Otra vez se quiere meter la mano a la Justicia
Las relaciones entre los miembros del Consejo de la Judicatura transitorio no son nada buenas. Al menos no como lo fueron al inicio, cuando los vocales compartían actividades personales y sociales. Ahora, el clima es tenso y las suspicacias mutuas son constantes.
El fin de la primavera en el organismo que administra el sistema de justicia ocurrió cuando entre sus miembros chocaron dos visiones muy distintas sobre la independencia de los jueces. Por un lado están aquellos que, con ingenuidad ensayada, dicen que hay que intervenir para corregir o evitar actuaciones inadecuadas de los jueces o fiscales y, por otro, los que están convencidos de que la independencia de la justicia debe parecer y ser: no se interviene bajo ningún concepto que no sea como lo señala la ley.
En el primer grupo hay tres vocales: Aquiles Rigail, Marcelo Merlo y Zobeida Aragundi y, en el segundo, dos: Juan Pablo Albán y Angélica Porras. En el primer grupo se considera legítimo y justificado enviar cartas o remover a jueces que, según dicen, no están cumpliendo cabalmente con su trabajo. En el segundo, donde la voz la lleva Albán, se cree que los jueces y fiscales no deben sentir ningún tipo de presión, así ésta sea lo mejor intencionada y justa. En el fondo, las visiones que chocan son las de quienes, por un lado, sienten o dicen que luego de 10 años de burda manipulación correísta de la Justicia hay que vigilar y corregir la conducta de jueces y fiscales que fueron escogidos durante ese período y, por otro, la de aquellos que han preconizado y se sostienen en que la independencia de la Justicia es un principio absoluto.
El problema con quienes piensan que hay que intervenir para mejorar la conducta de los jueces y fiscales es que reproducen (quizá con intenciones completamente distintas) las lógicas del correísmo y de partidos como el socialcristiano que llevaron a secuestrar burdamente a la administración de justicia. En dos cartas, Aquiles Rigail pide a dos jueces explicaciones. En una de sus ellas, solicita a un fiscal del Guayas las razones por las cuales no ha tomado en cuenta las investigaciones oficiales que se han hecho a la gestión del prefecto Jimmy Jairala. “Me llamó la atencion pues de 25 denuncias (contra Jairala) se habían procesado dos o tres y el resto se había mandado al archivo”, dijo Rigail a la prensa cuando se refirió a ese caso.
En la otra carta, el vocal pide explicaciones a un juez civil de Quito sobre las consideraciones que hizo sobre un peritaje que considera sin valor legal en una sentencia en contra del médico Miguel Palacios Frugone que fue condenado a pagar 40 000 dólares de indemnización al ex presidente Rafael Correa por supuestas calumnias en su contra. Palacios había presentado una demanda por daño moral en contra de Correa y el ex presidente reconvino la demanda y exigió 40 millones de dólares. En la condena se dispuso el pago de 40 000 dólares. Rigal dijo: “No estoy amenazando al juez ni perurgiéndole a que tome decisiones que no sean acorde a derecho y a ley”.
El Dr. Aquiles Rigail pide explicaciones ante tanta sinverguencería en las Cortes y en la Fiscalía no amenaza con botar a Jueces o Fiscales, parece que al consejero Juan Pablo Albán esto le incomoda. Debería incomodarle la mano correista que se mantiene en la Justicia ecuatoriana pic.twitter.com/pXFdYMtxSA
El doctor Aquiles Rigail titular del CJ envió oficios a un juez y un fiscal por dos casos, según Rigail dice que sólo pidió una información, mientras que el vocal Juan Pablo Albán cree que es injerencia. POR FAVOR NO TAPEMOS EL SOL CON UN DEDO pic.twitter.com/tignZVlphU
Si bien Rigail ha dicho a la prensa que su actuación solo pretendía obtener información sobre la actuación de los jueces, es obvio que las cartas, por más fines meramente informativos que persigan, pueden influir en la conducta de los administradores de justicia. Éstos podrían temer por perder su empleo o ser sancionados. ¿Cómo actuaría un juez que esté, hipotéticamente, procesando un caso en que algún familiar o amigo de Rigail esté involucrado? La ecuación es la misma que se ejercía durante el correato con los correos electrónicos que enviaba el entonces secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera o el ex presidente de la Judicatura, Gustavo Jalhk.
A las cartas de Rigail se suma asimismo, la decisión auspiciada por Marcelo Merlo de sancionar a una jueza que revocó la prisión preventiva del ex ministro Iván Espinel, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares. Con esos gestos es inevitable que se produzca una influencia en la conducta de los administradores de justicia. Merlo y Rigail se exponen, además, a que sus actuaciones sean miradas bajo prismas que pudieran no corresponder a sus intenciones. Pero ahora cualquier ciudadano se puede preguntar por qué Aquiles Rigail intervino precisamente en esos dos casos, cuando hay otras miles en curso.
La posición de Albán y Porras apunta a una dinámica distinta. La independencia de jueces y fiscales puede tener costos en la calidad de la administración de justicia pero se trata de un principio fundamental de un sistema democrático que únicamente puede sobrevivir si se respeta de forma absoluta. Si el país aspira a una administración de justicia libre de influencias políticas o de poderes económicos, la única forma será comenzando por no ejercer presiones por más justas o loables que éstas parezcan.
Según Albán existen procedimientos legales para casos como los de Palacio. Si las partes creen que en la ejecución de la sentencia existe un problema tienen vías jurisdiccionales para reclamar sobre el proceso. Según él, en la parte procesal correspondería a Palacios reclamar y no a Rigail porque es funcionario público. Albán añade que si es que hubo una queja fue Palacio quien debió seguir el canal regular para su trámite. Sobre el oficio para la jueza de Guayas, Albán, además de injerencia, ve cierto tono amenazante.
@BastaImpunidad
Juan Pablo Albán es punta de lanza de Correa con el cuento que es defensor del derecho puro.......cuento !
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Albán, en su cuenta de Twitter, ha colocado mensajes que refuerzan su posición. En uno de ellos ha reproducido el artículo 123 de la Constitución que habla sobre la independencia de la justicia según el cual “ninguna autoridad pública, incluidos las funcionarias y los funcionarios del Consejo de la Judicatura, podrá interferir en las funciones jurisdiccionales, mucho menos en la toma de sus decisiones y en la elaboración de sus providencias”.
En el fondo, el choque entre los dos grupos del Consejo de la Judicatura se resume en la vieja y atávica disputa entre quienes creen que el tutelaje ejercido por los “buenos” es indispensable para el bien de la sociedad, incluso violando el principio de independencia de la justicia, y quienes están convencidos de que los principios están por encima de las buenas intenciones. En la disputa, en todo caso, se juega el futuro del sistema de justicia del país.
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