Carlos Ochoa se entierra

Felipe Burbano de Lara
Quien abusa del poder usándolo de modo arbitrario para tomar represalias y saciar sus resentimientos por fuera de principios; quien no es capaz de dar la cara y asumir frente a la esfera pública la responsabilidad de sus decisiones; quien se esconde detrás del teleprónter, maquillado, eleganteado, para fingir una imagen ostentosa de sí mismo; quien se convierte en un servidor obsecuente de los deseos de castigo de su patrón político; quien se beneficia en términos personales del cargo público; ese personaje, en una sociedad más o menos democrática, termina, indefectiblemente, enterrándose a sí mismo una vez concluida la fiesta. Quizá aún más, termina sepultado si su extravío no le permite darse cuenta de que la fiesta del abuso terminó.

Carlos Ochoa personifica una historia triste, casi degradante en lo personal, de esa suerte de arrogancia que asalta a quienes de súbito tienen un poder burocrático entre manos y lo usan para amedrentar y castigar a su propia profesión y los integrantes de su gremio, los periodistas.

Doble abuso de Carlos Ochoa. Por un lado, de los recursos del Estado. Como director de Noticias de Gamavisión percibía un sueldo de 8 mil dólares mensuales, nada despreciable. Pero la Contraloría estableció glosas en su contra por cerca de 100 mil dólares correspondientes a bonos extras recibidos entre el 2011 y el 2013. Además, usó fondos de la empresa para adquirir un vehículo de uso personal. Ochoa justifica los ingresos con el argumento de haber sido un arreglo contractual con una empresa privada, y por tanto no sujetos a fiscalización pública. Tampoco asume que las pérdidas económicas de Gamavisión, que le han llevado a la quiebra, terminaría asumiéndolas el Estado como principal accionista. Ochoa se presentó ante los medios para justificar sus ingresos, leyó su comunicado, se paró y se fue, sin aceptar una sola pregunta. Como siempre, con desplantes.

A esos beneficios de orden personal con recursos estatales se suma el abuso del poder en contra de los medios privados, bajo el amparo –según él– de la Ley de Comunicación. El último caso fue la multa de casi 200 mil dólares a Teleamazonas. Ochoa se sintió afectado por declaraciones de una asambleísta sobre su función como superintendente de Comunicación y quiso usar el derecho a la réplica a través de un video grabado, en el que se ubica por encima del bien y del mal, frente a un teleprónter nuevamente, para decir, durante siete minutos, lo que quería. Ochoa rehuyó a la invitación del canal para una entrevista en el mismo espacio. Su represalia vino a través de la apertura de una causa administrativa en la que la Supercom acusaba, ejecutaba el proceso y actuaba como juez. ¿Qué esperar de ese procedimiento salvo la sanción anticipada?

El caso de Ochoa es penoso porque personifica la bajeza del funcionario obsecuente volcado en contra de sus colegas periodistas para intimidarlos, tratarlos sin respeto, obligarlos a la censura previa, con el poder subido de humos. Puede darse por satisfecho que al menos en este momento de máximo desprestigio, el inefable Correa, su jefe político, le haya querido dar una cierta dignidad elevándolo a la categoría de perseguido político, condición que, dicho sea de paso, le queda muy mal. Más bien habría que considerarlo parte del espectáculo funerario de los abusivos y arrogantes que ha seguido a la caída de la Revolución Ciudadana.