Si Carlos Ochoa no entiende nada, imaginen a sus subordinados

Publicado en mayo 22, 2016  en La Info  por Roberto Aguilar

Gente pide agua; Correa sube el IVA. Según la Supercom, este titular publicado por diario El Mercurio de Cuenca en la portada de su edición del 21 de abril viola el derecho constitucional de las personas a recibir información veraz, oportuna, contextualizada y contrastada. Aunque los dos hechos reflejados en el título sean verdaderos. Aunque el punto y coma utilizado para separarlos descarte cualquier relación causal o de dependencia lógica entre ellos.  Más aún: a pesar de que la nota de portada remite a los lectores a una página interior en la que las dos noticias se recogen por separado y se contextualizan debidamente, la Supercom ha decidido que el titular no es consistente con el contenido informativo, como manda la Ley de Comunicación. ¿Cómo se llegó a semejantes conclusiones? Pues de forma muy graciosa, como suele ocurrir cada vez que el aparato de censura entra en el juego.

La resolución está suscrita por el intendente de la Zona 6 de la Supercom, Luis Enrique Zamora, digno subordinado de Carlos Ochoa, y se caracteriza por su absoluto desprecio por la gramática elemental. El texto es un compendio de todos los posibles errores de sintaxis de la lengua española: atropellos ofensivos a la concordancia, casos de doble sujeto, faltas graves de puntuación, inadecuación en el régimen de los verbos, uso desatinado de los gerundios, formas preposicionales y adverbiales incorrectas y toda clase de anacolutos, silepsis y solecismos salpican las 15 páginas del documento, dificultan su comprensión y convierten su lectura en una experiencia dolorosa para cualquiera que intente desentrañar su significado. La incompetencia de Zamora en materia de lenguaje es radical y profunda. Evidentemente él piensa como escribe: a la patada. El hecho de que este defecto sea corriente en la tecnocracia correísta no lo hace menos lamentable y es especialmente grave en este caso. ¿Por qué especialmente? Porque todo el peso de la resolución de la Supercom contra diario El Mercurio pretende descansar sobre un supuesto análisis de lenguaje.

Causa gracia: Zamora, negado totalmente para la gramática (la más elemental de las estructuras), se atreve con la semántica. Hay que tener jeta. Interpreta el valor del signo de puntuación utilizado, analiza el modo de los verbos y cómo éste influye en la percepción de los mensajes, dispara teorías sobre “la pragmática lingüística”, reflexiona sobre el contenido en cuanto “unidad de veracidad”, aventura hipótesis sobre la forma como “la información se constituye en episteme” y conjuga todo eso con la correspondiente lectura jurídica de la Ley de Comunicación a la luz de lo que llama “la doctrina” del periodismo. Por supuesto no se entiende nada. Las alturas conceptuales que pretende no bastan para elevarlo del nivel reptante en que discurre su análisis. Como cuando dice que “la veracidad, la relevancia pública y el pluralismo con el cual se maneje el bien público información, es clave para la formación de una opinión pública libre y protegida, contribuyendo así a la formación de una democracia plena; veracidad que implica no solo la verificación de los hechos difundidos, sino integralmente, que la información en todos sus elementos llegue al destinatario de tal forma que el ejercicio de su derecho se subsuma a la garantía de libertad de información en su dimensión de acceso”. Ni más ni menos que un disparate en su dimensión de jerigonza.

En eso consiste la semiótica de intendencia del correísmo: en un complicado aparataje conceptual lleno de elucubraciones epistemológicas y citas eruditas absolutamente vacías de significado cuyo objetivo es dotar de coartada teórica a la decisión que ya está tomada desde el primer momento. Exactamente desde el momento en que el partido de gobierno moviliza a sus militantes (en este casopersonas afines a la gobernación del Azuay y a las oficinas regionales del MIES) para que presenten una denuncia. Cualquier persona medianamente experimentada en la lectura de resoluciones de la Supercom sabe bien que las farragosas demostraciones esgrimidas por los jueces siempre conducen de vuelta al punto de partida, a saber: a los argumentos del abogado de la parte demandante.

Los de este caso son de risa. Ante la inobjetable evidencia de que los damnificados del terremoto en Manabí y Esmeraldas piden agua (de hecho la vienen pidiendo desde antes del sismo), se centran en el segundo sintagma del título cuestionado: Correa sube el IVA. Sostiene el abogado acusador (luego el juez, Luis Enrique Zamora, repetirá punto por punto este argumento) que es la Asamblea Nacional y no el presidente de la República quien tiene la potestad de subir el IVA. Y que, como a la fecha de publicación de la nota de El Mercurio esa decisión no había sido todavía refrendada en la Asamblea, el titular mentía por partida doble, con lo cual –por favor tomen asiento, péguense un Valium– “podría generar en la población zozobra, intranquilidad, incertidumbre, alarma y pánico”.

Se agradece a la Supercom este reconocimiento expreso (el único proveniente de un organismo oficial) de que el incremento de impuestos tiene a la población con los nervios destrozados. Con igual sinceridad debería reconocer que la dependencia de la Función Legislativa, demostrada con cien mil antecedentes, no daba para imaginar que la propuesta del Ejecutivo terminaría siendo rechazada por la Asamblea. ¿Hay alguien en el Ecuador que crea remotamente que las decisiones no las toma Rafael Correa? ¿Debe el periodismo dar cuenta de las formalidades administrativas y no de las realidades políticas? Hasta El Telégrafo, con toda razón, dio por hecho el incremento del IVA antes de que se empezara a discutir siquiera en la Asamblea y atribuyó esa decisión al Ejecutivo, sólo que al diario correísta no hubo quien lo demandara. En todo caso, una vez aprobado el incremento, quizá sería tiempo de que la Supercom se disculpara con El Mercurio por la resolución tomada.

Gente pide agua; Correa sube el IVA es un título legítimo. Los dos hechos que recoge son periodísticamente verificables y no necesitan ser contrastados de ninguna forma: están a la vista de todo el mundo. ¿Es un título con intención? Claro que sí. ¿Valorativo? Por supuesto. ¿Editorial? No más que el título Força Dilma, publicado en primera página de El Telégrafo al día siguiente de la suspensión de la presidenta brasileña, con el agravante de que El Telégrafo dice ser un diario público, es decir, está obligado por su naturaleza a ser un diario de todos y no debería permitirse esos arrebatos ideológicos que lo convierten en el diario de un partido. El Mercurio no tiene esa restricción. El título Gente pide agua; Correa sube el IVA no sólo recoge los hechos objeto de la noticia sino que, con el simple procedimiento de poner uno junto al otro, propone una lectura política sobre ellos. Es obvio que esa lectura política no va a ser del agrado de todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Al fin y al cabo, la esfera pública es el lugar donde convergen los que piensan diferente, ¿o no? El correísmo cree que puede existir una versión única de los hechos: la suya. Y quiere un periodismo notarial que se limite a reproducir fielmente sus boletines. Eso le garantizaría la impunidad suficiente para continuar haciendo propaganda a sus anchas en sus propios medios. Por fortuna todavía quedan muchos periodistas convencidos de que la interpretación y la valoración de las noticias no sólo son un derecho sino un deber en este oficio.