Senain: USD 270 millones en un quinquenio
El no contar con un Plan Nacional de Inteligencia como documento legal, la discrecionalidad en la asignación de recursos y priorizar una agenda política son las falencias de la Secretaría de Inteligencia que dos expertos de inteligencia estratégica de la Universidad de las Fuerzas Armadas revelan en el artículo "La inteligencia militar ecuatoriana en la sociedad de riesgo", publicado en el último número de la revista académica Urvio, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
18 de diciembre del 2017
REDACCIÓN PLAN V
Lea aquí el artículo de los dos expertos de la Universidad de las Fuerzas Armadas.
Dos expertos en inteligencia estratégica de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, María Dolores Ordóñez y Galo Cruz* cuestionaron el rol de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), con relación a lo que ellos denominan, "las nuevas visiones o lecturas sobre el riesgo en las sociedades modernas".
La publicación, en la revista Urvio, de la Flacso Ecuador, revela que la Senain recibió USD 270 millones en los últimos cinco años; solo en el 2014, a Inteligencia se le asignó más de USD 66 millones. Sin embargo, recalcan los expertos "algunos de los temas trascendentales y estratégicos del Estado no han sido advertidos con la suficiente anterioridad para paliar sus efectos". Esto porque, según los autores, la conformación de la Senain, en desmedro de los demás subsistemas de inteligencia que operan en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, estaba determinada por la ejecución de una inteligencia proactiva, que sea capaz de prever los riesgos para la sociedad ecuatoriana, algo que el Sistema actual de Inteligencia no es capaz de prever.
Entre las falencias de los servicios secretos creados por el correísmo se mencionan la falta de cualquier indicio sobre la revuelta del 30S, o de las redes de corrupción en torno a Petroecuador y Odebrecht.
Los expertos dicen que esta falencia "se evidenció en la trama de corrupción, denunciada por órganos externos al Ecuador, correspondientes a los sectores estratégicos del Estado con los casos de Petroecuador y la participación de la empresa brasilera Odebrecht en esquemas de millonarios sobornos". Citan los autores el caso Petroecuador cuando "a mediados del año 2016 una investigación periodística pone al descubierto el modus operandi de un bufete de abogados en Panamá (Mossack Fonseca) dedicado a crear empresas ficticias para colocar y blanquear dineros de la corrupción por parte de personajes políticos de 22 países. Este caso denominado como Panama Papers evidenció, en el caso del Ecuador, una trama de corrupción en los contratos de la Empresa Pública de Hidrocarburos, Petroecuador cuyos directivos fueron parte de esquemas de sobornos y sobreprecios en obras ligadas a la empresa petrolera. En estos casos que siguen en proceso de investigación estarían involucradas autoridades como ex ministros, ex gerente y demás funcionarios que tenían importante poder de decisión". El otro caso que citan como evidencia es el caso Odebrecht.
Para los autores, "desde la misma creación del actual ente rector del Sistema de Inteligencia, la Senain, comenzaron las afectaciones y problemas. Los funcionarios que asumieron las delicadas funciones de direccionar y controlar el funcionamiento de la inteligencia estratégica estaban recién iniciándose en el conocimiento de las actividades que se cumplen en este campo; prueba de ello es el hecho de que mientras en el Ecuador se producía una seria crisis que involucró a efectivos policiales y se puso en peligro la estabilidad democrática y la integridad del entonces presidente Correa, el 30 de septiembre del 2010. En esos precisos momentos, los funcionarios de la Senain estaban siendo capacitados en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador. Un experto peruano que participaba en dicho evento académico, Andrés Gómez de la Torre, manifestaba lo siguiente: “Prueba de fuego para la Senain [...] que se estrena con su primer fiasco”.
Algún tiempo después, relatan los autores, la Contraloría General del Estado establecía indicios de responsabilidad penal por “mal uso de fondos públicos” sobre el sociólogo Pablo Romero Quezada, quien fuera secretario nacional de Inteligencia (2012-2014). "Cuando nos referimos a la flamante nueva institucionalidad del sistema de Inteligencia, la cual tiene como premisa fundamental «el nuevo enfoque de inteligencia del Estado que se plantea la Secretaría de Inteligencia, para todo el sistema, es el de una Inteligencia Proactiva (IP)» (Secretaría de Inteligencia, 2014), entonces es necesario hacer una real evaluación del Sistema ya que algunos de los temas trascendentales y estratégicos del Estado no han sido advertidos con la suficiente anterioridad para paliar sus efectos".
La investigación de los expertos en inteligencia estratégica, luego de hacer una recopilación de evidencias, señala que "una de las principales debilidades que enfrenta el Sistema de Inteligencia ecuatoriano —cuya rectoría la tiene la Senain (Ndlr.)—, en su planificación y funcionamiento, es el no contar con un Plan Nacional de Inteligencia, pese a que su elaboración es una de las obligaciones fundamentales del organismo rector. Esta circunstancia es crítica porque aquel Plan es el llamado a direccionar el esfuerzo de inteligencia, establecer prioridades estratégicas y operativas, además de orientar la planificación de los subsistemas. Sin este, la práctica de inteligencia sigue siendo discrecional, con los peligros que esto conlleva.
"El Plan es el llamado a direccionar el esfuerzo de inteligencia, establecer prioridades estratégicas y operativas, además de orientar la planificación de los subsistemas. Sin este, la práctica de inteligencia sigue siendo discrecional, con los peligros que esto conlleva".
"Lo anterior acarrea una falta de claridad de las especificidades y capacidades de cada uno de los subsistemas y genera una ambigüedad de los roles dentro del sistema por lo que se confunde la inteligencia para la defensa con la investigación criminal y con la seguridad de autoridades. Es así, que la prioridad del sistema estuvo orientada posiblemente a la inteligencia para la práctica política, lo que distorsionó los objetivos y finalidades de la inteligencia estratégica nacional e incidió en el funcionamiento de sus componentes. Otra de las complejidades que afectan al funcionamiento del subsistema de inteligencia militar —mencionan los autores—, es la discrecionalidad con que la Secretaria de Inteligencia asigna los recursos financieros a sus órganos operativos, lo cual se complica aún más por las demoras burocráticas propias de la gestión pública.
"Adicionalmente, el sistema de inteligencia adolece de un marco legal específico para su funcionamiento y las diferentes iniciativas para contar con una ley de inteligencia han fracasado. Este vacío legal complica la protección y garantía que deben tener los profesionales que ejercen actividades de recolección, procesamiento y análisis de información, en especial en los subsistemas militar y policial. El no contar con esta legislación, no permite marcar límites y responsabilidades en cuanto a aspectos críticos como control de recursos, atribuciones y esferas de actuación", señalan los autores.
"Así como el Ecuador ingresó en posición desventajosa a la aceleración de la globalización, así también la inteligencia ecuatoriana ha tenido dificultades para adaptarse al cambiante escenario de seguridad y defensa propio de la sociedad del riesgo, en la cual la ambigüedad e incertidumbre exige una perfección de los organismos responsables de cumplir con un proceso de anticipación estratégica que permita vislumbrar y si es posible, actuar eficazmente frente a las amenazas y riesgos, y así garantizar condiciones de defensa y seguridad aceptables para sus ciudadanos. Sobre la base de los criterios obtenidos y expresados, se proyectan algunos imperativos que contribuirían a afirmar y fortalecer el funcionamiento de la inteligencia militar ecuatoriana en esta sociedad del riesgo.
"En este sentido, los autores advierten que la principal falencia del Sistema de Inteligencia ecuatoriano reside en la ausencia del Plan Nacional de Inteligencia como documento legal y fundamental para el funcionamiento democrático del sistema y como una herramienta eficaz para direccionar y articular los esfuerzos que se realizan en este ámbito. Por tanto, el funcionamiento del sistema se ha restringido a lo establecido en agendas políticas y lo que es peor, a la discrecionalidad de sus decisores. Es necesario definir la especificidad y compartimentación de la información estratégica y operativa que maneja el sistema, evitando interferencias o interrupciones en el funcionamiento de sus componentes. Es vital para que el sistema cumpla con su misión y propósitos, fortalecer la integración y cooperación internacional en materia de intercambio de información e inteligencia oportuna, veraz y relevante.
"El sistema de inteligencia debe proporcionar la libertad de acción a los subsistemas que lo conforman, en especial al militar y policial, toda vez que estos constituyen la razón de ser y el centro de gravedad de la inteligencia ecuatoriana", culminan.
*María Ordóñez es analista de Inteligencia Estratégica en el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). Magister en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Correo: mdordonez4@espe.edu.ec
Galo Cruz es director del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). Integrante del grupo de estudios de seguridad FES- ILDIS. Máster en Estudios Estratégicos y de Seguridad Internacional por la Universidad de Granada, España. Correo: ggcruz@espe.edu.ec
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