladores electos y personalidades se han comprometido a ello.
La Ley de Comunicación ha sido cuestionada en numerosos foros nacionales e internacionales, siendo el más reciente la Reunión de expertos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que formuló recomendaciones puntuales. Y además constituye una importante cuestión formulada por diversos estados, la que formará parte del Examen Periódico Universal a celebrarse el 1 de mayo de 2017.
La Plataforma para la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos tomó la iniciativa de organizar una mesa de concertación sobre la referida normativa. La mesa se celebró el 19 de abril de 2017 en Quito con la participación de casi un centenar de participantes altamente representativos de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos legalmente reconocidos, parlamentarios electos, editores de periódicos y periodistas en ejercicio. Pidió la conducción del expresidente de Bolivia Carlos Mesa, insigne historiador y periodista, e invitó en proporciones similares a las distintas vertientes políticas asociadas al régimen y a la oposición. Cabe mencionar, sin embargo a la reiterada invitación, que no asistió ninguna personalidad o representante proveniente del partido de gobierno.
Me permito extraer varias conclusiones, que reflejan distintos grados de consenso social y política. Es evidente la percepción fundamentada en numerosas cifras, constataciones y testimonios de la distorsión de la comunicación pública mediante varias modalidades de censura, el copamiento por parte del régimen del escenario de la comunicación pública, la manipulación de ciertos medios comunitarios, la distorsión comunicativa originada en el conglomerado estatal de medios de comunicación y la deformación que se opera sobre principios básicos internacionales de la comunicación cuando las políticas públicas son instrumentadas por manos autoritarias.
Diez años después se han quebrantado las libertades de pensamiento, expresión, opinión y asociación, lo que impide la formación del cuestionamiento ético y político de los ciudadanos. Recordemos que el vínculo básico entre los derechos civiles y políticos es la libertad de opinión. El populismo ha detenido el progreso de las libertades. Procreó la legislación de comunicación más rígida, opresiva y antidemocrática de América Latina.
El escenario de la comunicación, una década después, es parte de un proyecto de poder que requiere una contestación desde la sociedad.
¿Por qué la Ley Orgánica de Comunicación conspira contra la democracia ecuatoriana?
Porque obstruye la libertad de pensamiento al pretender imponer una jerarquía estatal en el pensamiento nacional mediante sanciones a lo que se comunica y lo que no debe comunicarse.
Porque se erige contra la libertad de comunicación mediante la “estatización”, esto es copamiento de número de medios y de los medios de comunicación mal llamados públicos, gesta prohibiciones de propiedad simultánea para impedir inversión privada en comunicación pública, presenta un frondoso árbol de sanciones a periodistas mediante cárcel y multas y conduce al ahogamiento económico de los medios.
Los ecuatorianos no esperamos nuevamente diálogos intrascendentes que diluyan los propósitos políticos de la comunidad. Precisamos de cambios en la voluntad política en torno a la comunicación, que desmonten a las prácticas nefastas hasta ahora vigentes.
Porque atenta contra la libertad de información para conducir y manipular la formación de la opinión pública, llegando incluso a prohibir la información originada en el Estado, la que debería destinarse a todo tipo de medios, incluyendo a los privados.
Porque atenta contra la libertad de información para conducir y manipular la formación de la opinión pública, llegando incluso a prohibir la información originada en el Estado, la que debería destinarse a todo tipo de medios, incluyendo a los privados.
Las normas y las políticas públicas de comunicación en Ecuador muestran una fehaciente incompatibilidad con normas internacionales. ¿Puede haber límites? Sí, pero fundamentalmente debe haber garantías vinculadas al ejercicio de fortalezas sociales. Debe respetarse el criterio general de la comunidad internacional que plantea limitaciones precisas y claras de normas, orientadas al logro de objetivos imperiosos del país, vinculados con una sociedad democrática, proporcionales a la finalidad perseguida sin que afecten a los derechos humanos.
¿Qué esperamos los ecuatorianos en materia de comunicación?
Nuestra óptica no puede ni debe estar ligada a las disponibilidades, a la apertura, al estilo o al talante de la autoridad pública. Nuestra óptica debe estar ligada a las necesidades democráticas de reconstituir al sistema político. Es decir, la restitución democrática de un sistema de intercambios entre todos los ecuatorianos para gestar nuevas formas colectivas de creación de opinión pública que nos alejen del autoritarismo. Por ahora omnipresente.
Los ecuatorianos no esperamos nuevamente diálogos intrascendentes que diluyan los propósitos políticos de la comunidad. Precisamos de cambios en la voluntad política en torno a la comunicación, que desmonten a las prácticas nefastas hasta ahora vigentes.
La única expresión de voluntad política creíble ahora son los hechos que devuelvan a la ciudadanía el derecho a la comunicación. (O)
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