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Misteriosamente
desaparecen contenidos de perfiles en Facebook, canales de vídeo en YouTube y
cuentas de Twitter
Author(s):
José Miguel Vivanco y Eduardo Bertoni
Published in:
¿Qué tienen en común una ley de
propiedad intelectual estadounidense, una firma española y la libertad de
expresión en Ecuador? Más de lo que uno podría imaginar.
En el último año, varios
ecuatorianos han visto cómo misteriosamente desaparecieron contenidos de sus
propios perfiles en Facebook, canales de vídeo en YouTube o cuentas de Twitter.
Los contenidos que se esfumaron tratan sobre una amplia gama de temas. Sin
embargo, tienen un sólo elemento en común: critican, ridiculizan o dejan en
evidencia al Gobierno ecuatoriano.
Por ejemplo, en septiembre,
inmediatamente después de que la Policía Nacional reprimiera violentamente a
manifestantes en Quito, Facebook eliminó de la cuenta personal de un ciudadano
ecuatoriano un enlace a un vídeo con imágenes compiladas de abusos policiales
presuntamente cometidos durante las protestas. El vídeo contenía imágenes y
grabaciones de audio del presidente Rafael Correa, extraídas de su programa
semanal en el canal público de televisión, en las cuales felicitaba a la policía
por su actuación.
En abril, la cuenta de Twitter de
Diana Amores, una traductora que habitualmente comparte tuits de contenido humorístico
con sus más de 4.000 seguidores, fue suspendida luego de que en varias
oportunidades Twitter eliminara imágenes que ella había difundido, incluidas
caricaturas. Por ejemplo, Amores había subido una imagen donde se veía a los
personajes de Los Simpson acostados
en el suelo y, en un segundo plano, un televisor que transmitía el logotipo del
programa semanal de Correa. La imagen estaba acompañada por un tuit en el cual
Amores hacía alusión en tono irónico al efecto nocivo del programa.
En octubre de 2013, el cineasta
Pocho Álvarez advirtió que su vídeo Acoso
a Íntag —un documental de nueve minutos sobre la persecución
de una comunidad indígena que se resistía a las actividades de minería en la
región— había sido dado de baja de su cuenta en YouTube. El vídeo contenía
menos de 20 segundos de imágenes con la voz de Correa, durante los cuales se
repetía la frase “Veamos quiénes son los que están causando estos problemas”,
sugiriendo que comunidades locales serían responsables de obstaculizar el
desarrollo en la zona.
Detrás de estos y otros casos, hay
una firma en España que le ha pedido a Facebook, Twitter y YouTube que
removieran los vídeos o las imágenes, alegando que violaban la legislación
estadounidense sobre propiedad intelectual. Si bien autoridades del gobierno
ecuatoriano se han distanciado de estos hechos, las solicitudes para remover
los contenidos indican que la firma española representaba a actores estatales
ecuatorianos, incluidos el canal público de televisión, el partido político
gobernante y un ministerio.
¿Cómo puede ocurrir una cosa así?
En 1998, el Congreso de Estados Unidos promulgó la Ley de Derechos de Autor del
Milenio Digital (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) con el propósito de
combatir las violaciones de estos derechos en Internet. La ley otorga a los
titulares de derechos un sistema expedito de “notificación y eliminación del
contenido” que les permite solicitar a proveedores de servicios en línea, tales
como buscadores o redes sociales en Internet, que eliminen contenidos o enlaces
argumentando que violan derechos de propiedad intelectual; sin necesidad de una
orden o control judicial. Mientras cumplan con estas solicitudes, las compañías
de Internet estarán blindadas frente a cualquier reclamo por su responsabilidad
legal por el contenido que publiquen sus usuarios.
En la práctica, ante un reclamo de
este tipo, las compañías retiran de inmediato el contenido impugnado. Sin
embargo, los usuarios pueden apelar esta censura, y a menudo lo hacen,
invocando el principio de “uso justo” (fair
use), una excepción contemplada por el derecho estadounidense que
permite reproducir materiales sujetos a propiedad intelectual para determinados
fines, como el comentario crítico, parodias, docencia e investigación. En los
casos en que ecuatorianos apelaron la remoción de contenidos, estos en general
fueron restablecidos, pero el proceso puede resultar demasiado engorroso para
aquellos ciudadanos de a pie que simplemente desean que se conozcan sus
opiniones.
En el sistema de la DMCA, el
proceso de restablecimiento de contenidos llega a demorar hasta dos semanas, un
plazo que podría ser decisivo para defensores o periodistas que informan sobre
elecciones o acontecimientos que evolucionan constantemente. Por ello, la
remoción abusiva de contenidos por supuestas violaciones de propiedad
intelectual puede convertirse en una poderosa herramienta de censura en
Internet.
Ante el deplorable récord de
Ecuador en materia de libertad de expresión, este abuso no llama la atención.
De hecho, el presidente Correa elogió el rol de la Policía Nacional luego de
que empleara fuerza excesiva y detuviera arbitrariamente a manifestantes
opositores, adoptó una de las leyes de comunicación más restrictivas de la
región, utilizó normas penales sobre difamación, inició demandas
multimillonarias contra críticos, y lideró una campaña internacional para
desacreditar a la Relatoría Especial de la OEA para la libertad de expresión,
que había cuestionado fuertemente a su gobierno.
Y ahora, el Gobierno encontró una
nueva herramienta para acallar la libertad de expresión en el país. En un
momento en el cual los periódicos, las estaciones de radio y los canales de
televisión ecuatorianos enfrentan cada vez más dificultades para publicar
libremente información crítica, los ciudadanos recurren a Internet, el último
espacio que les queda para obtener, difundir y compartir informaciones y
opiniones. Pareciera que, si fuera por las autoridades, no debería quedarles ni
siquiera eso.
José Miguel Vivanco es
director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch y Eduardo
Bertoni es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo
y exrelator para la libertad de expresión de la OEA.
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