Quito
El Colegio de Abogados de Pichincha y la organización no gubernamental Fundamedios presentaron ayer una denuncia penal en la Fiscalía contra el superintendente de Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, por el supuesto cometimiento del delito de “uso de documento falso”, luego de que este “arreglara” un inciso de la Ley Orgánica de Comunicación sobre la divulgación de música nacional, con el que se sancionó a once radios.
El organismo imprimió 300.000 leyes de bolsillo en las que se observa la corrección del segundo inciso de la transitoria sexta de la ley, que expresa que la gradualidad para la difusión de los contenidos musicales se cumplirá según el “artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta ley, empezando con el 20% en el primer año, 35% en el segundo y 50% en el tercero”.
Sin embargo, lo correcto es el artículo 103, sobre la “difusión de los contenidos musicales”, pues el 102 se refiere al fomento de la producción nacional.
Según los denunciantes, la autoridad habría incurrido en el delito tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se refiere a la “falsificación y uso de documento falso”.
Ramiro García, presidente del gremio de juristas, aseguró que este es un delito a la fe pública, por el que la “sociedad civil no vamos a permitir que quede en la impunidad, esto amerita una denuncia penal”, subrayó.
César Ricaurte, director de Fundamedios, insistió que la norma se utilizó de “forma fraudulenta”, por lo que se requiere de una “acción penal, aparte de las responsabilidades políticas”, que decida la Asamblea, que le solicitó información a Ochoa.
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