Felipe Burbano de Lara
El gobierno de Lenín Moreno no logra definir un programa económico que anuncie claramente de qué modo el Ecuador saldrá de esta suerte de limbo al que fue llevado por la Revolución Ciudadana. En la fase final del gobierno de Correa, la estrategia consistió en aguantar el modelo mediante un agresivo endeudamiento. Eso le permitió disimular la crisis para que Alianza PAIS pudiera ganar las elecciones, mientras se dejaba al siguiente gobierno la tarea dura del ajuste. El encubrimiento de la estrategia llevó a la famosa frase de la mesa servida: la incapacidad de Correa y la revolución de aceptar que el modelo del gasto público y el activismo estatal había llegado al límite.
Lenín Moreno ha desnudado parcialmente la tesis de la mesa servida. Parcialmente porque mientras él ha dicho que el gasto durante el gobierno anterior fue irresponsable y dispendioso, produjo un sobreendeudamiento y condujo al límite de la inviabilidad, su ministro de Economía ha mostrado siempre una postura menos crítica y más cautelosa frente al legado correísta, del cual es parte en calidad de asesor del Banco Central. De la Torre se ha mostrado partidario de buena parte de los lineamientos seguidos durante los últimos diez años. ¡Con esos ministros –podríamos decir– para qué enemigos! El propio Correa citó alguna declaración de De la Torre para presentar a Moreno como alguien que mentía sobre la herencia económica. Las políticas anunciadas hasta ahora por el Gobierno parecieran mostrar que la visión del ministro se impone sobre la de Moreno, que el ajuste será muy gradual –como muestra la proforma para el 2018– y que pese a los anuncios y mesas de concertación con los empresarios, pocas acciones se orientan a estimular la inversión y producción privadas.
Lo que no sabemos bien es si lo anunciado por el Gobierno son simplemente acciones temporales para no dañar el escenario político mientras llega la consulta y se logra el objetivo principal definido por Moreno: resolver la transición con la exclusión de Correa del horizonte político. Si es tan solo una política de aguante, entonces podríamos pensar que la economía entró en un segundo limbo condicionada por las urgencias políticas de los gobernantes, y que luego vendrán las definiciones. Mientras la transición no se resuelva, el objetivo será mantener unos equilibrios precarios, sin castigar mucho a ningún sector ni tampoco favorecerlo. Con los 2.500 millones de dólares obtenidos a través de la última emisión de bonos –la tercera del año– el Gobierno resolvió sus angustiantes problemas de caja por unos meses.
Sobre la economía, sin embargo, pesa un dilema difícil de resolver para el nuevo gobierno: sostener lo alcanzado por la Revolución Ciudadana en términos de conquistas sociales y redistribución del ingreso. Varios estudios muestran que esos logros se debieron más a la bonanza fiscal que a cambios estructurales duraderos. Si no se encuentra un mecanismo sustituto al activismo fiscal en la economía, esas conquistas se perderán irremediablemente (como de hecho está ya ocurriendo con un rebrote de la pobreza y el desempleo). Las luchas políticas, la ambigüedad del Gobierno y los miedos a dañar las conquistas sociales de la última década mantienen a la economía en un largo limbo, a no estar viva pero tampoco muerta. (O)
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