Los secretos financieros de los jueces constitucionales
Redacción La Fuente y Milhojas.is
A puertas de que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T) conozca un informe de la evaluación a los jueces de la Corte Constitucional, que podría devenir en el cese anticipado de todos sus magistrados -y en medio de una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado- el alto organismo de control constitucional pretendió limpiar su historial con un sospresivo fallo que echó abajo las cuestionadas enmiendas constitucionales aprobadas por la misma magistratura durante el gobierno de Rafael Correa.
La Fiscalía General del Estado, basada en informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), inició, en junio de este año, indagaciones previas por presunto delito de lavado de activos, en contra de varios magistrados y funcionarios de la Corte Constitucional (CC).
Información revisada por este medio, indica que, en los movimientos financieros de los investigados, se encontraron “operaciones inusuales e injustificadas”, como “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes, “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”, “pagos de cheques sin registro de beneficiario”, “depósitos significativos” de ordenantes no identificados o envíos de dinero a paraísos fiscales.
Los jueces investigados son: Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Pamela Martínez Loayza, Marien Segura Reascos, Alfredo Ruíz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Tatiana Ordeñana Sierra, Manuel Olvera Maldonado y Antonio Gagliardo Loor.
Una de las indagaciones previas, signada con el número 170101818061503 apunta al magistrado Manuel Viteri Olvera, por la misma razón. Una segunda indagación previa con registro 170101818061405 señala a la jueza Emma Roxana Silva Chicaiza.
Los jueces bajo sospecha
Francisco Butiñá Martínez: “militante activo” de Alianza País, como él mismo se define, es juez de la Corte Constitucional desde el 5 de noviembre de 2015. Estuvo a cargo de del pedido de referéndum impulsado por el colectivo Rafael Contigo Siempre, que buscaba la reelección indefinida del ex presidente Rafael Correa. Butiñá Martínez dio paso al proceso de recolección de firmas en favor de la reelección de Correa.
Francisco Butiñá tiene una extensa carrera laboral dentro del gobierno correísta: fue asesor de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, del Ministerio del Deporte y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
En 2006, fue gerente general de la empresa Adextelecom S.A., que registra 12 participaciones en el Servicio de Compras Públicas (Sercop) y una adjudicación por USD 45.000,00 con la Empresa Pública de Transporte de Guayaquil.
Sus movimientos financieros indican que, entre 2012 y 2018, tuvo ingresos totales por aproximadamente USD 452.000 mil dólares, de esta cifra USD 281 mil dólares corresponden a depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes. En 2010, hizo una transferencia al paraíso fiscal de Namibia, por USD 514,00.
Según la Superintendencia de Compañías registra participación accionaria y administrativa en las empresas Adextelecom S.A. (gerente general), Smiths Heiman Gmbh (apoderado), Operatec Operaciones Técnicas S.A. (accionista), Alcestis S.A. (gerente general) y Divanca S.A (accionista). Es dueño de dos inmuebles en Guayaquil.
El valor más alto, pagado por impuesto a la renta, lo registró en 2016 y 2017, con USD 7.238,00 y USD 6.249,00 respectivamente. En 2015, declaró 0 dólares y en 2014, USD 295,09.
Su círculo cercano lo integran Alfredo Alvarado, registrador mercantil del Loja, Isidro Guamán, experto constitucional, Ximena Loyo, Vladimir Bazante, experto constitucional, el abogado Pablo Sevilla, Jairo Escobar, experto constitucional jurisdiccional y Pablo Alarcón Peña, hijo del ex presidente de la República Fabián Alarcón Rivera.
Wendy Molina Andrade: jueza constitucional desde 2012. En ocho años (2010-2018) tuvo ingresos por 446.108,00. Los principales ordenantes de pagos son la cuenta del Ministerio de Economía, el Fondo de Capitalización del Biess y Carranza Barona Juan, seguido por depósitos que “no registran ordenantes”.
De los egresos totales, según la información revisada por este medio, USD 231.000 se deben a “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”.
A su nombre aparecen dos bienes inmuebles, con un avalúo municipal de USD 1.1 millón de dólares. Además, registra entradas de divisas desde Panamá en su cuenta bancaria, de “ordenante desconocido”, por USD 22.590,00 en el año 2010.
En 2010, fue asesora del entonces presidente de la CC presidente Patricio Pazmiño. Trabajó en la Procuraduría General del Estado y en el Ministerio del Ambiente.
En su círculo de confianza figura Ernesto Pazmiño Chávez, hijo del ex presidente de la Corte Constitucional y actual miembro de la Corte IDH, Patricio Pazmiño. También forma parte de sus allegado, Pablo Alarcón.
Pamela Martínez Loayza: jueza desde noviembre de 2015. Entre 2010 y 2015, fue asesora del despacho presidencial y expresidenta de la extinta Comisión de Calificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2012 a 2013. Su hermano Jorge Martínez desempeña el cargo de asesor en la Presidencia.
Sus ingresos totales sumaron USD 399.753, compuestos en su mayoría por transferencias recibidas del Ministerio de Economía, y de cuentas propias, seguido de “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes por USD 59.744”. Entre 2012 y 2015, recibió transferencias por USD 3.000 del entonces cónsul del Ministerio de Relaciones Exteriores en Murcia, Gustavo Mateus.
Los egresos, por su parte, alcanzaron los USD 40.835, de ese valor USD 5.395 corresponden al “pago de cheque sin registro de beneficiario”. A su nombre constan dos inmuebles en Quito, avaluados en USD 96.401.
Según la información revisada por este portal, registra transferencias a paraísos fiscales por USD 823,00 entre 2014 y 2017. Varias fuentes señalan que, en 2015, junto a su esposo Jimmy Salazar, dirigió el programa de televisión “Es de justicia”, que se transmitía todos los domingos por TC Televisión, espacio que fue aprovechado para hacer “proselitismo político en favor del expresidente Correa”.
Su entorno más cercano lo conforman su esposo y presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jimmy Salazar, además de Daniel Burneo, experto constitucional y Héctor Carrera, actuario de la Corte Constitucional. También aparece relacionada con el ex Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera Giler, del estudio Romero & Menéndez.
Marien Segura Reascos: llegó a la Corte Constitucional en 2016, luego de ser postulada por el expresidente Correa, para ese cargo.
Sus movimientos financieros indican que, entre 2010 y 2018, tuvo un ingreso total que alcanzó los USD 410.703, de esa suma, USD 51.775 corresponden a depósitos en efectivo y cheques “que no registran ordenantes”. De sus egresos (USD 108.744), USD 4.200 pertenecen a un pago hecho a Martha Durango, tesorera de la Secretaría Técnica Plan Ecuador.
En junio de 2017, Amparo Gómez, expareja de Ricardo Rivera, acusó a Segura, de cumplir “una consigna”, mientras fue Jueza de la Niñez y Adolescencia, “ella me tuvo 4 años sin pensión alimenticia, sin un centavo”, dijo refiriéndose al juicio de alimentos que planteó en contra de Rivera.
Es cercana a Francisco Albuja, experto constitucional, Miguel Tapia, experto constitucional jurisdiccional y Mariana González, actuaria de la CC.
Alfredo Ruíz Guzmán: presidente de la Corte Constitucional desde noviembre de 2015. Sus ingresos totales, de los años 2010 a 2018, suman USD 161.962, de este rubro, USD 24.880 corresponden a “depósitos y cheques que no registran ordenantes”. La información revisada por este medio, señala que “no se evidencia los ingresos por relación de dependencia en sus cuentas de ingresos, así como tampoco se reflejan los pagos a proveedores en sus cuentas de egresos, por cuanto se presume dispone de cuentas en otras entidades financieras (cooperativa, sociedades financieras)”. Los egresos totales ascienden a USD 42. 097, “compuestos únicamente por pago de tarjetas de crédito por USD 42.097, entre 2012 y 2017”. Registra dos bienes inmuebles en Guayaquil, avaluados en USD 149.713.
Su círculo de trabajo lo integran: Pablo Alarcón Peña, Pamela Aguirre Castro, ex secretaria técnica jurisdiccional, Carlos Aguirre, experto constitucional, Pedro Alarcón, experto constitucional, Carlos Villacreses Pincay, coordinador del despacho institucional, Jaime Pozo, secretario general, Freddy Villagrán, experto constitucional jurisdiccional; todos funcionarios de la Corte Constitucional. Igualmente, está relacionado con Alexis Mera Giler. Tambien figura como cercano Ivolé Zurita, registrador de la propiedad de Guayaquil.
Ruth Seni Pinoargote: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Registra obligaciones pendientes ante el Servicio de Rentas Internas como declaración de impuesto a la renta de los años 2015 y 2016 y anexo de gastos personales, año 2015 y 2016. Su hijo, Luis Cevallos Seni, registra participación en dos empresas: Seniconstructora S.A., y Constructora Eskala S.A., ésta última registra 32 participaciones en el Sercop y una adjudicación con el Municipio de Olmedo para mejoramiento de vías, por USD 247.447.
Sus ingresos totales, de 2010 a 2018, suman USD 600.529. De esa cantidad, USD 81.610 corresponden a “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes”. De los egresos totales (USD 110.358), USD 26.405 fueron pagados con cheques del Banco Bolivariano a beneficiario “sin registro”. A su nombre se encuentran registrados 28 bienes inmuebles y uno en Manta, por un avalúo total de USD 725.760.
Forman parte de su grupo de trabajo sus hijos Homero y David Cevalos Seni, Asdrubal Homero Granizo Haro, experto constitucional, Victor Hugo Holguín Cárdenas, coordinador del despacho institucional y Nelson Alejandro Enríquez Caicedo, experto constitucional, funcionarios de la CC.
Tatiana Ordeñana Sierra: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Entre 2010 y 2013 fue consejera en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
De 2010 a 2018, sus ingresos alcanzaron los USD 830.979, por transferencias recibidas que suman los USD 548 mil dólares; y de cuentas propias (USD 32.000); además de depósitos en efectivo y cheques recibidos “que no registran ordenantes” por USD 147.717.
Los egresos totales suman USD 334.919. De esta suma, USD 206.600 mil corresponden a transferencias enviadas, entre 2012 y 2018, al Fideicomiso Catalina Aldaz, “a más de un beneficiario” y a cuentas propias, “cabe mencionar que envió a más de un beneficiario y cuentas propias USD 40.366 a Estados Unidos entre 2016 y 2017”. “Los ingresos registrados en sus cuentas son superiores en relación a su facturación y relación de dependencia (…), registra transferencias de más de un ordenante por más de medio millón de dólares”, dicen los documentos revisados por este medio. A nombre de Ordeñana constan seis bienes inmuebles: cinco en Quito y uno en Guayaquil, cuyo avalúo total es de USD 508.642.
El círculo cercano de Tatiana Ordeñana lo integran: Alvaro Diego Contreras, coordinador constitucional, Pamela Lizeth Barrionuevo Soto, experta constitucional y el abogado Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.
Manuel Viteri Olvera: juez constitucional desde 2012. El Sistema Migratorio Ecuatoriano, registra una alerta de la Interpol en contra de Olvera.
Los movimientos financieros indican que, desde 2012 a 2018, sus ingresos sumaron USD 553.405, por transferencias de USD 297.035 recibidas entre 2012 y 2016, “siendo sus principales ordenantes no identificados”, también recibió cheques y depósitos en efectivo que “no registran ordenantes” por USD 254.664.
Tuvo egresos totales por USD 367.339, compuestos en su mayoría por cheques del exterior, que sumaron USD 335.906, de 2012 a 2017, “siendo los principales beneficiarios no identificados, con registro a los cuales realizó envíos de dinero hacia Estados Unidos por USD 314. 950, en 2017 y al paraíso fiscal africano de Namibia por USD 20.956, en 2012; además de retiros por USD 6.108 y emisión de cheques a beneficiarios no identificados. En 2017, registró un impuesto a la salida de divisas por USD 15.051,25.
Su hija, Martha Viteri Thompson es funcionaria del Consejo de la Judicatura y su hijo Manuel Viteri fue funcionario en esa misma entidad entre 2009 y 2011.
El circulo de Viteri, está integrado por su hijo Manuel Viteri Thompson, el abogado Nicolas Castro Patiño, Raúl Renato Cedeño Bonilla, experto constitucional funcionario de la Corte y Alfredo Isidro Guamán Bagua, también funcionario de la CC.
Roxana Silva Chicaiza: jueza constitucional desde noviembre de 2015. Sus datos financieros, según la información revisada por este medio, indican que, entre 2010 y 2018, sus ingresos totales alcanzaron los USD 795.598, “siendo sus principales ordenantes: más de un ordenante por USD 236. 305, cuentas propias por USD 169.842 y Multianalytica Cía Ltda por USD 32.004, seguido por depósitos en efectivo y cheques que recibió por USD 321.766 de ordenantes no identificados y venta de divisas”.
Sus egresos sumaron USD 686.135. De éstos, USD 363.842 fueron transferidos, entre 2012 y 2018, a Banco Pichincha, a José Silva Tutiven, cuentas propias. En enero de este año, emitió un “cheque de gerencia a favor de Nelson Moncayo Cadena por USD 206.500 quien registra como actividad económica actividades de ingeniería civil”.
Según datos de la Superintendencia de Compañías, es accionista de Cervecería Nacional con el 0,0002% de participación. A su nombre constan ocho bienes: seis en Quito y dos en Guayaquil, cuyo avalúo total aproximado es de USD 1.1 millón de dólares.
A puertas de que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T) conozca un informe de la evaluación a los jueces de la Corte Constitucional, que podría devenir en el cese anticipado de todos sus magistrados -y en medio de una investigación penal abierta por la Fiscalía General del Estado- el alto organismo de control constitucional pretendió limpiar su historial con un sospresivo fallo que echó abajo las cuestionadas enmiendas constitucionales aprobadas por la misma magistratura durante el gobierno de Rafael Correa.
La Fiscalía General del Estado, basada en informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), inició, en junio de este año, indagaciones previas por presunto delito de lavado de activos, en contra de varios magistrados y funcionarios de la Corte Constitucional (CC).
Información revisada por este medio, indica que, en los movimientos financieros de los investigados, se encontraron “operaciones inusuales e injustificadas”, como “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes, “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”, “pagos de cheques sin registro de beneficiario”, “depósitos significativos” de ordenantes no identificados o envíos de dinero a paraísos fiscales.
Los jueces investigados son: Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Pamela Martínez Loayza, Marien Segura Reascos, Alfredo Ruíz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Tatiana Ordeñana Sierra, Manuel Olvera Maldonado y Antonio Gagliardo Loor.
Una de las indagaciones previas, signada con el número 170101818061503 apunta al magistrado Manuel Viteri Olvera, por la misma razón. Una segunda indagación previa con registro 170101818061405 señala a la jueza Emma Roxana Silva Chicaiza.
Los jueces bajo sospecha
Francisco Butiñá Martínez: “militante activo” de Alianza País, como él mismo se define, es juez de la Corte Constitucional desde el 5 de noviembre de 2015. Estuvo a cargo de del pedido de referéndum impulsado por el colectivo Rafael Contigo Siempre, que buscaba la reelección indefinida del ex presidente Rafael Correa. Butiñá Martínez dio paso al proceso de recolección de firmas en favor de la reelección de Correa.
Francisco Butiñá tiene una extensa carrera laboral dentro del gobierno correísta: fue asesor de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, del Ministerio del Deporte y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
En 2006, fue gerente general de la empresa Adextelecom S.A., que registra 12 participaciones en el Servicio de Compras Públicas (Sercop) y una adjudicación por USD 45.000,00 con la Empresa Pública de Transporte de Guayaquil.
Sus movimientos financieros indican que, entre 2012 y 2018, tuvo ingresos totales por aproximadamente USD 452.000 mil dólares, de esta cifra USD 281 mil dólares corresponden a depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes. En 2010, hizo una transferencia al paraíso fiscal de Namibia, por USD 514,00.
Según la Superintendencia de Compañías registra participación accionaria y administrativa en las empresas Adextelecom S.A. (gerente general), Smiths Heiman Gmbh (apoderado), Operatec Operaciones Técnicas S.A. (accionista), Alcestis S.A. (gerente general) y Divanca S.A (accionista). Es dueño de dos inmuebles en Guayaquil.
El valor más alto, pagado por impuesto a la renta, lo registró en 2016 y 2017, con USD 7.238,00 y USD 6.249,00 respectivamente. En 2015, declaró 0 dólares y en 2014, USD 295,09.
Su círculo cercano lo integran Alfredo Alvarado, registrador mercantil del Loja, Isidro Guamán, experto constitucional, Ximena Loyo, Vladimir Bazante, experto constitucional, el abogado Pablo Sevilla, Jairo Escobar, experto constitucional jurisdiccional y Pablo Alarcón Peña, hijo del ex presidente de la República Fabián Alarcón Rivera.
Wendy Molina Andrade: jueza constitucional desde 2012. En ocho años (2010-2018) tuvo ingresos por 446.108,00. Los principales ordenantes de pagos son la cuenta del Ministerio de Economía, el Fondo de Capitalización del Biess y Carranza Barona Juan, seguido por depósitos que “no registran ordenantes”.
De los egresos totales, según la información revisada por este medio, USD 231.000 se deben a “emisión de cheques de gerencia” hechas a un “beneficiario desconocido”.
A su nombre aparecen dos bienes inmuebles, con un avalúo municipal de USD 1.1 millón de dólares. Además, registra entradas de divisas desde Panamá en su cuenta bancaria, de “ordenante desconocido”, por USD 22.590,00 en el año 2010.
En 2010, fue asesora del entonces presidente de la CC presidente Patricio Pazmiño. Trabajó en la Procuraduría General del Estado y en el Ministerio del Ambiente.
En su círculo de confianza figura Ernesto Pazmiño Chávez, hijo del ex presidente de la Corte Constitucional y actual miembro de la Corte IDH, Patricio Pazmiño. También forma parte de sus allegado, Pablo Alarcón.
Pamela Martínez Loayza: jueza desde noviembre de 2015. Entre 2010 y 2015, fue asesora del despacho presidencial y expresidenta de la extinta Comisión de Calificación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2012 a 2013. Su hermano Jorge Martínez desempeña el cargo de asesor en la Presidencia.
Sus ingresos totales sumaron USD 399.753, compuestos en su mayoría por transferencias recibidas del Ministerio de Economía, y de cuentas propias, seguido de “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes por USD 59.744”. Entre 2012 y 2015, recibió transferencias por USD 3.000 del entonces cónsul del Ministerio de Relaciones Exteriores en Murcia, Gustavo Mateus.
Los egresos, por su parte, alcanzaron los USD 40.835, de ese valor USD 5.395 corresponden al “pago de cheque sin registro de beneficiario”. A su nombre constan dos inmuebles en Quito, avaluados en USD 96.401.
Según la información revisada por este portal, registra transferencias a paraísos fiscales por USD 823,00 entre 2014 y 2017. Varias fuentes señalan que, en 2015, junto a su esposo Jimmy Salazar, dirigió el programa de televisión “Es de justicia”, que se transmitía todos los domingos por TC Televisión, espacio que fue aprovechado para hacer “proselitismo político en favor del expresidente Correa”.
Su entorno más cercano lo conforman su esposo y presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jimmy Salazar, además de Daniel Burneo, experto constitucional y Héctor Carrera, actuario de la Corte Constitucional. También aparece relacionada con el ex Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera Giler, del estudio Romero & Menéndez.
Marien Segura Reascos: llegó a la Corte Constitucional en 2016, luego de ser postulada por el expresidente Correa, para ese cargo.
Sus movimientos financieros indican que, entre 2010 y 2018, tuvo un ingreso total que alcanzó los USD 410.703, de esa suma, USD 51.775 corresponden a depósitos en efectivo y cheques “que no registran ordenantes”. De sus egresos (USD 108.744), USD 4.200 pertenecen a un pago hecho a Martha Durango, tesorera de la Secretaría Técnica Plan Ecuador.
En junio de 2017, Amparo Gómez, expareja de Ricardo Rivera, acusó a Segura, de cumplir “una consigna”, mientras fue Jueza de la Niñez y Adolescencia, “ella me tuvo 4 años sin pensión alimenticia, sin un centavo”, dijo refiriéndose al juicio de alimentos que planteó en contra de Rivera.
Es cercana a Francisco Albuja, experto constitucional, Miguel Tapia, experto constitucional jurisdiccional y Mariana González, actuaria de la CC.
Alfredo Ruíz Guzmán: presidente de la Corte Constitucional desde noviembre de 2015. Sus ingresos totales, de los años 2010 a 2018, suman USD 161.962, de este rubro, USD 24.880 corresponden a “depósitos y cheques que no registran ordenantes”. La información revisada por este medio, señala que “no se evidencia los ingresos por relación de dependencia en sus cuentas de ingresos, así como tampoco se reflejan los pagos a proveedores en sus cuentas de egresos, por cuanto se presume dispone de cuentas en otras entidades financieras (cooperativa, sociedades financieras)”. Los egresos totales ascienden a USD 42. 097, “compuestos únicamente por pago de tarjetas de crédito por USD 42.097, entre 2012 y 2017”. Registra dos bienes inmuebles en Guayaquil, avaluados en USD 149.713.
Su círculo de trabajo lo integran: Pablo Alarcón Peña, Pamela Aguirre Castro, ex secretaria técnica jurisdiccional, Carlos Aguirre, experto constitucional, Pedro Alarcón, experto constitucional, Carlos Villacreses Pincay, coordinador del despacho institucional, Jaime Pozo, secretario general, Freddy Villagrán, experto constitucional jurisdiccional; todos funcionarios de la Corte Constitucional. Igualmente, está relacionado con Alexis Mera Giler. Tambien figura como cercano Ivolé Zurita, registrador de la propiedad de Guayaquil.
Ruth Seni Pinoargote: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Registra obligaciones pendientes ante el Servicio de Rentas Internas como declaración de impuesto a la renta de los años 2015 y 2016 y anexo de gastos personales, año 2015 y 2016. Su hijo, Luis Cevallos Seni, registra participación en dos empresas: Seniconstructora S.A., y Constructora Eskala S.A., ésta última registra 32 participaciones en el Sercop y una adjudicación con el Municipio de Olmedo para mejoramiento de vías, por USD 247.447.
Sus ingresos totales, de 2010 a 2018, suman USD 600.529. De esa cantidad, USD 81.610 corresponden a “depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes”. De los egresos totales (USD 110.358), USD 26.405 fueron pagados con cheques del Banco Bolivariano a beneficiario “sin registro”. A su nombre se encuentran registrados 28 bienes inmuebles y uno en Manta, por un avalúo total de USD 725.760.
Forman parte de su grupo de trabajo sus hijos Homero y David Cevalos Seni, Asdrubal Homero Granizo Haro, experto constitucional, Victor Hugo Holguín Cárdenas, coordinador del despacho institucional y Nelson Alejandro Enríquez Caicedo, experto constitucional, funcionarios de la CC.
Tatiana Ordeñana Sierra: jueza constitucional desde noviembre de 2012. Entre 2010 y 2013 fue consejera en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
De 2010 a 2018, sus ingresos alcanzaron los USD 830.979, por transferencias recibidas que suman los USD 548 mil dólares; y de cuentas propias (USD 32.000); además de depósitos en efectivo y cheques recibidos “que no registran ordenantes” por USD 147.717.
Los egresos totales suman USD 334.919. De esta suma, USD 206.600 mil corresponden a transferencias enviadas, entre 2012 y 2018, al Fideicomiso Catalina Aldaz, “a más de un beneficiario” y a cuentas propias, “cabe mencionar que envió a más de un beneficiario y cuentas propias USD 40.366 a Estados Unidos entre 2016 y 2017”. “Los ingresos registrados en sus cuentas son superiores en relación a su facturación y relación de dependencia (…), registra transferencias de más de un ordenante por más de medio millón de dólares”, dicen los documentos revisados por este medio. A nombre de Ordeñana constan seis bienes inmuebles: cinco en Quito y uno en Guayaquil, cuyo avalúo total es de USD 508.642.
El círculo cercano de Tatiana Ordeñana lo integran: Alvaro Diego Contreras, coordinador constitucional, Pamela Lizeth Barrionuevo Soto, experta constitucional y el abogado Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas.
Manuel Viteri Olvera: juez constitucional desde 2012. El Sistema Migratorio Ecuatoriano, registra una alerta de la Interpol en contra de Olvera.
Los movimientos financieros indican que, desde 2012 a 2018, sus ingresos sumaron USD 553.405, por transferencias de USD 297.035 recibidas entre 2012 y 2016, “siendo sus principales ordenantes no identificados”, también recibió cheques y depósitos en efectivo que “no registran ordenantes” por USD 254.664.
Tuvo egresos totales por USD 367.339, compuestos en su mayoría por cheques del exterior, que sumaron USD 335.906, de 2012 a 2017, “siendo los principales beneficiarios no identificados, con registro a los cuales realizó envíos de dinero hacia Estados Unidos por USD 314. 950, en 2017 y al paraíso fiscal africano de Namibia por USD 20.956, en 2012; además de retiros por USD 6.108 y emisión de cheques a beneficiarios no identificados. En 2017, registró un impuesto a la salida de divisas por USD 15.051,25.
Su hija, Martha Viteri Thompson es funcionaria del Consejo de la Judicatura y su hijo Manuel Viteri fue funcionario en esa misma entidad entre 2009 y 2011.
El circulo de Viteri, está integrado por su hijo Manuel Viteri Thompson, el abogado Nicolas Castro Patiño, Raúl Renato Cedeño Bonilla, experto constitucional funcionario de la Corte y Alfredo Isidro Guamán Bagua, también funcionario de la CC.
Roxana Silva Chicaiza: jueza constitucional desde noviembre de 2015. Sus datos financieros, según la información revisada por este medio, indican que, entre 2010 y 2018, sus ingresos totales alcanzaron los USD 795.598, “siendo sus principales ordenantes: más de un ordenante por USD 236. 305, cuentas propias por USD 169.842 y Multianalytica Cía Ltda por USD 32.004, seguido por depósitos en efectivo y cheques que recibió por USD 321.766 de ordenantes no identificados y venta de divisas”.
Sus egresos sumaron USD 686.135. De éstos, USD 363.842 fueron transferidos, entre 2012 y 2018, a Banco Pichincha, a José Silva Tutiven, cuentas propias. En enero de este año, emitió un “cheque de gerencia a favor de Nelson Moncayo Cadena por USD 206.500 quien registra como actividad económica actividades de ingeniería civil”.
Según datos de la Superintendencia de Compañías, es accionista de Cervecería Nacional con el 0,0002% de participación. A su nombre constan ocho bienes: seis en Quito y dos en Guayaquil, cuyo avalúo total aproximado es de USD 1.1 millón de dólares.
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