El observador

Juan Pablo Albán, la voz crítica en la Judicatura

El profesor universitario y abogado de derechos humanos pasa revista a los principales puntos de la agenda del Consejo Nacional de la Judicatura (transitorio) del que forma parte. A pesar de estar estudiando en Estados Unidos aceptó la designación en uso de una licencia, pero es crítico con algunas de las decisiones que ha tomado el presidente del organismo, Marcelo Merlo.

06 de agosto del 2018

FERMÍN VACA

Para Juan Pablo Albán, formar parte del Consejo Nacional de la Judicatura transitorio ha sido complicado. Se encontraba estudiando en Estados Unidos junto con su familia, cuando decidió aceptar la designación que el Consejo de Participación y Control Social transitorio le propuso.

Albán, quien es catedrático de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, cuyo decano es Farith Simon, se ha convertido en la voz crítica al interior del Consejo. Tras la cesación del CNJ que encabezaba Gustavo Jalkh, se decía en los corrillos capitalinos que se buscaba que académicos de prestigio ocuparan el cargo. El propio Jalkh denunció, en una de sus últimas ruedas de prensa, que Simon -o alguien de su entorno- aspiraba a integrar el organismo, cosa que no se concretó. 

Tras la cesación del CNJ que encabezaba Gustavo Jalkh, se decía en los corrillos capitalinos que se buscaba que académicos de prestigio ocuparan el cargo. El propio Jalkh denunció, en una de sus últimas ruedas de prensa, que Simon -o alguien de su entorno- aspiraba a integrar el organismo, cosa que no se concretó.

Quien sí aceptó fue Albán, lo que le significó pedir una licencia en el doctorado que realiza en una universidad de Estados Unidos. El académico dialoga con PLANV vía Skype desde ese país, a donde se había trasladado unos días para atender la mudanza de su familia. Acaba de terminar una vídeoconferencia con el resto de integrantes del CNJ, pues asistió al pleno de manera remota. 

En este diálogo, Albán pasa revista a los aspectos clave de la agenda del CNJ y a sus roces con las decisiones más polémicas que el organismo, encabezado por Marcelo Merlo, ha tomado. 

¿Cuáles cree que deben ser las tareas más urgentes que debe ejecutar el CNJ transitorio en el tiempo que tiene?

Hay demasiados nudos críticos, empezando por sobreprecios en las adquisiciones de bienes, en las expropiaciones, el tráfico de influencias para obtener resultados en ciertos procesos, la venta de bancos de preguntas, se encontró una estructura que cobraba por la asignación de puestos, entre otras cosas. Pero lo que hemos encontrado es el abuso de la facultad disciplinaria lo que ha generado mucho ruido por parte de ex jueces que fueron destituidos por error inexcusable quienes están exigiendo ser todos restituidos a la Función Judicial. Estamos examinando qué se puede hacer, pero pensamos que no cabe reincorporar a todos, pues algunos de los destituidos sí incurrieron en faltas muy serias y sí fueron instrumentales al sistema manejado por Jalkh. En otros casos, si bien la sanción de destitución no fue la correcta, sí había mérito para aplicar sanciones. Pero de ahí a restituir a todos, hay que considerar que no hay en este momento plazas ni fondos para devolverles los cargos que tenían antes. Se corre el riesgo de que haya personas que hayan iniciado litigios contra el Estado y los hayan perdido, por lo que el tema no es tan fácil.

¿Pero, tras esto no hay una cerrada defensa gremial que niega que las sanciones hayan sido correctas y su discurso es que no cometieron más error que no ser correístas? ¿Usted comparte esa impresión?

Una de las últimas acciones del CNJ cesado fue dictar una suerte de amnistía masiva para todos los sumariados, que está claro que eran cercanos al poder. Se trata de 169 casos que fueron eliminados del sistema de investigaciones en una sola resolución. Esa amnistía fue para beneficiar a personas identificadas como cercanas al anterior régimen. Algunas de esas personas están pidiendo nuevos cargos, y se está enviando un mensaje equivocado al "premiar" a funcionarios que estaban siendo cuestionados. 

Gustavo Jalkh siempre se defendió mostrando casos de jueces que habían actuado contra norma expresa, liberado asesinos y violadores, y aseguraba que esos formaban parte del grupo que lo cuestionaba desde Guayaquil. ¿Qué hay de cierto en eso?

Hay de todo, como actitudes cuestionables, como la toma de decisiones que desde el proceso y la ley podrían ser infundadas, pero no nos corresponde en el CNJ hacer calificaciones de las decisiones judiciales. También es cierto que hubo algunos jueces destituidos porque se negaron a satisfacer los caprichos del anterior Consejo de la Judicatura. No se puede meter a todos en un mismo saco, por lo que no podemos reincorporar a todos de un plumazo. De las 700 personas que fueron destituidas sí hay algunas que merecen sanciones por faltas bastante serias en lo administrativo y en lo ético.

"No se puede meter a todos en un mismo saco, por lo que no podemos reincorporar a todos de un plumazo. De las 700 personas que fueron destituidas sí hay algunas que merecen sanciones por faltas bastante serias en lo administrativo y en lo ético".

¿Entonces, caso por caso se deberían revisar las sanciones del anterior CNJ?

Sino caso por caso, por lo menos se deben agrupar los que tienen características similares. Se debe establecer una Mesa, con la Procuraduría y la Contraloría, y mandar un claro mensaje de que no es que vamos a reincorporar a todo el mundo, sino a que vamos a analizar la naturaleza de cada sanción aplicada. 

Hubo una cierta inquietud por la sanción preventiva contra la jueza del caso de Iván Espinel. Usted se manifestó en contra. ¿Sigue rondando el fantasma del error inexcusable en el CNJ?

Yo he cuestionado esa decisión por precipitada y sin un análisis. No estoy defendiendo ni a Espinel ni a la jueza, es posible que se haya equivocado, pero cuando el CNJ resuelve esto, hace una calificación juridiccional que no nos corresponde a nosotros. Creo que se debió discutir en el Pleno. Es cierto que el presidente Marcelo Merlo tiene la potestad de dictar estas provisionales, pero creo que por cortesía debió haber consultado al Pleno. Solo hizo una reunión informal con tres vocales, una de las cuales se opuso, cosa que no le importó. Ni siquiera la queja había sido ingresada formalmente hasta el 24 de julio al sistema y ya el 23 se dictó la resolución, no se le permitió a la jueza presentar sus razones y descargos, se exige una predeterminación judicial de que se han violado derechos constitucionales y no existe, y creo que hay problemas con esa decisión por el mensaje que se está mandando a los jueces. Sobre el caso de Espinel es evidente que quien ocupe ese despacho tendrá algunas reservas sobre cómo tramitir el proceso, sobre llamarlo o no a juicio o sobre cómo tramitar las revocatorias que han planteado la Unidad de Análisis Financiero, en especial, cuando la antecesora ha sido suspendida por, en pocas palabras, no seguirle la corriente a esa Unidad. 

¿Y esto no es exactamente lo mismo que se hacía en tiempos de Gustavo Jalkh?

En mi opinión sí, por lo que la mañana del 24 de julio, cuando tuve conocimiento de esta resolución, subí a la Presidencia y eso exactamente le dije al doctor Marcelo Merlo, que me explique en qué se diferencia esta acción de las del Consejo anterior y no me supo responder. 

"Sobre el caso de Espinel es evidente que quien ocupe ese despacho tendrá algunas reservas sobre cómo tramitir el proceso, sobre llamarlo o no a juicio o sobre cómo tramitar las revocatorias que han plantado la Unidad de Análisis Financiero, en especial, cuando la antecesora ha sido suspendida por, en pocas palabras, no seguirle la corriente a la Unidad de Análisis Financiero".

¿Cuál es el segundo gran tema que está pendiente en su criterio?

Creo que se deben diseñar una pautas de evaluación, en especial, para la Corte Nacional y las Cortes Provinciales, que sea algo más que el simple ejercicio de contar providencias. Ahora se cree que quien dicta más providencias debe ser el mejor evaluado. Pero se debe evaluar la calidad de las decisiones sin entrar a evaluar el criterio judicial. Se está proponiendo una serie de criterios, pero si debería haber una licitación pública si es que algún organismo externo o Universidad va a hacer ese trabajo, pero no hacer una asignación a dedo que es una práctica que estamos cuestionando. 

Uno de los indicadores que exhibía Jalkh era que ya no había causas represadas, decía que los jueces ya están casi al día en el despacho de causas. ¿Es verdad esto?

El factor cuantitativo es importante, saber si un juez tiene causas represadas o se demora demasiado en el despacho. Sí, es importante, pero creo que no es lo más importante. Lo más relevante es que no se han hecho evaluaciones suficientes, sobre la calidad de las sentencias. 

Se decía también que se redujo el tiempo de trámite de los juicios, ¿comparte ese criterio?

Se ha implementado un sistema oral completo, pero los tiempos procesales no necesariamente son más cortos. Eso se debe a que no hay suficientes jueces en el sistema, se necesitan más operadores de justicia. Por ejemplo, en Babahoyo hay una sola jueza de violencia de género a pesar de que es una problemática frecuente en la provincia de Los Ríos. Otro factor que demora es la lógica administrativa del anterior Consejo que estableció un mecanismo aleatorio para conformar los tribunales penales. Por ejemplo, a principios de agosto de 2018 los tribunales penales tienen audiencias agendadas recién para febrero del próximo año. Se debe a que hay que poner la agenda de tres jueces distintos para cada causa. La misma lógica perversa que se implementó impide que actúen más rápido, pues hay tribunales conformados en forma aleatoria en lugar de tribunales fijos. 

Si hay pocos jueces, ¿es prioritario que los concursos avancen?

Se debe dar agilidad a los concursos que se han reiniciado, hay que considerar que de los 12 mil funcionarios de la Función Judicial, un 60% tienen contratos ocasiones y requieren una estabilidad mayor. Hay un exceso de funcionarios administrativos en lugar de los estrictamente judiciales. En Guayas hay más de 150 personas en la Dirección Administrativa, cuando hacen falta más jueces y secretarios. Se deben realizar los concursos y en los concursos respetar la especialidad de los jueces, porque se ha designado jueces de Trabajo en material penal, y eso afecta la calidad del servicio que prestamos y los tiempos del servicio. 

¿Qué hacer frente a los problemas de corrupción?

La Contraloría está realizando varios exámenes especiales, se han presentado denuncias sobre el uso de propiedades de la Función Judicial que eran usadas por particulares. Estamos direccionando los temas a la Fiscalía y la Contraloría, pero hemos encontrado sobreprecios en las obras de infraestructura, los mismos contratistas en las obras del Consejo de la Judicatura, lo cual es curioso porque siempre ganaban las mismas personas. Se ha cambiado el avalúo catastral de propiedades para pagar más por las expropiaciones, hay nepotismo. Vamos a hacer un informe en el tiempo que tenemos y a iniciar algunas acciones. 

"Tenemos un listado de las causas que eran objeto de seguimiento por parte de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del anterior CNJ, que era la que se dedicaba a perseguir desde esa entidad".

Una de las razones de la cesación del CNJ anterior fue la vinculación de sus integrantes al Ejecutivo de Rafael Correa como ministros y funcionarios. ¿Han encontrado pruebas de que, efectivamente, la justicia estuvo al servicio del correísmo?

Se han encontrado indicios de que sí hubo manipulación de la justicia con fines de persecución política. Se va a instalar el 14 de agosto una Mesa de Víctimas para discutir la forma en la que jueces y fiscales fueron instrumentales al correísmo con fines de persecución en contra de disidentes políticos, periodistas y opositores. Tenemos un listado de las causas que eran objeto de seguimiento por parte de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del anterior CNJ, que era la que se dedicaba a perseguir desde esa entidad. Quienes en su momento ejercimos la profesión durante el correato sabíamos que había una manipulación del aparato judicial desde el Ejecutivo, pero ya demostrarlo era muy complicado. Se debe exigir que haya responsabilidades penales para quienes participaron en esos actos. 

Pero eso no rehabilitará a quienes fueron condenados por supuestas injurias, daños morales y otros procesos que el Gobierno de Correa ganaba rápidamente en todas las instancias ¿qué se puede hacer en esos casos?

Eso no nos corresponde como CNJ, pues no podemos revisar las causas judiciales. Quién sí tendría la capacidad de tomar una decisión es la Asamblea Nacional. Cuando tengamos un informe lo compartiremos con otras instancias del poder público para que tomen una decisión sobre cómo podrían reparar a esas personas.