Publicado en mayo 5, 2016 en Columnistas/Las Ideas por Ramiro Aguilar
La señora Viceministra de Finanzas, doña Madeleine Abarca, en una de sus comparecencias en la Asamblea Nacional (dejo constancia que al ministro Herrera no se le ve por la Asamblea hace rato), dijo, palabras más, palabras menos, que el gasto público de este gobierno se concentra en el pago a profesores, médicos, policías, militares, jueces y fiscales.
Mientras la escuchaba, me vinieron a la mente un par de casos de la justicia ecuatoriana que nos deben llevar a reflexionar si el dinero que anualmente va al gasto corriente del sectorial jurisdiccional, ha sido o no bien empleado, o si, por el contrario, la valoración de la calidad del servicio se omite para prestar atención solamente al valor de las remuneraciones que se pagan.
Vamos al grano. En el año 2015 el sectorial jurisdiccional que comprende las siguientes instituciones: Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Corte Constitucional y Fiscalía General del Estado, recibió 693 millones de dólares, de los cuales, en gasto corriente (sueldos de jueces y fiscales) se fueron 572 millones de dólares.
¿Para qué?
Para que la justicia correísta -que nos cuesta un dineral en sueldos-, sentencie a un año de privación de libertad al capitán Vinicio Luna por el delito de lavado de activos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol; mientras que al señor Francisco Endara le condenó a un año y ocho meses de privación de libertad por aplaudir en las instalaciones de ECTV el 30 de septiembre del 2010.
La justicia la pagamos todos los ecuatorianos con nuestros impuestos; y resulta que esta justicia no es otra cosa que una agencia gubernamental para dar impunidad y levedad a unos y severidad y persecución a otros. Este no es un problema de las gentes que son carne de juzgado o de abogados. Este es un problema suyo y mío porque nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para pagar los impuestos que financian este disparate y sus pobres resultados.
Las cifras locas del presupuesto del gobierno de Rafael Correa van a otros sectores. La deuda pública interna es de 12.546 millones de dólares; de los cuales 11.780 millones de dólares se le debe a la Seguridad Social, a la que le enchufaron bonos del Estado a un plazo de vencimiento de entre 8 y 9 años, a un interés del 7%. O sea el IESS deberá esperar varios años para cobrar su dinero. Hasta eso, solo cobra los intereses, si acaso le pagan, en esta carestía. ¿Qué pasaría si el Estado ecuatoriano no puede pagar la deuda con el IESS, o sea si no puede pagar esos bonos a su vencimiento? Pues chao liquidez de la Seguridad Social. Obvio, Correa intenta financiar su aventura presidencial suicida hasta mayo del 2017. ¿Y después? Que todo se joda. Después de él: ¡el diluvio!
No contentos con esto, siguen las cifras locas. El sábado 30 de abril Rafael Correa, salió con la idea de vender algunas centrales hidroeléctricas, entre ellas, Sopladora. Esta central tuvo un costo de construcción de 755 millones de dólares, de los cuales 650 millones fueron producto de financiamiento externo. Es decir, no construimos Sopladora con nuestro dinero del petróleo. Por Sopladora (vaya nombrecito) tenemos que pagar un crédito a largo plazo y con un interés alto. ¡Qué quiere vender, si aún ni pagamos! Salvo, claro está, que quiera dar en pago a los acreedores para que de la generación de energía que nos venderán, ellos se paguen solitos, durante decenas de años.
En la otra pista de este circo presupuestario loco, está el llamado Sectorial Transparencia y Control Social que comprende: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones; Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (o mejor dicho donde se emplean los “ciudadanos imparciales” amigos íntimos del correísmo); Contraloría General del Estado; Defensoría del Pueblo; y todas las superintendencias (incluida la Superintendencia de la Información y Comunicación), el gasto fue de 260 millones de dólares.
¿Para qué?
Para que no controlen nada. La Contraloría encripta sus informes; y no informa a la ciudadanía quiénes son los responsables del mal manejo de recursos públicos. El Consejo de Participación Ciudadana: ¿usted sabe para qué sirve, que no sea para amañar los concursos de las otras entidades de control?; y las superintendencias de cualquier cosa. Todo un despilfarro indecente con el dinero de nuestros impuestos.
Volviendo a la reflexión inicial de la viceministra de Finanzas, ella dijo que no sabe cómo se puede dar salud sin pagar los salarios de los médicos. Pero de los médicos ecuatorianos ha de ser pues señora, no de médicos cubanos que a duras penas habrán visto un bisturí laser en su vida.
En fin, no solo es cuestión de gastar como loco, sino de saber gastar. No es cuestión de vivir de fiado como Correa -que nos deja con una deuda pública total, entre interna y externa, de 32. 771 millones de dólares-. Estamos a siete puntos de llegar al 40% del PIB, que es el límite legal de endeudamiento. No es cuestión de haber evaporado todos los ingresos petroleros de los últimos nueve años. No.
¡Estamos embarcados en la nave de los necios! Y lo peor de todo es que Correa y sus ministros repiten sus necedades todo el tiempo en todos los medios. Que la crisis es por la apreciación del dólar, por la caída de los precios del petróleo y por la desaceleración de las economías grandes como la china. Asambleístas, ministros, viceministros, todos con la misma cantaleta. Y cómo dice Sebastián Brant: “Nunca consigue provecho ni honra quien no quiere que se le enseñe. El mundo nunca quiso oír a Noé, hasta que perecieron las gentes y el ganado; Coré deseaba hacer lo que no era de razón, por eso murió con su pueblo. El animal solitario devora muchísimo. Quien quiere servirse de su propia cabeza, tiene a menudo la osadía de desgarrar la túnica que ahí está aún sin costura. Quien confía en huír de la nave de los necios, ha de tener cera en los oídos…”.
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