El observador

CIDH llama al Estado de Nicaragua para que cese la criminalización de la protesta y el respeto de personas privadas de libertad y sus familiares

24 de de agosto de, 2018

Managua / Washington DC - Cuatro meses después del inicio de la protesta social en Nicaragua y siguientes ocho semanas de trabajo en el campo por el mecanismo de vigilancia especial para Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre el curso estigmatización y criminalización de la protesta social por motivos injustificados y desproporcionados; graves problemas de acceso a la defensa y al debido proceso; y violaciónes de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias. MESENI ha registrado una disminución en las acciones violentas y el uso desproporcionado de la fuerza letal a las protestas. No obstante, la CIDH le preocupa que un ambiente adverso para la protesta social, a través de una estrategia de criminalización y estigmatización. Esto implica el uso de declaraciones, declaraciones y anuncios oficiales que intenta sugerir que la vida continúa con normalidad en el país, mientras que al mismo tiempo estigmatizar a los manifestantes, opositores, líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

La CIDH actualiza el número de personas que han muerto durante los eventos que se han desplegado en el país desde abril 18, 2018, que ahora ascienden a 322, 21 de los cuales eran oficiales de policía y 23 de los cuales eran niños o adolescentes. Además, de acuerdo con la información recibida por MESENI, cientos de personas se encuentran actualmente en detención. Sin embargo, la CIDH insiste en la necesidad de que el Estado de Nicaragua para proporcionar cifras oficiales e información detallada sobre las personas detenidas. 

En respuesta al cuestionamiento de su metodología por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nicaragua, incluyendo el número de personas que han muerto, la CIDH reitera que el trabajo de seguimiento realizado a través de MESENI y otros mecanismos disponibles se lleva a cabo con rigor metodológico extrema. Esto implica que contrasta múltiples fuentes de información, incluyendo los testimonios de las víctimas, los familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y fuentes oficiales. La CIDH mantiene un registro de sus fuentes de información sobre las personas muertas. Como se puede verificar en el anexo al informe titulado Violaciónes Graves de Derechos Humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua , la CIDH ha incluido todas y cada una de las víctimas fatales que el Estado identificado como se informó a la Comisión. En sus posteriores comunicados de prensa, la CIDH ha continuado incorporando la información proporcionada por el Estado. Sin embargo, de acuerdo con la evidencia observada y verificado, la gran mayoría de las víctimas murió como resultado de la acción o de vigilantes fuerzas del Estado al servicio del Estado. 

Del mismo modo, el número de personas fallecidas proporcionados por el Estado son inconsistentes. En las notas enviadas por el Estado a la CIDH entre junio y julio de 2018, el Estado informó 37 muertes, la mayoría de ellos agentes del Estado o personas relacionadas con el gobierno. Posteriormente, en respuesta a las reiteradas solicitudes de información actualizada, informó al Estado en una nota de fecha 7 de agosto que un total de 450 personas habían muerto en Nicaragua entre el 19 de abril y el 25 de julio esta nota se observó que 197 de estas personas eran “víctimas del terrorismo intentos de derrocar al gobierno” y 253 habían muerto en “homicidio (delincuencia común), los accidentes de tráfico, y otras causas que fueron manipulados por personas y organizaciones que deseen para derrocar al gobierno de Nicaragua con el fin de desacreditar, la calumnia, y dañar su imagen.”sin embargo, el informe en cuestión no incluye una lista de los que habían muerto. Dadas las inconsistencias en las cifras reportadas por el Estado y su cuestionamiento de registro de la Comisión de las víctimas fatales, la CIDH reitera la necesidad urgente de que el Estado de Nicaragua para proporcionar acceso a la información detallada sobre los que han muerto para que pueda comparar y comprobar su las propias cifras contra los proporcionados por las autoridades nicaragüenses. 

Asimismo, la CIDH reitera su llamamiento para que el Estado lleve a cabo investigaciones serias y eficaces en todos los homicidios de manifestantes como consecuencia de la represión de la protesta social, así como todas las muertes que han tenido lugar en el contexto de la violencia que ha tomado vigente desde el 18 de abril, la CIDH también pide al Estado que informe sobre las investigaciones judiciales que se encuentran actualmente en marcha con el fin de identificar a la persona o personas realmente responsables de llevar a cabo los delitos en cuestión y los que planearon o instigado ellos. En particular, es obligatorio que el Estado de Nicaragua proporciona información sobre el número y la identidad de los acusados, detenido, juzgado y castigado por estos hechos. Del mismo modo, es urgente que el Estado informa sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones de la CIDH dirigidas a garantizar que las autopsias se llevan a cabo en todas las personas muertas por agentes del gobierno o grupos parapoliciales que actúan con el consentimiento del Estado. 

La CIDH expresa su más profunda preocupación por la persistencia de la violencia en la represión de la protesta social, que sigue causando muertes y lesiones, y en la información sobre las detenciones arbitrarias, todos los cuales han sido registrados por MESENI a través de sus marchas de monitoreo trabajo, sen- ins y las protestas, tanto de la oposición y el apoyo al gobierno. El 11 de agosto, la CIDH fue informada de la muerte de un individuo, Lenin Mendiola, durante las protestas sociales que tuvieron lugar en Matagalpa . La CIDH expresó su pesar por esta ocurrencia y recordó al Estado de su obligación de proteger la integridad de todas las personas e investigar los acontecimientos de manera imparcial. Posteriormente, el 19 de agosto, la CIDH recibió información sobre los agentes de la policía nacional y los partidarios del gobierno que atacaron a las personas que participan en el convoy a Masaya, dando como resultado dos personas heridas. 

Por otra parte, durante agosto MESENI ha documentado declaraciones en curso y las declaraciones por parte de las autoridades estatales más altas que tienden a estigmatizar a los participantes en las protestas sociales, acusándolos de ser “terroristas” o “intentar derrocar el gobierno”, entre otros epítetos. Estas sentencias crean un ambiente que podría contribuir a generar una sensación de hostilidad e intolerancia hacia otros sectores de la población, por lo que amenaza la integridad y la seguridad de los manifestantes, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses mustput fin a la estigmatización de discursos y declaraciones. 

En este contexto de criminalización de la protesta social, cientos de personas están siendo sometidos a juicio por cargos infundados, desproporcionados que involucran acusaciones generalizadas de terrorismo. Además, como se ha demostrado MESENI, estos procedimientos no han respetado las reglas básicas del debido proceso. A modo de ejemplo, el acceso a los abogados de la defensa antes de las audiencias programadas se ha negado u obstaculizado. Aquellas personas acusadas se asignan abogados de la defensa pública que por lo general sugieren autoincriminación como la estrategia de defensa. Se han celebrado audiencias en lugares poco comunes o en momentos inusuales, impedir u obstaculizar los abogados defensores privados aparezcan en ellos. El acceso a las audiencias también se ha negado al público en general y, a veces a la familia de los acusados. Asimismo, la CIDH observa que los procedimientos legales contra los disidentes y manifestantes, incluidos los procesos penales, se están centralizadas en los tribunales de Managua, a pesar de que los acontecimientos están investigando a menudo se llevaron a cabo en otros municipios. La información recibida por MESENI indica que la Oficina del Procurador General está utilizando declaraciones pre-escritos para presentar cargos de delitos graves, como el terrorismo, el crimen organizado y otros delitos similares contra los que han tomado parte en las protestas o mostrado su apoyo a estos, incluso proporcionando la ayuda humanitaria, como donaciones de alimentos y medicinas. 

En ciertas audiencias judiciales, las autoridades de Nicaragua les negó la entrada a los miembros de la familia, la prensa independiente, y representantes de MESENI y las Naciones Unidas. Esto sucedió en la audiencia 
que tuvo lugar el 14 de agosto contra los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, y Silvio Pineda. Sucedió de nuevo el 15 de agosto en una audiencia en relación con el asesinato del periodista Ángel Gahona. Asimismo, la CIDH observa que el abogado defensor de los dos hombres acusados ​​del asesinato del periodista Ángel Gahona recibido amenazas de muerte pocos minutos antes de que comenzara la audiencia. 

MESENI también ha encontrado evidencia de la continuación del patrón de represión selectiva, con detenciones ilegales, arbitrarias registradas en las últimas semanas, tras el desmontaje voluntario de bloqueos de carreteras en todo el país o la extracción forzada de estos por el Estado. A modo de ejemplo, MESENI recibido informes sobre la detención arbitraria de al menos cinco personas que habían participado en la construcción de barricadas de la comunidad en Juigalpa al tiempo que demuestra. Los testimonios de las víctimas y sus familias han sido consistentes en la descripción del método utilizado para estas detenciones arbitrarias: uso desproporcionado de la fuerza, no se proporcionó ninguna orden judicial, los que están siendo detenido no fueron informados de los motivos de su detención, ni fueron sus familias reciban información sobre la donde se llevarían a cabo. Además, los detenidos no fueron llevados ante un juez dentro del plazo legalmente establecido. La CIDH está particularmente preocupado por la información documentada por MESENI en el sentido de que las personas en el juicio no se garantice su derecho a un abogado de defensa adecuada, ya que no se están concediendo el acceso a su propio abogado y se llevan a cabo representantes ante las audiencias . 

El 9 de agosto, MESENI fue informado de la detención de Víctor Manuel Díaz, dirigente campesino de El Fajardo en el departamento de Río San Juan, y Bayardo Siles, y el activista y dirigente estudiantil de la UNAN Matagalpa que fue liberado el 18 de agosto agentes de la policía nacional y grupos parapoliciales utilizan un modus operandi similar durante estas detenciones, presentando ninguna orden judicial, que proporciona información específica sobre los cargos que se presionadas contra los dos o los motivos de su detención, y sin hacer la comunicación oportuna con las familias de los acusados ​​para informarles de su lugar de la detención. 

En lugar de llevar a cabo investigaciones imparciales para establecer la verdad de los hechos y administrar justicia, los procedimientos legales contra estos individuos muestran serios indicios de haber sido la intención de criminalizar la disidencia y la protesta social. “El uso inadecuado de la ley criminal contra los manifestantes, disidentes y defensores de los derechos humanos constituye una violación del derecho a la integridad personal, la protección legal y las garantías legales”, el Relator sobre los defensores de los derechos humanos, el Comisario Francisco Eguiguren, dijo. “Además, también tiene consecuencias sociales negativas al afectar las estructuras y producir un efecto negativo en el grupo y el liderazgo comunitario. Esto hace que sea obligatorio para el Estado de Nicaragua para poner fin de inmediato al uso de los procesos penales como mecanismo para la venganza contra aquellos que han participado en protestas y manifestaciones, y que adopte con urgencia todas las medidas necesarias para respetar el debido proceso y las garantías judiciales en todo los procesos penales”, añadió. 

Con respecto al sistema penitenciario, MESENI ha encontrado evidencias que sugieren que está teniendo un grave efecto sobre las familias de aquellos que se celebra. miembros de la familia están sometidos a un sistema de visita a la prisión discrecional por lo que las visitas se posponen o se reprograman el mismo día en que se supone deben tener lugar. Hay una falta total de privacidad durante las visitas debido a la presencia de agentes de policía o funcionarios de prisiones. La duración de las visitas se le asigna arbitrariamente y oscila entre diez minutos y dos horas. 

La retención prolongada de información sobre el lugar en que el acusado se encuentran detenidos y otros problemas han obligado a las madres y otros miembros de la familia para viajar a Managua desde diferentes regiones de Nicaragua. Esto está generando una carga desproporcionada a miembros de la familia, que tienen que dejar sus puestos de trabajo y cambiar la forma de organización de su familia nuclear. Muchos de ellos también están siendo amenazados y hostigados en sus hogares. 

La CIDH subraya una vez más la obligación particular que el Estado tiene que garantizar que las personas privadas de libertad tengan condiciones dignas de detención, que incluye un sistema de visitas adecuada, predecible. “Es el deber del Estado de tomar medidas para asegurar que las personas que se encuentran privadas de la libertad pueden mantener y desarrollar las relaciones familiares”, dijo el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. 

La falta de información oficial del Estado de Nicaragua en el número de personas detenidas y otros datos que permitan una mejor comprensión de la dimensión de esta situación es muy grave. Esta falta de información se combina con la imposibilidad impuesta a MESENI acceder a facilidades legales o penitenciarios. Estos factores están obstaculizando el proceso de seguimiento de la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. "Es urgente que esta situación cambie y que el Estado proporcione la información y autorizar la entrada de la MESENI a las instalaciones en las que las personas privadas de libertad se llevan a cabo y donde los procesos judiciales están llevando a cabo", dijo el comisionado Hernández. En ausencia de información oficial, la CIDH sobre todo gracias al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), por su apoyo al trabajo de MESENI en esta área. 

Además, la CIDH observa con preocupación que en la práctica, los adolescentes siguen siendo procesado en el sistema penal de adultos. "Es obligación del Estado de asegurar que los adolescentes son tratados bajo un sistema de justicia juvenil especializado basado en el modelo de justicia restaurativa, garantizando la protección de los derechos del niño y el interés superior del niño", dijo el comisionado Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relator sobre los derechos de los niños y adolescentes. 

En cuanto al derecho a la libertad de expresión, MESENI ha seguido registrando la intimidación, el acoso y las amenazas contra periodistas en Nicaragua. MESENI ha documentado el informe de Collective (Colectivo de Mujeres de Matagalpa) de Mujeres de Matagalpa, el Grupo Venancia (Grupo Venancia) y Radio Vos relativo a la difamación y el acoso de que han sido objeto. El 14 de agosto, Gerall Chávez, reportero del canal de televisión Vos, afirmó que las amenazas y mensajes intimidatorios habían sido dejados por partidarios del gobierno en las paredes de su casa en El Rosario, Carazo. El 19 de agosto, MESENI recibió información que indica que la periodista alemana Sandra Weiss, quien trabaja para el periódico suizo NZZ, fue objeto de la agresión, la violencia y el robo por parte de grupos armados enmascarados mientras informaba de la ocupación de tierras en Chinandega. 

Asimismo, la CIDH continúa recibiendo información en agosto en el despido improcedente de los médicos y profesionales de la salud que proporcionan atención médica a los heridos durante la represión de la protesta social. En particular, de acuerdo con los testimonios recibidos por MESENI, los despidos son ahora individual más que en masa, y se justifican por motivos de incumplimiento de los convenios colectivos o alegaciones de negligencia. Esto está teniendo un efecto intimidante y enfriándose en otro personal de salud. Hasta la fecha, de acuerdo con la información MESENI ha recibido, 135 personas han sido despedidos y varios más están supuestamente incluido en las listas de personas a ser despedidos. 

En vista de la situación actual, la CIDH insta al Estado de Nicaragua para cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos en relación con el grave estado de los asuntos que se ha registrado en el país. Estas obligaciones incluyen la toma de medidas para poner fin al acoso y amenazas contra las víctimas de violaciónes de derechos humanos; el avance de los procesos judiciales imparciales que cumplan con el debido proceso para arrojar luz sobre la verdad y la administración de justicia en relación con violaciónes de los derechos humanos; cesar la estigmatización y criminalización de manifestantes disidentes, simpatizantes de la oposición y defensores de los derechos humanos; y garantizar el acceso a la información pública fiable que permite situación de los derechos humanos del país a ser monitoreada. 

“La CIDH continuará el seguimiento de las recomendaciones que ha realizado y supervisar la situación de los derechos humanos en Nicaragua seria y rigurosa, como parte de su compromiso con las víctimas de violaciónes de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, y el pueblo de Nicaragua en general , en pleno cumplimiento de sus mandatos y reglamentos “, dijo el presidente de la CIDH, Comisionado Margarette Macaulay. 

El Relator de la CIDH para Nicaragua, Comisionado Antonia Urrejola, declaró: “Con este fin, la CIDH requiere que el Estado de Nicaragua para responder a todas y cada solicitud de información que se ha hecho de ella, para proporcionar acceso a los centros de detención, audiencias públicas, entrevistas con las autoridades pertinentes y otros lugares identificados por MESENI. También requiere el Estado para cumplir con las medidas de precaución que se han presentado y el mecanismo se acordó con la Secretaría General de la OEA y la CIDH el 30 de mayo, 2018, en respuesta a las peticiones del grupo interdisciplinario de expertos independientes (Giei ) para obtener acceso a los archivos en las investigaciones que pueden haber sido iniciadas por el Ministerio público de Nicaragua y para obtener información sobre las medidas que buscan proporcionar una compensación total para las víctimas de violaciónes de derechos humanos “. 

Un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta área. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA y que no representan sus países de origen o residencia.