El observador

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EL DERECHO DE RECUPERACIÓN
Diego C. Delgado Jara

Odebrecht no puede ocultar los otros colosales perjuicios al país. Debe investigarse, por ejemplo, a dónde mismo fue el dinero del pago de hasta 58 dólares por barril de crudo extraído a una compañía petrolera (Pacifpetrol) cuando los miembros de Petroproducción lo hacían antes a 7 u 8 dólares. Otra empresa (Petroriental) cobra 41 dólares. Los contratos están vigentes hasta el 2026 y 2025. Lo informó la Secretaría de Hidrocarburos en El Comercio, del 1 de diciembre del 2014, y el Ministerio de Recursos No Renovables, en El Comercio, del 13 de enero del 2016.

La repotenciación de la refinería de Esmeraldas se dijo que costaría 187 mlls y luego se informó que consumió 2.369 mlls. Se ha gastado en aplanar el terreno y llevar agua donde se construiría la refinería de El Aromo 1.507 mlls. Se ha pagado por cada kilómetro de la ruta Collas a Tababela 21,5 mlls el km, lo que se ha considerado la carretera más cara del mundo pues en Europa el km se paga 380 mil con 4 carriles. Se podrían llenar páginas en la enumeración de hechos irregulares.

El pueblo ecuatoriano no puede ser objeto de una burla olímpica y de despojo impune. La República y sus instituciones están secuestradas. La sociedad está maniatada. No existe entidad a la que se pueda acudir con garantías del debido proceso. Tal vez las únicas salidas son o una Asamblea Nacional Constituyente, o las calles.

Se impone consagrar el Derecho de Recuperación de los bienes fiscales o patrimonio público robado, el mismo que debería constar en la Constitución, y una propuesta sobre la cual me permito formular: “El Estado ecuatoriano proclama y reconoce el pleno derecho de recuperación, tanto del fisco como del pueblo, mediante las acciones legales pertinentes, a través de sus autoridades o representantes de elección popular, en forma imprescriptible, sin límite de tiempo, de todos los bienes o montos sustraídos por actos de corrupción, privatizaciones, concesiones, o ilegalidad de funcionarios públicos y/o ciudadanos y entidades particulares, en forma individual o asociada, así como de jueces y autoridades cómplices de dichos actos lesivos al patrimonio fiscal o colectivo.”

No se trata de confiscar; nada de ello. Todo lo contrario. El pueblo jamás debe dejarse robar de manera impune y descarada como sucede en muchos casos ya denunciados en todas partes del país. Se trata de recuperar lo que es de la sociedad. Los ecuatorianos debemos impedir que se cubra con un manto de olvido e impunidad el más grande perjuicio que se ha cometido en forma organizada y planificada en contra de la República en toda su historia.

Debe pensarse en hacer una ley o regulaciones para que cualquier persona, funcionario público o no, que brinde datos que permitan recuperar patrimonio fiscal, hasta pueda ser reconocido con un porcentaje del monto recuperado. Todos los servidores públicos, en esta perspectiva, deberían guardar las copias de documentos que les podría servir a futuro.