EL IMPOTENTE RAFAEL Y LAS ORGANIZACIONES POPULARES

EL IMPOTENTE RAFAEL Y LAS ORGANIZACIONES POPULARES

Atrás quedó la proclamada Revolución Ciudadana que reivindicaba los intereses de la juventud, los trabajadores y los pueblos del Ecuador que se legitimaron en la Constitución de Montecristi, cuyos contenidos son el producto del desplazamiento temporal de las fuerzas políticas tradicionales oligárquicas y de movilización social-popular que alcanzó significativas posiciones en los articulados democráticos[1].

La derechización del régimen no sólo significó las contra-reformas inmediatas de la Constitución, sino su progresiva vinculación con los monopolios económicos, las transnacionales expoliadoras de la riqueza nacional y la renegociación de la dependencia con diferentes imperialismos (especialmente el chino).

Esta traición expresa al proyecto político original, mereció inicialmente desde varias organizaciones sociales, populares y políticas la exigencia del cumplimiento gubernamental de las promesas electorales y posteriormente la oposición al ejercicio del poder disonante con respecto a su discurso demagógico.

Desde entonces la acción del gobierno con respecto a las organizaciones sociales y sindicales legitima una escalada de prácticas con rasgos fascistas. La criminalización de la protesta, la instrumentación del control y la vigilancia, la proscripción de la opinión no oficial, la división de organizaciones de masas críticas, la judicialización (que superan los 700 casos) a representantes de la política de oposición, la creación de sindicatos afines, la promulgación de un inaudito sistema de registro estatal de organizaciones, entre otras, son las acciones que evidencian la prepotencia y autoritarismo del régimen.

Esta práctica política del correísmo es enfrentada por un trascendente proceso unitario que reúne a las principales vertientes del movimiento social (CONAIE, FUT y Frente Popular) y a otros colectivos que desde mediados del año 2014 ha demostrado una capacidad de convocatoria y movilización mayor a la desarrollada por el régimen, con una acertada combinación de formas de lucha que ahora se proyectan a la participación electoral con una alternativa presidencial propia en los comicios de febrero del 2017. En todo este proceso la Unión Nacional de Educadores siempre fue un baluarte.

Precisamente la UNE, con más de siete décadas de luchas acumuladas, pretende ser liquidada por un correísmo al que muchos preludian en su etapa terminal. Desde los liquidacionistas se argumenta que se estarían violando normas por no estar registrados los directivos del sindicato, aunque lo paradójico es que son estos mismos burócratas quienes se negaron a inscribir, por más de una ocasión, a los dirigentes democráticamente electos por el magisterio.

Esta aspiración de terminar con el sindicato más grande del país no es nueva, se remonta a varios gobiernos burgueses e incluso a ilegalizaciones resueltas por la dictadura del Triunvirato militar en mayo de 1977. Sin embargo, debemos aclarar que las actuales aspiraciones liquidacionistas es quizá el momento culmen del conjunto de políticas impuestas al magisterio (evaluación punitiva, confiscación de ahorros de los profesores en el Fondo de Cesantía, sumarios administrativos y despidos a dirigentes, una jornada laboral regentada por la visión escuela-empresa, un modelo educativo antidemocrático e inconexo de la realidad concreta del país; etc.) por el actual gobierno.

Mientras el oficialismo trata de liquidar a la UNE con carencia de argumentos constitucionales y legales, por otro lado promueve a la Red de Maestros por la Revolución Educativa como los legítimos representantes de las aspiraciones de los docentes; para ello la retórica presidencial maniqueísta de buenos-malos, de excelencia-mediocridad está al orden del día y se replica a otros segmentos sociales.

El liquidacionismo trata de imponerse con gases, toletes y escudos de grupos élite de la policía, además confirma la hipótesis que se busca ensayar un Estado corporativo que reglamente, legalice y legitime a organizaciones sociales, académicas, económicas o populares en busca de forzar una base de apoyo político y electoral que permita sostener al correísmo en el poder.

El fascista Mussolini, a propósito del Estado corporativista italiano lo caracterizaba como “«una sociedad que funciona con la armonía y precisión del cuerpo humano; así pues, todos los intereses e individuos se subordinan al objetivo supremo de la nación>>” (Visedo Muñoz, 1996). Esta definición no dista de la retórica del correísmo que alude a los sagrados intereses de la Patria para someter y disciplinar a los disidentes de su proyecto político. Una última coincidencia; mientras en el Estado corporativo de Mussolini se prohibían los sindicatos no fascistas como representantes legítimos de los trabajadores, la UNE fue calificada desde Carondelet como oposición torpe y mediocre que se opone a la revolución educativa y se le endilgó una aparente falta de representatividad.

En fin no sólo se trata de la defensa de la UNE, que es justificada porque sus miembros no conocen la geometría de las rodillas dobladas; sino de la vigencia de la organización social y popular en general, del derecho a opinar distinto, del derecho de resistir y rebelarse ante un poder despótico y autoritario cada vez más débil.

A través de la fuerza harán suyos los bienes de los maestros, pero ¿podrán liquidar el desprecio popular al correísmo? ¿podrán seguir diciéndose gobierno democrático? En las urnas el pueblo juzgará a un mal gobierno que tiene los días contados.

[1] Algunos artículos originales de la Constitución de Montecristi (2008) fueron conseguidos por la movilización organizada del pueblo, incluso sobrepasaron la propia voluntad del presidente Correa que no suscribía algunas reivindicaciones como: la gratuidad de la educación superior, el incentivo a la jubilación al magisterio o la declaratoria de país libre de cultivos transgénicos; etc.

Bibliografía
Visedo Muñoz, J. (1996). El estado corporativo. Panta Rei, 70.

Lcdo. Francisco Escandón Guevara
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