El observador

Desde el 16 de agosto, Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado, dio inicio a la indagación previa por la denuncia en contra de Carlos Ochoa, Superintendente de Comunicación, por el supuesto delito de falsificación y uso de documento falso. Esto tras la polémica por la impresión de 300 000 leyes de comunicación de bolsillo, por parte de la Supercom. Estos documentos se produjeron, según Ochoa, con un error de transcripción. En la transitoria sexta se escribió que la gradualidad de los contenidos musicales se sancionará con base en lo establecido en el artículo 103 de la norma, lo que es correcto. Pero, en el Registro Oficial dice que esto se normará con el artículo 102. Aunque la corrección era pertinente, el cambio en leyes solo es potestad de la Asamblea Nacional. Además, los denunciantes: entre ellos el Colegio de Abogados de Pichincha; mencionan que en base a este error de transcripción se ha sancionado a varios medios radiales en los últimos dos años. Sin embargo, en respuesta a este Diario, la Supercom aseguró que “no ha planteado ningún proceso administrativo por el incumplimiento de la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica de Comunicación” sino por el artículo 103 y que en caso de que los sancionados no estén conformes, pueden acudir a las instancias respectivas para apelarlo. En el documento que determina el inicio de la indagación previa, divulgado por Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, en su cuenta de Twitter, se solicita a la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) remitir información relacionada al caso. Copias certificadas de la acción de personal de Carlos Ochoa, toda la documentación relacionada a procesos administrativos en que se haya sancionado el incumplimiento de la transitoria sexta. Además, la Fiscalía solicita a Diario El Universo la grabación de una entrevista realizada a Carlos Ochoa y que fue publicada los días 4 y 11 de julio. Esta documentación debe ser presentada hasta hoy, 24 de agosto, en la Fiscalía. Las partes acusada y acusadora deberán dar sus versiones ante el órgano judicial. Ochoa fue citado para el jueves 1 de septiembre a la misma hora. El supuesto delito del que se acusa a Ochoa se basa en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla el delito de falsificación y la sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años.