Rafael Correa
propone crear corte Latinoamericana de Derechos Humanos
AP
Quito
El presidente ecuatoriano propuso el
sábado crear una Corte Latinoamericana de Derechos Humanos, a partir de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, a fin de
poder olvidarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en
Washington.
En
su tradicional cadena radial de los sábados, Rafael Correa expresó:
"Está todo puesto para tener nuestro propio sistema de los derechos
humanos porque básicamente... la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,
es corte Latinoamericana de los Derechos Humanos, porque Estados Unidos y
Canadá, países anglosajones, no la han reconocido".
"No tengo por qué ocultar
nuestra ideas. Creemos que ese sistema en decadencia de la Organización de
Estados Americanos, ese sistema interamericano dominado por Estados Unidos, es
mucho más difícil corregirlo que reemplazarlo por algo nuevo, además que lo
conveniente es tener nuestro propio sistema, un sistema latinoamericano",
agregó.
Destacó que en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos están los mejores jurisconsultos de toda
América Latina, "especialistas en derechos humanos, elegidos tras
escrutinios muy rigurosos... Ellos sí juzgan y sus sentencias son de
obligatorio cumplimiento en los países que hemos ratificado el Pacto de San
José, 23 de los 35 países".
"Quieren posicionarnos como si
estuviéramos en contra de los derechos humanos. Estamos en contra de un sistema
dominado por países hegemónicos y con graves contradicciones, insostenibles,
impresentables", añadió.
Esta semana, durante la Cumbre de la
Celac, Ecuador donó un millón de dólares a esta Corte.
Acerca de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, con sede en Washington, aseveró que "no es jurídica
ni nada. Muchos de ellos, con contadas excepciones, van y vienen de fundaciones
gringas de la misma argolla de ONGs, trabajan con una ligereza total, sin apego
a los convenios internacionales, con filosofía de kermese (fiesta) de
barrio".
Opinó que aunque esa comisión tiene
el deber de defender los derechos humanos, "se ha vuelto una primera
instancia de juzgamiento y da medidas cautelares, para lo cual no tiene autoridad.
Se ha convertido en una comisaría recibiendo casos de toda índole".
Agregó que Estados Unidos, algunos
países y ONGs europeas financian a la comisión para que "controlen a
otros".
Ecuador ha mantenido serias
divergencias con la Comisión y especialmente con la relatoría de libertad de
expresión, debido a que en esos organismos se han multiplicado las denuncias
por presuntos abusos cometidos por el gobierno de Correa en este país sudamericano.
El presidente ecuatoriano, que se
define como socialista del siglo 21, se encuentra en el poder desde enero de
2007 y si no se presenta a la reelección debe terminar su mandato actual en el
2017.
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