La
difusión de los hechos que se suscitaron el 30 de septiembre de 2010 (30-S),
durante la toma del Regimiento Quito No. 1, deberán investigarse para
determinar si la cobertura de los medios de comunicación y otros mecanismos que
se utilizaron fueron o no ejecutados con premeditada planificación.
Al
hacer la descripción del hecho presuntamente punible, en la audiencia reservada
de formulación de cargos a 89 militares de las tres ramas de las FF. AA.,
realizada el pasado 13 de enero, el Fiscal expuso que el 30-S se suscitaron una
serie de incidentes de connotación pública, alusivos a la insurrección de
ciertos elementos policiales, a propósito del advenimiento de reformas legales
que transformarían algunas disposiciones inherentes a ascensos, condecoraciones
y otros detalles de índole salarial que, a decir de sus detractores, afectaban
sus derechos adquiridos.
Dijo
que en primera instancia se originó la toma del Regimiento Quito, donde
paralelamente el presidente, Rafael Correa, explicaba el espíritu de las reformas,
ásperamente cuestionadas por los elementos policiales allí presentes, dicho
malestar fue difundiéndose a otros ámbitos, gracias a la cobertura de los
medios de comunicación y otros mecanismos que deberán determinarse si fueron o
no ejecutados con premeditada planificación.
Coyuntura
El
martes, durante la ceremonia de relevo del Comandante General de la Marina, el
presidente de la República, Rafael Correa, responsabilizó a la prensa por una
supuesta campaña de desinformación sobre el contenido de la Ley Orgánica de
Servicio Público, que fue la causa principal para la revuelta policial del
30-S.
“¿Quiénes
fueron los que hicieron esa campaña de desinformación? ¿dónde están? son las
preguntas que deberían responderse”, dijo el mandatario, quien agregó que
“cierta prensa hace mutis por el foro, saben que sus micrófonos y tinteros
hicieron correr sangre inocente”.
Este
tema también fue abordado por el exjefe del Comando Conjunto de las FF. AA.
Ernesto González, quien en su libro ‘Testimonio de un Comandante’ sostiene que
la vida del Presidente estaba en peligro y que no podía salir del Hospital de
la Policía Nacional, pero cuestiona la figura del secuestro.
En
una entrevista con Ecuavisa preguntó: “¿yo no sé si una persona que estaba
secuestrada podía llamar por teléfono, dar ruedas de prensa, dar disposiciones?
Por eso mi libro está basado en hechos”. Además, asegura en el texto que no se
trató de un intento de golpe de estado. (LC)
El caso
° En
la audiencia reservada se trató lo ocurrido en las instalaciones del complejo
Ministerial ‘La Recoleta’ (Ministerio de Defensa), donde se generaron desmanes
por parte de ciertos elementos militares y servidores civiles pertenecientes a
las tres fuerzas militares. Para el fiscal Iván Ron, no se trató de una simple manifestación
atribuible a la inconformidad salarial, la ilicitud extrema, estriba en que la
generación de estas manifestaciones se desarrolló y ejecutó en el Ministerio de
Defensa.
Mi
opinión
en 30 segundos
Diego Cornejo
Presidente de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep)
en 30 segundos
Diego Cornejo
Presidente de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep)
‘Acusación
temeraria’
° El
Presidente de la República está acusando a los medios de comunicación de
fraguar un golpe de Estado y de sentar un magnicidio.
Nos
llama la atención que en lugar de responder las argumentaciones del general
(Ernesto) González, el Presidente acuse a los medios de comunicación, es una
acusación temeraria.
No
hay ninguna prueba que fundamente la aseveración del Presidente. Es una
declaración muy general que no señala a ningún medio de comunicación. Fue
irresponsable lo que dijo.
El
día de los hechos estuvimos censurados porque el Presidente decretó estado de
excepción. Los días previos, los medios hacían su trabajo normal,
informar los hechos que venían ocurriendo en el país. Si se toparon temas de
seguridad fueron dentro de la agenda normal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario