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Jaime Alberto López es director de PROBIDAD, institución cívica centroamericana cuya misión es contribuir a la erradicación de prácticas corruptas en América Latina. López se ha dedicado desde 1994 al estudio y promoción de medidas anticorrupción, particularmente en temas de conceptualización de la corrupción, derecho a la información, presupuestos públicos, periodismo investigativo y uso de la Internet como herramienta de transparencia. Ha escrito numerosos trabajos y ha trabajado acompañando a múltiples instituciones en la mayoría de países de América Latina. Su formación académica es en sistemas y tecnologías de la Información. Este importante funcionario de PROBIDAD ha sido entrevistado en forma exclusiva por «El Observador».
Libertad de Expresión Violentada
 El Observador: ¿Cuál es su evaluación sobre la situación de la Libertad de Expresión en América Latina?.
Jaime López: La Libertad de Expresión en América Latina sigue siendo una área crítica. Es constantemente violentada a través de agresiones contra periodistas, restricciones a la libertad de los medios, autocensuras, procesos judiciales y recortes a la publicidad, entre otras acciones.
El O.: ¿De qué formas, más comúnmente, se atenta contra la Libertad de Expresión en América Latina?
J. L.: Las formas más comunes son las restricciones de acceso a la información pública, las agresiones físicas y los procesos judiciales. El caso extremo de agresiones es Colombia, en donde este año han sido asesinados 7 periodistas, mientras que en procesos judiciales se destaca Panamá, en donde aproximadamente un 40 e los periodistas activos enfrentan querrellas por presuntos agravios contra el honor.
El O.: ¿Cuántas denuncias de atentados a la Libertad de Expresión por parte de autoridades latinoamericanas, ha recibido PROBIDAD en los últimos tiempos?
J. L.: Durante el año 2003 hemos registrado 143 casos de agresiones contra periodistas en reacción a investigaciones o reportajes sobre hechos de corrupción. Hay que tener presente que esta cifra está subestimada pues hay muchos casos que no se reportan, principalmente por el temor de los periodistas a nuevas agresiones.
El O.: ¿ Conoce Usted cuántos periodistas han sido enjuiciados en este año 2003 por denunciar actos de corrupción en los gobiernos latinoamericanos?
J. L.: Aún no hemos terminado de procesar las estadísticas para el año 2003 y no tengo el dato aún. Sin embargo, puedo ofrecer los datos del año 2002, cuando el total de procesos judiciales ascendió a 58, y por lo menos hasta el 30 de abril de este año llevábamos ya 11 casos contabilizados.
El O.: ¿Qué piensa PROBIDAD de los periodistas asesinados por ejercer su labor periodística?.
J. L.: Es la más aberrante forma de silenciar a los periodistas. Esto muestra que en América Latina aún los asesinatos siguen siendo una opción para quitar del camino a quienes interfieren con los grupos de poder y que la intolerancia aún se sigue expresando en formas tan violentas como la muerte.
El O.: ¿Cuáles son las regiones en donde existe mayor riesgo para la vida de los periodistas?.
J. L.: Definitivamente, Colombia es en donde más periodistas son asesinados cada año a causa de la mezcla tan perversa de narcotráfico, corrupción y guerra. Sin embargo en cualquier país puede ser asesinado un periodista de un momento a otro. En noviembre fue asesinado un periodista en Honduras, algo que no había sido visto en ese país durante décadas. Otros periodistas han sido asesinados en el Brasil, Guatemala y la República Dominicana.
El O.: ¿Qué acciones toma PROBIDAD para proteger el ejercicio de la actividad de los periodistas en riesgo de perder sus vidas?.
J. L.: En primer lugar, demandamos de las instituciones de defensa de los derechos humanos y de las autoridades de seguridad pública que dispongan protección para los periodistas amenazados y sus grupos familiares. Luego, monitoreamos la respuesta de las autoridades y alertamos a las organizaciones internacionales sobre los resultados.
El O.: ¿Cómo evalúa PROBIDAD, la Libertad de Expresión en el Ecuador?
J. L.: Durante el último año ha sufrido un deterioro muy preocupante. El problema básicamente radica en la conducta autoritaria - populista del gobierno y muchas de las autoridades locales que ven en la prensa a un estorbo. Si bien es cierto, no se han dado agresiones graves como en otros países, la tendencia sí es alarmante.
El O.: En el Ecuador, el Presidente Lucio Gutiérrez intentaba hace unos meses, crear una ley mordaza para limitar la Libertad de Expresión. ¿Qué le parece?.
J. L.: La característica de los mandatarios con desviaciones autoritarias populistas, es que quieren que la prensa hable sobre los temas que ellos desean y con los enfoques que consideran apropiados. La información que no satisface estos criterios y que es crítica a sus gobiernos, la consideran difamatoria, calumniosa, motivada por intereses oscuros, parcializada, etc. De allí surgen los intentos para limitar tales informaciones críticas a través de leyes anti-prensa. Las declaraciones que dio el presidente Gutiérrez sobre la creación de una ley para sancionar «la calumnia, la mentira y el chisme» son , precisamente, acciones en esa dirección. Afortunadamente, hasta ahora ha habido un buen nivel de respuesta de la prensa y otros sectores para detener acciones como las anunciadas por el presidente Gutiérrez, pero se requiere de una vigilancia constante pues son medidas que pueden aplicarse de un momento a otro.
El O.: Un periodista ecuatoriano, articulista de Diario «El Comercio» de la capital de la República, Quito, fue condenado a seis meses de prisión por haber denunciado la corrupción en el poder político y económico. Tras una apelación, la Sala VI de la Corte Suprema de Justicia vuelve a confirmar la sentencia pero reduciendo la pena a un mes de reclusión. Un comentario, por favor.
J. L.: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra del encarcelamiento de periodistas a causa de las informaciones que hayan difundido. Los países que siguen encarcelando periodistas están violentando la Libertad de Expresión no sólo de los procesados, sino del público en general. Cuando un periodista es encarcelado o procesado penalmente como un delincuente común, se genera un efecto de temor en otros periodistas y en el público y los inhibe de hacer denuncias o revelar hechos irregulares.
El O.: El juicio fue instaurado por un ex - presidente de la República (León Febres Cordero) a quien se le acusa de controlar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cree Usted que la Justicia politizada es un grave peligro para el ejercicio de la Libertad de Prensa?.
J. L.: Definitivamente, la Justicia cuando está politizada es una amenaza a la Libertad de Expresión y a la democracia misma. Lamentablemente los sistemas judiciales siguen siendo las áreas más débiles de la institucionalidad de los países latinoamericanos. Sin embargo, hay que aclarar que, muchas veces, las resoluciones judiciales contra la Libertad de Expresión no están motivadas exclusivamente en fines politizados, sino en un patrón autoritario que hemos heredado en el que el secreto y la no rendición de cuentas de los funcionarios prevalece sobre el derecho del público a estar informado.
El O.: Hemos sido demandados por el Alcalde de Cuenca, Fernando Cordero, por supuesto «Daño Moral» pues considera que su personalidad ha sido afectada por las denuncias presentadas sobre su administración. ¿Qué opinión tiene PROBIDAD sobre este caso?.
J. L.: Definitivamente lo consideramos como un agravio a la Libertad de Expresión. Lo que ha sido difundido en "El Observador" son denuncias de irregularidades y lo que corresponde a cualquier funcionario, si actuara correctamente, es presentar ante el público las evidencias o hechos que expliquen o solventen tales denuncias. El hecho de demandar a un periodista o a un medio de comunicación, independientemente de los argumentos que se utilicen, sólo tiene el propósito de silenciar dicha expresión y parar las denuncias.
El O.: ¿Cree Usted que este caso puede ser considerado como una persecución por parte del burgomaestre de Cuenca a la Libertad de Expresión?.
J. L.: En efecto, el proceder judicialmente contra la prensa es un agravio a la Libertad de Expresión. Como mencioné, nosotros consideramos que la actitud correcta de los funcionarios, en lugar de perseguir a los periodistas, es dar cuentas ante el público sobre los hechos que han sido denunciados, ese es su deber con la transparencia.
El O.: ¿Cree que en este caso se atenta al Libre Ejercicio del periodismo y se violan los Derechos Humanos?.
J. L.: Más allá de los derechos de los periodistas o de los medios, la persecución contra la prensa afecta el derecho del público a recibir información y a seleccionar las fuentes de la misma, libremente. Una querella entre autoridades y periodistas por presuntos agravios contra el honor no es un asunto exclusivo de dos partes, hay receptores de la información que resultan afectados y son víctimas cuando el proceso conlleva a una restricción de la Libertad de Expresión.
la actitud correcta de los funcionarios, en lugar de
perseguir a los periodistas, es dar cuentas ante el público sobre los hechos que han sido denunciados, ese es su deber con la transparencia.
El O.: ¿Conoce PROBIDAD, casos parecidos en que periodistas hayan sido enjuiciados por «Daño Moral» y que escondan una persecución a quienes denuncian actos de corrupción?.
J. L.: Por supuesto, hay muchos casos y de hecho es una de las formas más frecuentes que utilizan los funcionarios públicos para tratar de silenciar a la prensa. En la mayoría de países latinoamericanos, los agravios contra el honor aún se procesan por la vía penal y existen otras tipificaciones exclusivas para proteger a funcionarios, como la del desacato. Al respecto, es importante citar la Declaración de principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamerica-na de Derechos Humanos, en la cual se establece que: «Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias, el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.»
El O.: Ante casos de esta naturaleza, ¿cuál es la labor de PROBIDAD como garantía para proteger la Libertad de Expresión de los periodistas?.
J. L.: Con respecto al caso puntual, lo denunciamos a nivel internacional y además tratamos de interceder ante las autoridades para que el caso sea procesado o manejado conforme los estándares internacionales de derechos humanos, como lo es la Declaración citada en la pregunta anterior. Cuando se trata de procesos penales contra periodistas, procuramos que los casos sean desestimados o que se resuelvan con exoneraciones.
A su vez, promovemos el respeto al derecho de respuesta como el principal mecanismo para que quienes se sientan agraviados en su honor puedan presentar al público su versión de los hechos de los que han sido denunciados.
El O.: ¿Hasta qué punto, la presencia dePROBIDAD en América Latina ha contribuido para que la actividad periodística y las garantías a la Libertad de Expresión no sean afectadas en la región?.
J. L.: PROBIDAD es solamente una pieza más de un extenso movimiento para promover y defender la Libertad de Expresión. La acción colectiva de instituciones internacionales, organizaciones locales, medios de comunicación y periodistas independientes, es lo que está produciendo cambios en favor de la Libertad de Expresión. Un ejemplo de tal movimiento son las leyes de libre acceso a la información pública que están siendo aprobadas o en discusión en varios países, incluyendo el Ecuador.
El O.: Un mensaje a las autoridades y a los lectores de nuestra publicación.
J. L.: Uno de los principales problemas que sufren los países latinoamericanos es el de la corrupción. La prensa y la vigilancia social son vitales para contrarrestar este flagelo; pero para ello se requiere de una plena Libertad de Expresión. Cualquier intento para restringir dicha libertad es a su vez, y de manera ineludible, una acción de encubrimiento de las prácticas corruptas.
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