De la asfixia correísta no se salva nadie

Publicado en agosto 9, 2016  en Columnistas/Las Ideas  por María Dolores Miño

El ataque del gobierno a la Andina no es una cuestión casual o meramente de dinero. Cierto es, en estos tiempos de vacas flacas el correísmo ha querido subsanar los efectos de su despilfarro de las formas más originales e indolentes posibles, y el hecho de que quiera retirar el aporte que por ley debe otorgar a esta institución y a la Flacso seguramente tiene que ver con esto. Especialmente si se toma en cuenta que, además, tiene que mantener la mentira de que esos elefantes blancos llamados Yachay e IAEN realmente funcionan y son rentables.

Pero no se trata solo de dinero. El ataque a la Andina está más relacionado, creo yo, con el afán del gobierno de apagar cualquier chispa de pensamiento crítico, técnico, libre e informado en el país. Para el correísmo, la divergencia no es tolerable ni permisible. Solo hay cabida para quienes repiten, sin mayor análisis y cuestionamiento, lo que venga de quienes están en Carondelet o tienen sus favores.

Esto no es nada nuevo; de hecho, ha sido el modus operandi del correísmo desde sus albores. Primero, los ataques fueron a los periodistas críticos a través de la persecución judicial: ya sea con la amenaza de cárcel, sanciones civiles exorbitantes o asegurándose de que sean despedidos de los medios donde trabajan, progresivamente nos fuimos quedando casi sin referentes sólidos de periodismo crítico que no tema enfrentarse con el gobierno. Pero la ciudadanía permaneció mayormente callada. Porque, desafortunadamente, nadie parece dolerse cuando la injusticia la sufren otros.

Luego fueron los diarios, canales y emisoras radiales, a través de la inconstitucional Ley de Comunicación y su mecanismo inquisitivo de imponernos hasta lo que, según la Supercom, debe ser moral o gracioso. De multa en multa, de proceso en proceso, han ido mermando la capacidad de muchos medios de seguir informando como antes. No solo porque están económicamente afectados sino porque el tiempo que destinan para defenderse de los procesos del gobierno casi no les da oportunidad para hacer coberturas o escribir artículos de opinión. En pocas palabras, no les dejan trabajar en paz. Posiblemente el caso más indignante sea el de Diario La Hora, sobre el cual han caído más de veinte procesos administrativos solo por ejercer su derecho legítimo de difundir información de relevancia pública. Pero claro, en estos casos la ciudadanía tampoco protesta mucho, porque la mayoría no se duele sino cuando le tocan el propio bolsillo.

Y cómo olvidarnos de las organizaciones de la sociedad civil, paralizadas ante las disposiciones del Decreto 16 (ahora, Decreto 739). Bajo esta norma, catalogada de contraria a los estándares básicos sobre libertad de asociación y expresión a nivel internacional, se cerró Fundación Pachamama, se amenazó con la misma medida a Fundamedios, y ahora se ha iniciado un proceso similar contra la Unión Nacional de Educadores. ¿Qué fue lo que hicieron estas organizaciones para merecer medidas tan severas?  Participar y opinar sobre asuntos de interés público y criticar las acciones del gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, figúrense. Así, algo que debería ser protegido en cualquier Estado medianamente democrático, en Ecuador es causal de sanción administrativa y hasta disolución.  Los ciudadanos, salvo unos pocos, ante estos ataques no han dado mayores muestras de indignación o rechazo.

Ya sin periodistas, medios y ONGs que le hagan mella al Estado, les toca el turno a las universidades, empezando con la UASB. No les voy a quitar su tiempo analizando los argumentos estatales acerca del mecanismo de elección del rector, o de la asignación de recursos a esa institución, porque creo que no son más que leguleyadas que sirven para ocultar las intenciones reales de esas medidas: eliminar voces críticas y tomarse, posiblemente, ese espacio como otro bastión ideológico de APs. Y cuando digo espacio, no me refiero solo a la UASB sino a la academia ecuatoriana en general.

A efectos de entender lo importante de este asunto, debemos recordar que la libertad de expresión se ejerce también en las aulas y se manifiesta incluso en la posibilidad que cada universidad tiene de elegir las materias que oferta, los docentes que contrata, sus mecanismos de participar en asuntos de interés público y la manera como difunde ideas y opiniones a través de la generación de espacios de debate e investigación. Las universidades, al igual que los periodistas, los medios y las ONGs, tienen la capacidad de generar ideas e influir en la formación de la opinión pública. De ahí la necesidad de protegerlas de injerencias, ataques y cualquier otra medida que entorpezca el ejercicio de estas libertades.

Todos quienes están en el ámbito universitario han presenciado, en mayor o menor medida, un creciente clima de asfixia desde un gobierno cuyo objetivo parece ser burocratizarlo en un mar de requisitos, normativas, procedimientos y papeleos que, por momentos, ha parecido insuperable. Porque claro, nada es mejor que una burocracia para ahogar la creatividad, la iniciativa y el pensamiento propio. Y si eso no fuera suficiente, ahora varias universidades privadas afrontan acusaciones del gobierno de tener capitales en paraísos fiscales. Un ataque burdo, ciertamente, pero con un fin claro de debilitar, deslegitimar y entorpecer su labor educativa. No puedo evitar preguntarme si esas acusaciones no serán usadas eventualmente como pretexto para desaparecer estas instituciones o cooptarlas.

Llámenme pesimista, pero creo que el caso de la Andina es simplemente el primero en una serie de acciones con las que el gobierno pretenderá hacer con  la academia lo que ya hizo con periodistas, medios y ONGs: silenciarla.  La pregunta ahora es: ¿qué vamos a hacer como ciudadanos ante estos nuevos ataques que tienen la potencialidad de mermar nuestro derecho a elegir el tipo de educación que queremos tener o dar a nuestros hijos? El primer paso es no olvidarnos de la UASB, y entender el problema a partir de las consecuencias que podría tener no solo para quienes trabajan o estudian ahí, sino para la academia ecuatoriana en general. No es solo necesario decir #AndinaResiste sino, sobre todo, #AcademiaResiste.