Lo hicieron a través de correos electrónicos, se sabe. Los mensajes enviados funcionaron como tentáculos para que el Poder Ejecutivo utilice el Poder Judicial como una suerte de marioneta. Se enviaban órdenes que, en su mayoría, se cumplieron. Luego de analizar 72 e-mails correspondientes a 23 casos la conclusión es que el sistema judicial se adaptó a las peticiones de altos funcionarios del Gobierno de Rafael Correa. Para ser precisos, se intervino directamente en 10 procesos de dicha muestra.
A fines de agosto de 2017, la periodista venezolana Patricia Poleo publicó en el portal Factores de Poder una serie de mensajes filtrados que se enviaron entre 2010 y 2013; en ellos figuran Rafael Correa, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; la entonces ministra de Justicia y actual secretaria jurídica, Johana Pesántez; la viceministra de Justicia, Carmen Simone; el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh; la presidente de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira; el subsecretario de Justicia, Diego Guarderas…
Autoridades y funcionarios se refirieron a procesos de interés nacional como el juicio a Mery Zamora, expresidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE); a los estudiantes del Central Técnico, a los concursos de Méritos y Oposición para la selección y designación de Jueces y Juezas de la Corte Nacional de Justicia… Es una historia de larga data que debe desmenuzarse para entender su complejidad. De hecho, tras conocerse la filtración de mensajería, el pasado 5 de septiembre, Correa se pronunció al respecto, lo hizo a través de Twitter.
El exPrimer Mandatario escribió “(…) Nos han robado miles de mails, que lo único que demuestran es el cumplimiento de mi deber como presidente…”, afirmando la veracidad de los mismos. Por su parte, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, tampoco negó el intercambio de correos. En rueda de prensa, el funcionario sostuvo que “sí intercambiábamos correspondencia con el Presidente de la República, pero creo que eso no les debería sorprender, lo que les debería sorprender es que no conversen las funciones del Estado sobre temas en el ámbito de su competencia”.
Pero al revisar la información de cada proceso disponible en el sistema de la Función Judicial, se deduce que la comunicación existente no era tan ‘inocente’ como se pretende hacer creer. Al analizar caso por caso saltan a la vista injerencias y la “metida de mano en la justicia” resulta evidente.
Esta es la segunda parte del informe que consta de dos entregas:
Cronología
1) Septiembre 2012
En mayo del 2011, la Corte Nacional de Justicia archivó la denuncia contra Rafael Correa interpuesta por Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes lo acusaron de ordenar la incursión armada en el Hospital de la Policía, durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010. Un año después, en agosto del 2012, la Corte notificó a las partes sobre el proceso de contrademanda instaurado por el exPresidente de la República.
En ese contexto, el 7 de septiembre de 2012 el antecesor de Lenín Moreno redactó un correo para Alexis Mera (secretario jurídico) y Johana Pesántez (ministra de Justicia) que tenía por asunto “Tiene esto alguna posibilidad?”, refiriéndose a la demanda del exasambleísta Cléver Jiménez contra la jueza Lucy Blacio por haber dado paso a su acusación en contra del legislador, sin haber tenido la autorización de la Asamblea para levantar su inmunidad legislativa
La entonces Ministra respondió el comunicado explicando que “no tiene ninguna posibilidad, considerando que la inmunidad legislativa es en ejercicio de sus funciones como legislador, y las tonterías, por decirlo menos, que dijo, no son parte de esa protección, y la jueza actuó por la declaratoria de malicia y temeridad de la denuncia sin sustento que presentó el asambleísta. Estamos monitoreando el tema”. El Secretario Jurídico de la Presidencia también contestó, añadiendo que “TODO ESTÁ BAJO CONTROL!!!! (sic)”.
En abril de 2013, la jueza Blacio condenó a Jiménez y Villavicencio a 18 meses de prisión, y seis para Figueroa. Además ordenó el pago de una indemnización a Correa. En marzo de 2014, la sentencia fue ratificada en casación y regresó a las manos de Blacio, quien emitió orden de captura contra los demandados.
Actualmente Lucy Blacio es viceministra de Justicia.
Ecuador Chequea solicitó una entrevista con Alexis Mera. Vía correo electrónico, el exSecretario Jurídico de la Presidencia manifestó:”no pienso pronunciarme sobre mensajes electrónicos obtenidos con fraude y delictualmente, muchos de ellos falsos”.
2) Septiembre 2012
Durante el Enlace Ciudadano 276, en junio de 2012, Correa dio a conocer la decisión de que ni ministros ni altos funcionarios del Gobierno darían entrevistas a medios de comunicación privados (calificados como “mercantilistas”). En ese contexto, el 5 de septiembre de ese año, Fundamedios y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) presentaron una acción de protección en contra de dicha política pública.
Siete días después, el 12 de septiembre, el exPresidente envió un mail a Alexis Mera con copia a Gustavo Jalkh (presidente del Consejo de la Judicatura) con asunto “?????!!!!!! (sic)”, en el cual incluyó el enlace a una noticia en que se informaba que la jueza Celma Cecilia Espinoza admitió a trámite la acción de Fundamedios. El correo se redirecciona hacia la exministra de Justicia Pesántez quien a su vez consulta con otros funcionarios de esa Cartera sobre el proceso.
El 18 de septiembre, el exMandatario escribe otro correo para Mera y Pesántez, esta vez con asunto “Cómo va esto? No podemos perder!”. Se refiere a que, para ese momento, el juez Paúl Rojas dio plazo de tres días para resolver el pedido de la organización. Pesántez reenvía el mensaje a Diego Guarderas, funcionario del Ministerio, añadiendo “Mira esto… quiero informe urgente!”. Guarderas contesta que ha “hecho gestiones a todo nivel, directo con el juez y con el director provincial (…). Ya hago el informe y te lo paso enseguida”.
Para el 21 de septiembre, el juez Raúl Reinoso negó la acción de protección, bajo el argumento que lo manifestado por el exPrimer Mandatario “no es una política pública”.
3) Marzo 2013
El 18 de marzo de 2013 Correa dirigió un mail a su ministra de Justicia, Johana Pesántez. El mensaje titulado “El caso de los GPS es una BARBARIDAD”, se refiere a la audiencia preparatoria en contra de Ricardo Antón, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), por el presunto delito de peculado por la adquisición de 69.960 GPS.
El proceso se inició en julio de 2012, luego de que la Contraloría presente un informe que concluye que dicha compra representó un perjuicio de 13,19 millones de dólares para el Estado.
Sin embargo, en ocasiones, el exPresidente sostuvo que no hubo irregularidades en dicha adquisición y sugirió que los fiscalizadores de la Contraloría podrían ser investigados a su vez por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
Pesántez respondió el comunicado de Correa, y lo copió a Leonardo Berrezueta (Secretario Nacional de la Presidencia), Alexis Mera, Ma. de los Ángeles Duarte (ministra de Transporte y Obras Públicas) y Paola Carvajal (asesora del Ministerio de Transporte y Obras Públicas). Ahí detallada que se ha “conversado con los encargados del proceso y les hemos explicado que de acuerdo a los recaudos procesales y los indicios recabados por Fiscalía, se determina que si bien los equipos recibidos son diferentes a los contratados, estos primeros son de mejor calidad, por lo que no existen elementos para demostrar un perjuicio contra el Estado y por ello, no habría sustento para acusar a los procesados, lo que esperamos se plasme el día de mañana (19 de marzo) en la audiencia.
El dictamen respondió a lo indicado por Pesántez esperaba de la audiencia. Antón fue sobreseído definitivamente. La decisión la tomó el juez Luis Trujillo.
4) Marzo 2013
A Mery Zamora la acusaron de sabojate y terrorismo. La razón, durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010, la entonces presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) llegó al Colegio Aguirre Abad de Guayaquil en donde, supuestamente, “arengó a los estudiantes para que participen en la protesta de los policías”. El Presidente Rafael Correa presentó ese discurso, grabado en video con un celular, durante una sabatina pidiendo que se inicie un proceso penal en contra de la dirigente.
Tras un proceso largo y dilatado, el 21 de marzo se suspendió el juicio que el juzgado quinto de Garantías Penales del Guayas dictó en su contra, ya que, según recoge la prensa, “los jueces no pudieron realizar la diligencia porque estaban en otra audiencia”.
Eso motivó a que Correa escriba un correo a Johana Pesántez y Alexis Mera con asunto “Cómo puede pasar que jueces tengan ‘otra audiencia’? (sic)” y un enlace a una noticia sobre la suspensión del trámite.
Tres días después, la exministra de Justicia respondió, alegando que “Lo afirmado por el Expreso no es verdad. La audiencia se suspendió, porque la fiscal encargada tenía otra audiencia. El Fiscal titular pidió licencia por temas personales. Es mejor que la audiencia se dé con el principal porque es quien conoce del caso y es quien revivió el proceso. Estamos coordinando para que se fije en el menor tiempo posible nuevamente”. Sin embargo, el entonces Mandatario replicó que “esto no es lo que dice Gustavo Jalkh. Por favor, habla con él”. Con esto, se evidencia -una vez más- la cercanía del Poder Ejecutivo con el Judicial.
El 12 de junio de 2013 el Décimo Tribunal de Garantías Penales del Guayas declaró a Zamora culpable y le impuso una pena de 8 años de reclusión y multa de USD 87. La defensa apeló el fallo, sin embargo, el trámite, negado por la Corte Provincial del Guayas, se remitió a la Corte Nacional de Justicia, en Quito, en donde se presentó un recurso de casación.
En mayo de 2014, tres jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia aceptaron el recurso y Mery Zamora fue declarada inocente.
5) Junio 2013
En 2013, el Colegio Central Técnico iba a ser cambiado de denominación. La situación provocó que varios estudiantes protesten en contra de la media. De aquel suceso, la policía reprimió a los alumnos que el 22 de febrero de ese año se manifestaron mostrando su disconformidad. Como resultado, 67 jóvenes involucrados fueron detenidos.
Una de las sanciones, fue la reubicación de varios implicados en otros centros de educación. Sin embargo, a 12 estudiantes mayores de edad se les inició un proceso de acciones legales, por el delito de rebelión.
En ese contexto, el 22 de junio de 2013, el exPresidente de la República dirigió un mail a su Secretario Jurídico (Mera) que lleva por título: “Si esto es verdad sería terrible”, haciendo referencia a una noticia publicada en diario El Universo, donde se señala que “la decisión de llamar a juicio a los doce estudiantes mayores de edad del colegio Central Técnico de Quito no es compartida por el defensor público, Ernesto Pazmiño, quien la calificó de ilegal y anticonstitucional. Pazmiño aseguró que el delito por el que son procesados los alumnos ‘es forzado’ y que por eso la Fiscalía no ha logrado comprobarlo”.
Alexis Mera respondió el e-mail afirmando que lo dicho por el Defensor “es verdad y es terrible. Hablé con el interfecto y le dije que se calle…”.
Un artículo de Diario Expreso, publicado en septiembre de este año, expone la versión de Pazmiño, quien recuerda: “en efecto recibí esa llamada indicándome que debía callarme, que la intención política era acabar con las protestas estudiantiles; de lo que recuerdo le respondí que no era prudente utilizar el Código Penal para acallar las protestas de los estudiantes”.
No obstante, los 12 alumnos vinculados al proceso judicial fueron asistidos en primera instancia por la Defensoría Pública. Pero, tras la fecha en que Correa hace el llamado de atención a través de Mera, los procesados ya no recibieron atención de la Defensoría Pública. El proceso lo manejó un abogado particular.
Los exalumnos del colegio fueron declarados culpables en primera y segunda instancia, se les negó el recurso de casación y presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014.
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