El observador

POR: Alberto Acosta

Frente a las sinrazones de la megaminería

El analista económico y experto en asuntos relacionados con la explotación minería, economista Alberto Acosta, a modo de prólogo frente a  las sinrazones de la megaminería, durante la presentación del libro 15 mitos y realidades de la minería transnacional, que se presentó en la ciudad  de Cuenca, retoma, textualmente un capítulo sobre lo que el ex mandatario Rafael Correa, opinó en la ciudad de Macas durante una sabatina que se realizó  el 10 de octubre del 2012. Lo que no se puede recuperar es el tiempo perdido, el factor más escaso en el país es tiempo. Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más, ni un segundo que perder  y los que nos hacen perder tiempo también esos demagogos; no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías. Oigan, en  Estados Unidos, que  vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomio. A quien se le ocurre no explotar el petróleo, no  explotar la minería y nos hacen perder tiempo, tiempo y tiempo y el país ha perdido dos siglos para el desarrollo, cuantas generaciones han sido condenadas a la miseria, a la desnutrición,  al analfabetismo, a la falta de salud, agua potable, alcantarillado, por que hemos seguido perdiendo el tiempo y nos lo quieren seguir hacer perdiendo. A rechazar esas actitudes que nos bloquean y a seguir firmemente, rápidamente, con prisa y sin pausa, hacia el buen vivir, hacia el desarrollo, hacia la justicia, hacia la dignidad compatriotas. La megaminería, va porque va. Como sucedía en los gobiernos de la larga noche neoliberal, cuando se apresuraba el paso extractivista, para construir por ejemplo,  el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el actual gobierno  impone la megaminería sin consideración alguna. Arrasa o  al menos intenta arrasar con las críticas. Las bloquea, las reprime. No hay duda  el  presidente ecuatoriano Rafael Correa pasará a la historia como uno de los mayores promotores del extractivismo del siglo XXI. No hay espacio para el análisis sereno, el diálogo y el debate. Menos aún para una decisión colectiva, democrática. Abundan los epítetos, las descalificaciones incluso las amenazas presidenciales en contra de quienes se han atrevido a destacar los riesgos de la megaminería. Quien critica de acuerdo a la visión presidencial- debe ir a un manicomio. Triste conclusión cuando en realidad la megaminería nos seguirá hundiendo en la esquizofrenia del extractivismo de matriz colonial. Ante tanta intolerancia para procesar las críticas, a ratos parecería que es muy cierto que en nuestras sociedades  existe una suerte de ADN extractivista en todos sus niveles, empezando por los más altos de la definición política. Eso explica por qué los gobernantes progresistas al asumir el papel de portadores de la voluntad colectiva, tratan de acelerar el  salto hacia la ansiada modernidad forzando el extractivismo: una suerte de modernización pasadista, que hermana a Gobiernos progresistas, con los Gobiernos neoliberales. A  pesar de tanta obstinación y miopía, la sociedad tiene el derecho a informarse y a participar en la discusión. Incluso si el gobierno se margina de ella, hay que potenciar el debate y organizar todas las consultas comunitarias que sean necesarias. Por cierto  es necesario un escenario que permita discutir todas las posiciones para que analicen todos los argumentos. El único requisito básico es el respeto a la opinión de quien piensa diferente. Economía extractivista, atenta contra la Madre Tierra. Entre  2011 y comienzos del 2012, en diferentes países de América Latina, las luchas contra  la  megaminería, han vuelto a mostrar toda su urgencia y dramatismo. En Perú se llevó a  cabo la marcha por el agua  y la vida, en contra del proyecto Conga de Cajamarca. En Panamá hubo una gran represión que  costó la vida  de dos miembros de la comunidad indígena Ngabé; en México, en el  Estado de Veracruz, crece  el  rechazo contra  la instalación del proyecto minero Caballo Blanco, a pocos kilómetros de una central nuclear; en Colombia, la población se ha movilizado en  contra de una gigantesca mina de  oro La Colosa,  en Cajamarca. Estos pocos ejemplos ilustran  la rápida generalización  de las luchas continentales en contra de la megaminería a cielo abierto, que hoy avanza sin consenso de las  poblaciones. Como suele  suceder frente a las resistencias,  los gobiernos aguardan la apertura de nuevas  oportunidades políticas. Para avanzar  con tales proyectos confundiendo  legitimidad electoral con licencia social. Argentina y la  penalización de la protesta social En el libro 15 mitos y realidades de la minería transnacional se trazan las guías para desmontar el imaginario prominero. Pero lo que más nos sorprende y llama la atención es que luego de las  elecciones realizadas en Argentina en el 2011, la provincia de la Rioja, firmó un nuevo convenio con otra empresa  canadiense (Osisko  Mining). A esto se añadió que el gobierno de Kristina Fernández, la supuesta socialista, en el inicio de su segundo mandato, sancionó una nueva ley antiterrorista que torna aún más difusa la figura penal de terrorismo, ampliando su aplicación como en el caso ecuatoriano, a las personas que supuestamente financian actos terroristas. Esta ley obtuvo el rechazo generalizado de organizaciones sociales, de derechos humanos e intelectuales incluido el de aquellos sectores que apoyan al gobierno, pues todo indica que el objetivo de la misma era penalizar la protesta social.  En este marco  de generalización de los conflictos, la minería se instaló ya con claridad y contundencia, en la agenda política y mediática de los argentinos. Así arranca una nueva fase del debate, que esperamos,  conlleve, pese a las grandes dificultades y más allá de las asimetrías de siempre, una discusión de fondo sobre que entendemos hoy por Desarrollo, Democracia, Soberanía y Derechos Humanos.