lunes, 9 de mayo de 2016

40 corporaciones ecuatorianas contrataron bufetes panameños


EL TELÉGRAFO tuvo acceso a documentos en los que se revelan transferencias entre sociedades ecuatorianas y firmas consultoras como Morgan & Morgan; Galindo Arias y López; Arias, Fábrega & Fábrega; Sucre, Arias & Reyes Intl INC, y Mossack Fonseca, estudios jurídicos conocidos por crear empresas offshore. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil es miembro del directorio de una firma panameña. Unidad de Investigación 40 grupos económicos ecuatorianos  realizaron transferencias de pago con 5 estudios jurídicos panameños, reconocidos para el registro internacional de sociedades offshore en paraísos fiscales. Diario EL TELÉGRAFO tuvo acceso a documentos en los que, de acuerdo a las transferencias enviadas por las sociedades, se identifican firmas consultoras como Morgan & Morgan; Galindo Arias y López; Arias, Fábrega & Fábrega; Sucre, Arias & Reyes Intl INC y Mossack Fonseca. Con este último más del 50% de 40 grupos económicos realizaron alguna transacción financiera, convirtiéndolo en el predilecto por las corporaciones ecuatorianas que figuran en la lista sin distinción de actividad económica. Se pueden identificar a almacenes Juan ElJuri, KFC, Hotel Colón, Holcim y medios de comunicación como Ecuavisa y Grupo El Comercio (ver gráfico). A raíz de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), denominada ‘Panamá papers’, Mossack Fonseca se encuentra en el foco de la atención y ahora advierte con tomar acciones legales en contra del consorcio en el caso de que hoy publiquen nuevos documentos. La firma le insta a “desistir” de publicar intégramente la base de datos que expondrá a más de 200.000 empresas de pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales “desde Hong Kong hasta Nevada, en Estados Unidos”. Según datos públicos del Servicio de Rentas Internas (SRI), el 77% de las empresas tiene al menos un accionista domiciliado en el extranjero, de ese porcentaje el 20% está en los paraísos fiscales, es decir alrededor de $ 4.100 millones reposan en esos territorios. Y de ese universo, el 60% se encuentra en Panamá, es decir alrededor de $ 2.444’039.550. Implicados con firmas panameñas Uno de ellos es Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien consta como miembro del directorio de la compañía Banisi S.A., registrada en Panamá con el agente Sucre, Arias & Reyes. Junto a Arosemena está el vocero del movimiento político Creando Oportunidades (CREO), Aparicio Caicedo, y entre sus directivos están los hijos del presidenciable Guillermo Lasso, quien también consta como presidente en una firma similar inscrita como Banisi Holding S.A. en 2012. Tanto Arosemena como Lasso administran la Fundación Ecuador Libre, la cual transfirió $ 31.250 a CREO en 2013. Este diario publicó el mes pasado algunos nombres de funcionarios públicos y de sus familiares que tienen nexos con empresas constituidas en Panamá, país considerado por el SRI como paraíso fiscal. En esa línea este y futuros reportajes forman parte de una segunda fase de investigación de ecuatorianos relacionados a empresas offshore. De acuerdo a versiones de la prensa local, un exempleado público, Álex Bravo, antiguo gerente general de Petroecuador, habría negociado con la empresa Arkdale Investments Limited, domiciliada en Bahamas y habría constituido la panameña Girbra S.A. El beneficiario de la inscrita en Bahamas, otro régimen fiscal preferente, sería Juan Baquerizo Escobar, accionista y representante legal de la empresa ecuatoriana Oil Services & Solutions S.A. (OSS), la cual habría obtenido 15 contratos de Petroecuador por un monto total de $ 30,3 millones. Bravo fue designado como gerente de la petrolera estatal el 18 de noviembre del año pasado en reemplazo de Carlos Pareja Yannuzzelli, quien, a su vez, renunció a su cargo como ministro de Hidrocarburos la semana pasada. Diario EL TELÉGRAFO intentó comunicarse con Bravo para confirmar esta información pero la solicitud de entrevista no fue atendida. Lo mismo sucedió con la vicedirectora del ICIJ, Marina Walker, y los periodistas ecuatorianos de El Comercio y El Universo que forman parte de una de las filtraciones más grandes de la historia. No obstante, este último diario guayaquileño confirmó el sábado pasado haber contratado con el mismo Mossack Fonseca para crear la firma Yellow Tide Marine S.A. en Panamá hace 5 años (ver subnota). Ayer en su editorial instó a las autoridades correspondientes a “¡Actuar ya! en lo relacionado al supuesto enriquecimiento ilícito de funcionarios de Petroecuador. El viernes pasado el diario argentino La Nación publicó una carta de la fuente anónima de los ‘Panamá papers’. Allí aclaró que “no trabaja para ningún  gobierno o agencia de inteligencia”. (I) El Universo  admite relación con Mossack Fonseca En un remitido a la ciudadanía publicado el sábado pasado en las páginas de diario El Universo, sus directivos reconocieron tener la empresa Yellow Tide Marine S.A. en Panamá, registrada con la firma Mossack Fonseca. De acuerdo con la publicación, los hermanos Carlos y César Pérez Barriga justifican la adquisición de esta sociedad, en comunión con Nicolás Pérez Lapentti, para poder “gestionar, obtener y canalizar créditos con un grupo de bancos internacionales que les permitiera enfrentar la contingencia económica derivada del juicio iniciado por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en contra de la C.A. El Universo y sus accionistas”. Los Pérez aseguran que Yellow Tine Marine S.A. nunca ha tenido cuentas bancarias, sin embargo admiten que la vinculación con la firma jurídica panameña, realizada en agosto de 2011, se suscribió con el monto de $ 400 y autorizados $ 10.000. Finalmente señalan que en febrero de 2012, cuando el presidente Correa los absolvió de la condena “nunca se llegó a perfeccionar esta operación crediticia”. El 22 de marzo de 2011 Correa presentó una demanda penal en contra de C.A. EL UNIVERSO, sus directivos los hermanos Pérez Barriga y Pérez Lapentti en calidad de subdirector, por supuesta responsabilidad coadyuvante; y al editor de Opinión, Emilio Palacio, por su columna ‘No a las mentiras‘ en la que asegura que el Presidente ordenó disparar contra civiles en el 30S. (I)

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