Comunicadosago 8, 2016 91
Bajo el argumento de que se trata de datos de carácter personal, la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel) negó a Fundamedios la entrega de copias de los expedientes de los postulantes al concurso de frecuencias, por el cual está en juego el 65% de todas las frecuencias de radio y TV del país. Negó además, por segunda vez, el ingreso de un observador al lugar en el que se están verificando las carpetas de los concursantes.
Estas acciones de Arcotel confirman que este proceso no es ni transparente ni público, como manda la Ley, y restan toda la legitimidad que un concurso de esta envergadura debe tener. El panorama actual es que las carpetas de un concurso supuestamente público se califican a puerta cerrada y hasta el momento no se conoce quiénes son los concursantes ni por qué frecuencias participan. La restricción a los derechos ciudadanos al acceso a la información pública, así como al control social y a la fiscalización de todo acto del poder público, es una clara violación a la Constitución, a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
El 3 de agosto, más de un mes después de ingresada la solicitud, Arcotel respondió con esta nueva traba al acceso a la información. Fundamentan su negativa en el artículo 66, numeral 19, de la Constitución, que señala que el Estado deberá garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal, dejando de lado los derechos antes señalados protegidos por normas constitucionales y legales. Absurdamente señalan que, para entregar la información de los concursantes, Fundamedios debe presentar “las autorizaciones otorgadas por cada participante que permita determinar que los mismos están de acuerdo con que se entregue copias de los expedientes entregados por ellos”, requisito por demás ilógico cuando Arcotel ni siquiera ha hecho pública la lista de postulantes.
El mismo 3 de agosto, en respuesta a otro oficio de Fundamedios, Arcotel también negó el ingreso de un observador ciudadano delegado por nuestra organización para que pueda observar in situ el trabajo de calificación de expedientes. Lo hizo desconociendo la Constitución y la Ley, bajo el argumento de que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tiene la atribución de normar y acreditar los observatorios y veedurías.
La semana pasada, Fundamedios dirigió una carta a la directora de Arcotel, Ana Proaño, en la que le recuerda las obligaciones constitucionales y legales de transparentar la información y permitir los procesos de observación ciudadana garantizados en leyes orgánicas.
La Constitución ecuatoriana, en su artículo 61, numeral 2, garantiza el derecho de los ciudadanos a “participar en los asuntos de interés público”, sin que las instituciones públicas deban calificar ni imponer ningún requisito adicional para su cumplimiento, y en el numeral 5 consagra también como un derecho ciudadano el de “fiscalizar los actos del poder público”.
El artículo 17, numeral 1, de la Constitución, establece que el Estado “garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico” (el subrayado es mío). Finalmente los artículos 108, numeral 2, y 110, de la Ley Orgánica de Comunicación señalan que la adjudicación de frecuencias para medios comunitarios y privados se hará “mediante concurso público, abierto y transparente” (el subrayado es mío).
Las trabas para el acceso a observadores y el no permitir la vigilancia ciudadana sobre el proceso, es claramente ilegal e inconstitucional. El hecho de que, luego de 38 días de cerrado el plazo para la entrega de los proyectos, no se haya permitido ningún acto de observación ciudadana arroja sombras adicionales sobre un proceso ya deslegitimado por la falta de transparencia, las motivaciones políticas y la ambigüedad en el reglamento que rige el Concurso, tal como lo hemos denunciado públicamente.
Pero, aparte de las claras violaciones constitucionales y legales que se están cometiendo, las autoridades de Arcotel faltan a su propia palabra, empeñada públicamente en varias entrevistas de radio, afirmando que se abrirían las puertas de la institución para que los ciudadanos supervisemos el concurso y que se daría facilidades para que las veedurías ciudadanas se establezcan.
El Reglamento y las Bases aprobadas por Arcotel para este concurso no señalan en ninguna parte que la calificación de los postulantes se hará a puerta cerrada, por lo que esta disposición de impedir a los ciudadanos observar el concurso viola claramente la Constitución y la Ley. Es más, el artículo 1 de las bases del concurso señalan que el objetivo de este proceso es “garantizar la asignación de 1.472 frecuencias (…) mediante la aplicación de métodos transparentes que permitan el acceso a los mismos en igualdad de condiciones”.
Tal como se está llevando a cabo este concurso, no es público, abierto ni transparente como manda la Ley. Por todas estas razones, Fundamedios reitera la necesidad de que de forma inmediata se proceda a permitir la vigilancia ciudadana, facilitando el ingreso a las instalaciones de Arcotel a los ciudadanos que quieran verificar el proceso de calificación de cada uno de los postulantes dentro del concurso de frecuencias. De no ser así, tanto los directivos y funcionarios de la Agencia, serán responsables de las posibles violaciones a la Constitución y las Leyes que se cometan.
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