EL EMPORIO EMPRESARIAL DEL PREFECTO ZAMBRANO TAMBIÉN TUVO SU DÉCADA GANADA

El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, apuntó al número ganador. Fue financista de la campaña de Rafael Correa en el 2006. Los próximos años sus negocios despegaron, sobre todo con el Gobierno de AP. Su patrimonio pasó de 4,5 millones, en 2009, a 31 millones de dólares en 2014. Pese a que tuvo contratos con el Estado en áreas estratégicas, por más de 73 millones, el excontralor Carlos Pólt no estableció ninguna incompatibilidad con su cargo de funcionario público. El Consejo de Participación lo denunció por una supuesta delincuencia organizada.

Por Arturo Torres y María Belén Arroyo

Más que un aporte, fue una inversión. Era 2006. El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, contribuyó con 20.000 dólares a la campaña presidencial del joven candidato Rafael Correa.

Los contratos entre el conglomerado de empresas del prefecto manabita y el Estado se multiplicaron durante la década correísta.

Quien debió alertar oportunamente esas anomalías era su coterráneo y amigo, el entonces contralor Carlos Pólit. No lo hizo, según evidencian los informes de auditoría a su gestión. Al ser una autoridad en funciones, el prefecto no podía tener empresas contratistas del Estado ecuatoriano.

El ente de control realizó tres exámenes especiales a dos contratos (013-2015 y 050-2012), entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y Mardcomsa. Los auditores no determinaron que la firma contratista pertenecía al prefecto.

La Contraloría tampoco detectó a tiempo el incremento inusitado de su patrimonio. Pasó de 4,5 millones, en 2009, a 31 millones de dólares en 2014, que es la última declaración de bienes a la que tuvimos acceso.

Ayer jueves, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana presentó una denuncia en la Fiscalía contra Zambrano y su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, por un supuesto delito de delincuencia organizada y pidió que los procesos penales sean tratados en la capital por el fuero de Corte que ampara al legislador.

Zambrano se defiende. Dice ser víctima de persecución y de envidia pues “Tengo contratos con el Estado desde hace más de 30 años, porque soy un hombre de trabajo y empuje; en mi niñez lustraba zapatos”. No encuentra inhabilidad entre su función pública y su faceta de contratista del Estado. “Si estuviera haciendo algo incorrecto, el pueblo manabita no me seguiría respaldando con sus votos”.

En 2008, negó la donación a la campaña de Correa. Hoy la reconoce. Documentos del entonces Tribunal Supremo Electoral prueban que el entonces prefecto y militante del Partido Social Cristiano fue aportante. El 10 de abril del 2008, en una audiencia en el Tribunal el tesorero de la campaña de Alianza País, Camilo Samán aseguró que “Zambrano firmó el aporte en persona”.

Zambrano estrechó su relación de negocios con el Gobierno, especialmente en los sectores estratégicos. Desde 2009, cinco compañías de su grupo familiar recibieron contratos con entidades estatales por más de 73 millones de dólares, según informes remitidos por Petroecuador, CELEC, Dirección de Aviación Civil, entre otros, a organismos de control, como la Fiscalía, Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana, que investigó el caso.

En Manabí, el Prefecto y su hijo, el asambleísta de AP Mariano Zambrano Vera, son accionistas de un conglomerado de, al menos, 12 empresas de transporte marítimo de combustibles, venta de automóviles, hotelería, bienes raíces, entre otros, según reportes de la Superintendencia de Compañías. El emporio se levantó desde 1992.

El asambleísta asegura no haber incurrido en inhabilidad alguna. “Cuando inscribí mi candidatura presenté mi declaración de no encontrarme incurso en las inhabilidades constitucionales determinadas en la Ley, consecuentemente, no tengo ninguna prohibición al respecto. No ostento ningún cargo de representación en ningún grupo empresarial”. Y afirma que “De forma antojadiza”, actores políticos “por conveniencia” y medios de comunicación “por falta de información” posicionaron este discurso.

El artículo 62 de la Ley de Contratación Pública señala que no podrán celebrar contratos previstos en la ley con las entidades contratantes algunos funcionarios, entre ellos los asambleístas, prefectos y alcaldes.
Las actividades empresariales de ambos están bajo la lupa. Son investigadas por la la Fiscalía y la Contraloría por más de 13 contratos que las compañías Marzam, Marnizam y Mardcomsa, Automotores Manabitas y Manhost recibieron del Gobierno, entre 2011 y 2016, para el abastecimiento de combustible y provisión de transporte, entre otros. Se presumen delitos de enriquecimiento ilícito, perjurio y lavado de activos.

Zambrano, el prefecto, reconoce su amistad con el exvicepresidente Jorge Glas y el excontralor Pólit. “Al amigo, si tiene un traspiés, no se le niega”. Pero desmiente que esa relación lo hubiera beneficiado con contrataciones y blindaje frente a las auditorías. “Soy amigo de Jorge Glas, pero no su testaferro”, afirma, consultado sobre las denuncias de que recibió contratos y beneficios en los sectores que manejaba directamente el exVicepresidente.

En su período el contralor Pólit no estableció irregularidades de relevancia a la gestión en la Prefectura. Se limitó a fijar sanciones administrativas que no superaron los 40 mil dólares y cinco glosas que sumaron 4,9 millones, que luego se desvanecieron y se redujeron a 100 mil dólares. Pedimos a Pólit su versión sobre su cercanía con el prefecto, pero no respondió.

Era tal el nivel de confianza, que Pólit no dudó en alquilar al hijo del Prefecto su suite en el Swissotel. El legislador Zambrano Vera, de 32 años, vivía en ese inmueble. El hecho se conoció cuando la Policía allanó el departamento, en el curso de las investigaciones del caso Odebrecht.

El asambleísta asegura que sí mantuvo una relación contractual de arriendo, “Que declaré oportunamente. Llegué a la suite el 14 de mayo de 2017 y la ocupé menos de dos semanas”.