Estado vs periodista: ¿quién lincha a quién?

Publicado en agosto 19, 2016 en Columnistas/Las Ideas por María Paula Romo

El SERCOP denuncia a Janeth Hinostroza y Teleamazonas de concertar (¿?) para difundir información que lo afecte, cometiendo así lo que la legislación ecuatoriana denomina “linchamiento mediático”. La SUPERCOM le ha dado la razón al denunciante y ha sancionado al canal y a la periodista.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) es una institución estatal encargada de las compras públicas en el Ecuador. Para el año 2016 tiene asignado un presupuesto de algo más de US$9’200.000,00. Su director, el economista Santiago Vásquez Cazar, tiene el apoyo de 8 asesores directos (en diciembre del 2015 eran 4). La institución cuenta con 430 funcionarios además del director.

Janeth Hinostroza, un nombre y un rostro familiar para los ecuatorianos. Periodista con más de 20 años de experiencia. Tuvo ya un fuerte enfrentamiento con el gobierno –que la hizo retirarse un tiempo de pantalla- por haberle dado seguimiento al crédito otorgado por COFIEC de forma irregular al señor Gastón Duzac. El tiempo le dio la razón, sus sospechas fueron ciertas y hoy existe un proceso penal (nadie ha sido sancionado) sobre ese caso. El Comité para la Protección de los Periodistas le entregó en el 2013 el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. Este año, fue invitada al Festival de Cannes por su documental “Nelson Serrano, soy inocente”, la historia del ecuatoriano condenado a pena de muerte en la Florida.

Durante los últimos seis meses, en su programa de entrevistas y opinión en Teleamazonas, Hinostroza le dio seguimiento a un delicado caso: la producción y compra de medicamentos, y la calidad de estos productos que son entregados principalmente en el sistema público de salud. El asunto no es menor y con él se relacionan: las denuncias sobre los resultados en el uso de determinados medicamentos genéricos, una compra directa de 290 millones de dólares –incluida cláusula de confidencialidad de todos los elementos del contrato-, las condiciones para convocar una nueva subasta inversa, y el fracaso de la iniciativa gubernamental con la Empresa Pública de Fármacos, hoy en proceso de liquidación.

Sobre estos temas Hinostroza realizó 15 entrevistas distintas a lo largo de medio año. El SERCOP aduce que no fueron consultadas suficientes fuentes oficiales. No considera oficiales al ex gerente de la Empresa Pública o a ex ministros de salud: fuente oficial es aquella que defiende a rajatabla la postura de gobierno, punto. La entidad estatal con 430 funcionarios y casi diez millones de dólares de presupuesto, acusó a la periodista y al canal de televisión de “linchamiento mediático” por difundir “información lesiva al prestigio y la credibilidad” del Servicio Nacional de Contratación Pública. La SUPERCOM le dio la razón, Hinostroza y Teleamazonas fueron sancionados. Se les ordenó pedir disculpas públicas y en el caso de la periodista “se le previene de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas periodísticas. Se le exhorta también a abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que van en contra de lo estipulado en la Ley de Comunicación”.

La figura de “linchamiento mediático” no tiene parámetro de comparación en la legislación de ningún país; su particularidad, que roza el ridículo, fue ampliamente defendida por los legisladores de gobierno como un mecanismo para proteger al ciudadano común frente al poder de la prensa que podría desprestigiar a una persona dada su desigualdad de condiciones para difundir determinado mensaje. Con tres años de vigencia de la ley, esta es la segunda sanción con esa figura. La primera, también contra Teleamazonas, fue solicitada por Luis Chiriboga que se sintió afectado por los comentarios realizados en un programa deportivo. El entonces presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hoy se encuentra bajo arresto domiciliario y procesado penalmente por lavado de activos.

El Estado no puede ni debe utilizar el sistema para defenderse a sí mismo, no es titular de derechos fundamentales, no requiere garantías de reputación; al contrario: el Estado y sus funcionarios están obligados a rendir cuentas, a someterse a un nivel de escrutinio muy superior al de un ciudadano común. La “institución” del linchamiento mediático es ridícula, usarla para proteger al Estado de los legítimos cuestionamientos de la prensa y la ciudadanía es un absurdo y un abuso.

¿Para quién trabaja la SUPERCOM? ¿Quién lincha a quién? ¿Quién debe pedir disculpas? A pesar de los esfuerzos por silenciar las investigaciones y las críticas, parece ser que el tiempo nos ayuda a responder estas preguntas.