DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Diego C. Delgado Jara

¡A regañadientes, acorralados por las evidencias llegadas desde Brasil y de los Estados Unidos, determinadas autoridades de la Administración de Justicia, a la larga y a la cansada, han aceptado sindicar por alguna responsabilidad menor al vicepresidente en funciones, quien gana en la cárcel miles de dólares de su remuneración por unas supuestas vacaciones a si mismo concedidas, con su guardia de seguridad dentro del mismo recinto carcelario! ¡Esta realidad macondiana, que no se le podía ocurrir ni siquiera al propio Gabriel García Márquez, transcurre en el Ecuador de nuestros días en una cotidianidad que ya nada sorprende!

¡Quienes han denunciado las grandes irregularidades contra el patrimonio público, como Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez o Galo Lara, han sido enjuiciados, perseguidos, encarcelados, y hasta llevan grillete electrónico, en tanto los responsables de la delincuencia organizada controlan a su gusto y capricho las más importantes funciones y entidades de la República!

El caso Odebrecht no es ni la mitad del uno por ciento de los perjuicios en el sector petrolero. Los iniciales USD 33,5 millones entregados por la compañía brasileña como coimas, a las autoridades del Ecuador, resulta un monto pequeñísimo en el mar de corrupción generalizada del régimen de Rafael Correa y Alianza País. Empero, han pretendido negar estas responsabilidades a pesar de las evidencias de todo género recabadas por las autoridades judiciales de Brasil y Estados Unidos. Gran parte de la información y documentos habían llegado al país el 3 de febrero del 2017 cuando Fiscal General era Galo Chiriboga y se lo guardaron conforme lo ha evidenciado la prensa independiente.

Lo que nos preguntamos la mayoría de ciudadanos, sobre todo, son tres aspectos: Primero: ¿Qué van a realizar con el principal responsable del manejo absoluto del país durante la última década, Rafael Correa, el jefe y nominador de Jorge Glas, el supervisor de todo lo realizado en el área estratégica del país y quien coordinó la contratación de la obra pública, sin ninguna fiscalización? Segundo: ¿Cómo el pueblo ecuatoriano recuperará el dinero sustraído y que alguna gente estima supera los 48.000 millones de dólares, monto colosal que hoy tanto se necesita? Tercero: ¿Cuándo se iniciarán las acciones legales que en verdad corresponden por los delitos mayores que todavía no se han abordado?

Recordemos que la Asociación Ilícita (Art. 370 del COIP), es un delito de menor relevancia, cuyo tope de la pena es de cinco años de prisión. Los delitos cuya investigación seria y nada condescendiente debe iniciarse con absoluto rigor son los siguientes: Delincuencia Organizada (Art. 369 del COIP), Peculado (Art. 278 del COIP), Enriquecimiento Ilícito (Art. 279 del COIP), Cohecho (Art. 280 del COIP), Concusión (Art. 281 del COIP), Tráfico de Influencias (Art. 285 del COIP), Testaferrismo (Art. 289 del COIP), Lavado de Activos (Art. 317 del COIP), entre otros.

La presente generación no puede ser motivo de burla y escarnio. Las próximas generaciones nos juzgarán a nosotros. ¡La impunidad organizada jamás la debemos tolerar o admitir!