El observador

"La Supercom debe desaparecer": Édison Toro

El superintendente de la Información y Comunicación, Édison Toro, admite que por las denuncias contra los medios en la entidad han bajado hasta en un 70% con el cambio de gobierno. En la polémica Superintendencia se realizan ajustes de personal y se desmonta el aparato de control mediático y opacidad que el correato implementó a nombre de los derechos de las personas.

20 de agosto del 2018

FERMÍN VACA

Édison Toro

Es abogado y doctor en Jurisprudencia, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene dos maestrías en Derecho Internacional Económico, otorgado por la Universidad Andina Simón Bolívar; y, en Derecho Público, de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá.

La edad de oro de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) ha pasado. Lejos quedan las épocas en que, en la sala de estrados de la entidad, en un ambiente digno de los peores tiempos de los Inquisición española, los periodistas ecuatorianos eran convocados para que expliquen titulares, pies de fotos y hasta caricaturas. Ya nada se percibe en el aire de la actitud patibularia, de las decisiones anticipadas, de las acciones polémicas de una especie de tribunal especial que denunciaba, juzgaba y ejecutaba, todo en uno, como un buen reflejo de lo más medieval de la mentalidad correísta. 

En el edificio de la avenida Diez de Agosto, al norte de Quito, en donde con el auspicio del correato, colectivos "ciudadanos" presentaban denuncias inverosímiles y abogados al servicio del régimen pasaban horas en alegatos impresentables, ya no hay gente agolpada con carteles ni militantes acarreados de las provincias del interior del país. La Supercom es ahora un apacible edificio de oficinas, en cuya fachada se sigue leyendo en español y en quecha que "la comunicación es un derecho" y en donde, según admite el actual titular de la entidad, Édison Toro, el aluvión de denuncias contra los medios ha disminuido en un 70% desde el fin del correato.

En el cuarto piso del edificio, Toro recibe a PLANV. El funcionario, que trabajó como abogado en la Secretaría de Comunicación, fue designado por el Consejo de Participación transitorio como un superintendente de transición, pues se espera que las reformas a la Ley de Comunicación auspiciadas por el Ejecutivo concluyan con el cierre definitivo del polémico tribunal, un dudoso aporte de los abogados nacionales al derecho internacional, y que es la única institución en su género en el hemisferio occidental. 

Toro viste informal -es viernes- y es un hombre de modales amigables. "Dígame Édison", dice, mientras se levanta del escritorio que ocupaba su antecesor, el anchor de los canales correístas, el periodista azuayo Carlos Ochoa, quien fue cesado por el Consejo Transitorio y censurado por la Asamblea Nacional, y se retiró del Palacio Legislativo haciendo un desplante a los legisladores. 

¿Cómo han sido sus primeras semanas en la Supercom y qué resultados ha tenido su evaluación?

Nos hemos enterado de qué está pasando, para empezar a generar líneas de actuación. He constituido un equipo de trabajo que ha hecho un diagnóstico. Hemos encontrado novedades en dos ámbitos: en primer lugar el financiero e institucional, y el otro el aspecto jurídico sobre los procedimientos administrativos que se iniciaron en estos años, de manera de poder hacer un autocontrol de legalidad sobre temas administrativos. En el primer aspecto hemos encontrado cosas que llaman la atención, ya hay un informe definitivo de la Contraloría con recomendaciones y otro que está en trámite, en donde se ha leído el informe borrador. En el borrador hay observaciones nuevas, pero ambos nos dan luces de cómo se manejó la Superintendencia en los años anteriores. Hay contratos que nos llaman la atención, por ejemplo el uso de la contratación por ínfima cuantía, que es un mecanismo extraordinario por su naturaleza, pero tanto en la matriz cuanto en las intendencias regionales tienen una alta incidencia. En una intendencia, por ejemplo, del total de compras públicas, el 91% se han hecho con ínfimas cuantías. No digo que haya corrupción ahí, pero creo que no se ha planificado de manera adecuada las contrataciones. 

"En una intendencia, por ejemplo, del total de compras públicas, el 91% se han hecho con ínfimas cuantías. No digo que haya corrupción ahí, pero creo que no se ha planificado de manera adecuada las contrataciones".

¿Qué tipo de cosas se estuvieron contratando con ese mecanismo?

Son montos pequeños, si bien cada centavo es importante, la ínfima cuantía no debe superar los USD 6500 por proceso, en algunas intendencias, para pagar arriendos de locales, se recurrió a ínfimas cuantías, es el concepto lo que nos preocupa y la falta de planificación. Por eso he dispuesto la suspención de cualquier tipo de adquisición, he pedido al contralor que nos revisen un contrato de consultoría de USD 500 mil en años pasados, es un monto alto, si bien no afirmo que haya incorrecciones, pero si esta institución va a ser eliminada debemos ir a un cierre ordenado de la Supercom.

Se decía que en esta institución trabajan 300 personas, ¿qué ha encontrado con relación al personal?

Del total de cargos con partida, son 320, estaban ocupados 292 cargos, hemos hecho ajustes, vamos a hacer una depuración y austeridad en los cargos. Yo no he ocupado las vacantes del jerárquico superior, tengo un equipo mínimo, estamos encargando funciones, se están llevando dos intendencias o dos direcciones con una persona. Estamos racionalizando los cargos aquí.

El Gobierno ha dicho que hay la decisión política de suprimir la Supercom, pasando sus atribuciones a la Defensoría del Pueblo y un Cordicom fortalecido, ¿usted cree que hay que cerrar la Supercom?

Sí, yo creo que la Supercom debe desaparecer, aunque es extraño que el titular de la entidad lo diga. Hay que entender lo que fue esta institución, yo hace mucho tiempo, en investigaciones y debates académicos, me había pronunciado en contra de la naturaleza misma de esta entidad, que es un limitante para la libertad de expresión en el Ecuador. Nos hemos dado cuenta, al compararlo con los estándares internacionales, que el control y la sanción, así como considerar un servicio público a la comunicación solo sirvió para limitar la libertad de expresión. Esta institución no es necesaria y se debe ir hacia su eliminación. No es conveniente, lo dije en la Asamblea, que nada pase de aquí a la Defensoría del Pueblo, pues si la institución y sus atribuciones son suprimidas, nada queda para ser transferido. Si pasamos facultades de sanción y control a la Defensoría del Pueblo, vamos a desnaturalizarla, pues la Defensoría no es para eso en ninguna parte del mundo. Hay que ajustar los textos, la Defensoría tiene atribuciones que pueden ser ejercidas en el ámbito de la comunicación, pero según lo que consta en la Constitución.

"Si pasamos facultades de sanción y control a la Defensoría del Pueblo, vamos a desnaturalizarla, pues la Defensoría no es para eso en ninguna parte del mundo. Hay que ajustar los textos, la Defensoría tiene atribuciones que pueden ser ejercidas en el ámbito de la comunicación, pero según lo que consta en la Constitución".

¿Y qué pasa si un defensor del Pueblo, por ejemplo, interpreta la norma y asume que puede imponer rectificaciones pregrabadas o prediseñadas, como hacía Carlos Ochoa?

Eso es imposible, porque desnaturalizaría totalmente las funciones de la Defensoría del Pueblo. La doctora Gina Benavidez, con quien me he reunido, tiene claro que eso no puede pasar, que ni a título de medidas cautelares podría imponer ese tipo de rectificaciones, pero sí se podría actuar en reparación de derechos, dentro de las atribuciones que hoy tiene ya la Defensoría del Pueblo. 

¿Descarta que la Defensoría del Pueblo pueda aplicar sanciones encubiertas como "medidas cautelares" o "exhortos"?

Exactamente, creo que la Defensoría debe ser parte de procesos en los que se repare derechos vulnerados, pero no podría imponer medidas para exigir rectificaciones, es imposible que vuelva a pasar que se manden a los medios rectificaciones prediseñadas como se hizo en el pasado.

¿Dónde ubica usted la frontera entre las represalias contra los medios y la responsabilidad ulterior? En el Gobierno anterior ambas cosas se confundían, se tomaron represalías contra medios y periodistas disfrazadas de medidas legales...

No sé cuáles sean los límites políticos de esa actuación, lo que yo quiero hacer es una revisión jurídica de esos temas, para saber dónde están los puntos de quiebre. Estamos analizando los actos administrativos, para ver si se siguieron procedimientos contrarios a la Constitución y a los principios internacionales. No era admisible que el titular de la Supercom se sienta afectado por una publicación en medios, él mismo instaure el proceso, lo sustancie y lo resuelva. Eso marca una distancia con quienes creemos que deben respetarse principios, hay que ver si hubo mal manejo, si se cometieron medidas cuyo fin era la persecución y las represalias contra medios que se oponían a determinado proyecto político. 

Usted ha mencionado que solo 25 de las miles de sanciones de la Supercom podrían ser revisadas en su gestión. ¿A qué se debe esto?

Hemos hecho el análisis y hasta la fecha 1188 procesos administrativos se han formulado, de los que 706 terminaron en sanciones, hay 428 resoluciones con multa y vamos a analizar los dictados el último año. Según el Código Orgánico Administrativo, podemos hacer una revisión de oficio solo de los dictados en el último año. Pero no excluimos consultar al procurador del Estado los alcances de esta norma, me reuní con el contralor del Estado para lograr una revisión de los procesos administrativos. 

El lema de esta institución es "la comunicación es un derecho" y Carlos Ochoase declaró en la Asamblea Nacional un defensor de los derechos de las mujeres, de las transexuales, de los ancianos y de los pobres con relación a los medios.¿Cree usted que es necesaria una institución del Estado con esa tarea? ¿Son los medios máquinas de violar derechos humanos?

He preguntado a los abogados que trabajaban aquí, a los intendentes, si creían que bajo un esquema de sanción en general se puede asegurar la reparación de derechos. Pero la obvia respuesta es que no. Ese tutelaje del Estado fue atentatorio a la libertad de expresión y a los derechos de las personas. Más bien se violó derechos antes que protegerlos, creo que la comunicación sí es un derecho, pero lo que se impuso es una visión estatal, una suerte de concesión de un servicio público.

¿No hubo ahí una visión ideológica, la creencia de que el Ecuador necesitaba un tribunal moral, de corrección política? ¿El país debe tener una institución con esos fines supuestamente pedagógicos?

En absoluto, tengo un pensamiento muy pegado a mi formación jurídica, pero los esquemas de pensamiento coyunturales no pueden ser impuestos a la sociedad de una manera fuerte y castigadora. Eso va contra la democracia, creo que se formó parte de un proyecto político y la Superintendencia puede haber servido para aplacar voces críticas.

Se vio desfilar por esta Superintendencia a militantes de Alianza PAÍS, a supuestos colectivos ciudadanos que eran simpatizantes del Gobierno, que eran quienes concurrían a poner denuncias. ¿No estaban viciadas desde el principio esas quejas prefabricadas?

Uno no puede prejuzgar sobre el origen de las denuncias, hay que ser receptivo con la ciudadanía y tramitar la denuncia según las obligaciones constitucionales. No hemos verificado todavía el origen de las denuncias, pero un poco más del 50% se iniciaron con denuncias y el resto fueron de oficio. La matriz en Quito fue la que más recibió denuncias, mientras en las intendencias fueron de oficio. Hemos verificado que las denuncias vienen de colectivos sociales pero también de funcionarios públicos, ahora estamos analizando el origen de las denuncias que tienen el membrete de ciudadanas para ver si los denunciantes también eran funcionarios públicos. De las resoluciones sancionadas queremos ver cuáles vienen de la ciudadanía, y cuáles fueron archivadas. Por ejemplo, personas de la oposición tienen denuncias archivadas. A un ciudadano que se quejó en la Superintendencia no le tramitaron la denuncia durante algunos años, porque era de oposición, y cuando cambió el Gobierno recién se la tramitó mágicamente. Estamos analizando estos fenómenos. 

"Hemos verificado que las denuncias vienen de colectivos sociales pero también de funcionarios públicos, ahora estamos analizando el origen de las denuncias que tienen el membrete de ciudadanas para ver si los denunciantes también eran funcionarios públicos".

El ex presidente Correa insistía de manera reiterativa que eran "ciudadanos en el poder", que no por ello habían perdido su derecho a la honra, motivo por el cual no tenían por qué tolerar ninguna crítica de la prensa. ¿Cómo ve usted esta afirmación?

La premisa es que los derechos se mantienen, no se pierde ninguno por ser funcionario público, pero hay que considerar que quien se expone de manera pública marca una dinámica distinta frente a los medios. La ponderación varía si es una figura pública o no, no se puede tratar de la misma manera a una persona que ocupa un cargo público, que debe permitir el debate y la exposición de lo que está haciendo. Creo que el ex presidente no tuvo en cuenta estas consideraciones.

¿Cuál debe ser el futuro de la Ley de Comunicación ecuatoriana? Si finalmente cambia, ¿Cómo debe ser la relación entre los medios, la sociedad y los políticos?

Hay un mandato constitucional para esa Ley, y para el Consejo de Regulación. Mi opinión es que la Ley debe promover la comunicación y no limitarla. Debemos plantear a los medios la idea de su responsabilidad, de que deben mejorar el debate democrático, con elementos que nos haga crecer como sociedad. Las reformas no son perfectas, debió construirse una nueva Ley de Comunicación, pero la reforma  busca ajustar a los estándares internacionales y eliminar las partes más dañinas.

¿Se debe reparar a los medios y periodistas que fueron sancionados por esta institución que, según usted mismo dice, actuaba de manera injusta e inadecuada?

No puedo decir si fueron injustos e inadecuados, eso lo sabré luego de un análisis jurídico, sin embargo, como funcionario público no se pueden establecer medidas reparatorias, se podría anular los actos administrativos, como no cobrar las multas o devolver las pagadas. Hay responsabilidad extracontractual del Estado, previsto en la Constitución, y se si demuestra podría abrirse el camino a la reparación.

¿Qué está haciendo ahora la Supercom? ¿Qué pasó con el aluvión de denuncias cotidianas por el supuesto mal ejercicio del periodismo en el Ecuador?

Hemos hecho un análisis de eso y hay algunos aspectos que llaman la atención. Es llamativo que en el año 2017 bajaron las denuncias y los inicios de oficio. Podría parecer que los medios entendieron la Ley y no cometieron infracciones o algo más que afectó el comportamiento de la Superintendencia y los denunciantes. Aún tenemos varios trámites abiertos, en donde haremos una aplicación que respete la Constitución y los estándares internacionales. He dispuesto análisis jurídicos serios, mientras analizamos los que se han emitido también. El Estado de derecho debe estar a la luz de la ciudadanía. Creo que de 60 denuncias en 2016 se bajó a 15 en 2017, hay una baja que podría ser del 70% de las denuncias y los procesos.