Mientras la iniciativa para remover mediante un referendo al Presidente venezolano Nicolás Maduro gana el apoyo popular, su gobierno intensifica la represión.
El viernes pasado, Maduro declaró un estado de emergencia durante 60 días bajo el argumento de que era necesario para aplastar lo que describió como un “golpe” y para poder enfrentar “todas las amenazas internacionales y nacionales que hay contra nuestra patria en este momento”.
Las amenazas que los venezolanos enfrentan hoy en día no son el resultado de conspiraciones extranjeras o nacionales, sino del liderazgo desastroso de Maduro. Durante su gobierno, el sistema de salud del país se ha atrofiado tan severamente que muchos venezolanos mueren cada semana por la escasez crónica de medicinas y debido a que los hospitales están mal equipados.
La violencia se ha disparado mientras las bandas armadas leales al gobierno deambulan por las calles. Durante los tres primeros meses de este año, 4696 personas fueron asesinadas en Venezuela, según elgobierno, y en 2015 la cifra superó los 17.700. El número de muertos en el primer trimestre de 2016 es superior a los 3545 civiles muertos en Afganistán el año pasado, un hecho sin precedentes.
Es probable que la escasez de alimentos y bienes básicos empeore a medida que la economía de Venezuela se contrae a lo largo de este año. Por otro lado, los presos políticos languidecen después de pasar años tras las rejas, víctimas de un corrupto sistema de justicia.
Esta crisis ha mostrado las promesas vacías de las políticas socialistas de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, implementadas desde fines de 1990.
Mientras muchos venezolanos pudieron disfrutar de la prosperidad proyectada en una mejor vivienda, alimentos subsidiados y mejores salarios durante el alza de los precios del petróleo —el crudo representa aproximadamente el 96 por ciento de las exportaciones de Venezuela—, el gobierno no pudo construir una economía sostenible.
Tampoco ahorró dinero durante las épocas de bonanza, lo que habría suavizado el impacto de la recesión que comenzó en 2014.
Maduro logró cumplir con los pagos de la deuda externa de Venezuela gracias a los préstamos de miles de millones de dólares procedentes de China, país que tendrá que decidir si volverá a rescatar a Caracas cuando llegue el momento de su próximo gran pago en otoño.
El gobierno ha evitado obstinadamente implementar soluciones a largo plazo, al igual que solicitar la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones internacionales que rescatan a las economías fallidas. Venezuela no ha tenido un contacto significativo con el FMI por más de una década.
Durante los últimos 15 años, Chávez y Maduro hicieron del gasto en programas sociales su prioridad para mantener una base de votantes leales, y dejaron así a un lado las reformas institucionales que habrían diversificado las fuentes de ingresos del país y mejorado los sistemas de educación y salud.
Una coalición de partidos políticos opositores ganó el control de la Asamblea Nacional en diciembre y ha presionado a Maduro para que adopte las reformas, incluyendo la restauración de la independencia del Banco Central de Venezuela. Pero el PSUV, su partido político, ha bloqueado cada paso de los líderes de la oposición descartándolos como unos radicales de derecha alineados con potencias extranjeras.
A medida que aumenta el sufrimiento de los venezolanos, la oposición ha ganado un apoyo significativo en el extranjero lo que ha dejado muy aislado a Maduro. Se espera que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convoque pronto a una sesión especial para evaluar la erosión de las prácticas democráticas en Venezuela.
Maduro sufrió un nuevo golpe la semana pasada cuando la Presidenta brasileña Dilma Rousseff, una aliada muy cercana, fue removida temporalmente del poder mientras es sometida a un juicio político.
El presidente venezolano parece determinado a que sea prácticamente imposible que la oposición cumpla con los requisitos exigidos para convocar a un referendo para fines de año. Si la votación se realiza en 2017 y remueve a Maduro de su cargo, el vicepresidente terminará el resto de su mandato, que finaliza en 2019.
Para derrotarlo, los líderes de la oposición, quienes han convocado a manifestaciones masivas el miércoles, tendrán que ampliar su coalición. Eso significa incorporar a los descontentos de la base política de Maduro y ofrecerle a los votantes venezolanos un modelo político viable que frene la catástrofe causada por años de mal gobierno.
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