Lima — A la hora en que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski dio su último mensaje al país, todavía podía sentirse el olor a bombas lacrimógenas en las calles de Lima cubiertas de adornos luminosos de Navidad. En ese mismo momento, Carmen Amaro, la hermana de un estudiante asesinado en 1992, escuchaba en el televisor de un restaurante del centro de la ciudad. El mensaje era sobre el indulto del hombre condenado a prisión por la muerte de su hermano y decenas de asesinatos más.
Eran las últimas horas del 25 de diciembre más convulso de la historia reciente del Perú.
“Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida”, dijo al presidente Kuczynski sobre la decisión de otorgar el perdón a Alberto Fujimori, el exmandatario que hasta el 24 de diciembre por la tarde cumplía una sentencia a 25 años de cárcel por delitos considerados de lesa humanidad. Kuczynski dijo que el régimen de Fujimori cometió “excesos” y “errores graves”, y planteó que era momento de iniciar la reconciliación nacional.
Amaro escuchó con serenidad hasta que el presidente cerró su mensaje con una expresión sensible en el Perú de estos días: “No nos dejemos llevar por el odio”. Entonces ella movió la cabeza en señal de desaprobación, como si no creyera en lo que estaba escuchando. “¿Con quién se va a reconciliar el Estado si él ni siquiera ha mencionado a las víctimas ni a los deudos?”, comentó.
Carmen Amaro es hermana de Armando Amaro Cóndor, uno de los estudiantes asesinados en 1992 por el Grupo Colina, un comando militar que cometió varias ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Alberto Fujimori. Ahora ella es uno de los referentes entre las organizaciones que defienden los derechos humanos en el Perú.
Este había sido un día de símbolos. Durante horas, una imagen de Armando Amaro pegada a una pancarta recorrió las principales avenidas del centro de la ciudad en medio de una tensa jornada de protestas, la segunda desde que se diera a conocer el indulto en la víspera de Nochebuena. Otras fotografías de víctimas completaban la escena, incluyendo la de un niño de 8 años asesinado en una masacre cometida por los militares de Colina en un barrio cercano llamado Barrios Altos.
Los manifestantes eran estudiantes, miembros de organizaciones sociales y colectivos a favor de los derechos humanos, varios de los cuales tuvieron participación decisiva en las movilizaciones que derivaron en la renuncia y huida de Alberto Fujimori por actos de corrupción en el año 2000. Ayer reclamaban por las condiciones de su liberación.
“Las razones médicas no son claras y son parte de un juego político”, dijo Gisela Ortiz Perea, también hermana de otro de los estudiantes asesinados del caso La Cantuta, uno de los episodios emblemáticos por los que en el 2009 Fujimori recibió la condena más larga, de una serie de procesos judiciales que no había terminado. En febrero de este año, la Corte Suprema de Chile autorizó extender el proceso de extradición al Caso Pativilca, referido a otra matanza de seis personas en 1992, por el que la fiscalía pedía también la máxima condena de 25 años.
El indulto otorgado a Fujimori incluye una gracia presidencial que lo libera de ser juzgado por cualquier crimen.
Las movilizaciones de ayer empezaron a eso de las tres de la tarde en la Plaza San Martín, un escenario público de gran simbolismo para las protestas sociales y las campañas políticas de las últimas décadas. Aunque en un primer momento la Policía cercó a los presentes para mantener el control, la multitud rompió el cordón y se dispersó por las principales calles con el fin de llegar primero a Palacio de Gobierno y luego a la clínica donde se encuentra Fujimori. El contingente de la zona cortó ambos intentos con bombas lacrimógenas y disparos de perdigones.
Hubo enfrentamientos en varios puntos en simultáneo y hasta el anochecer. Por las redes sociales circulaban imágenes de densas nubes lacrimógenas alrededor de los manifestantes y videos que mostraban claramente la intensidad de las protestas y la cantidad de participantes.
“Estamos del lado de las víctimas y hacemos un llamado al Estado para que garantice el acceso a la justicia para los familiares de los casos Cantuta, Barrios Altos y Pativilca”, dijo Joel Jabiles, de Amnistía Internacional, mientras caminaba entre la multitud. La organización había emitido un comunicado en que calificó el indulto a Fujimori como “un duro golpe a la lucha contra la impunidad”.
Mientras el Centro de Lima estaba en medio de la agitación, las noticias traían nuevas señales de la crisis generada por la decisión de Kuczynski, desde las versiones no confirmadas aún sobre la renuncia de seis miembros del gabinete, prevista para hoy, hasta los pronunciamientos abiertos dentro y fuera del país contra la medida.
“Lamento profundamente y condeno el acto de traición a la democracia y los derechos humanos, cometido por el presidente”, dijo en un tuit Pedro Cateriano, exministro del gobierno anterior y uno de los principales defensores de la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski en el cargo durante el reciente pedido de vacancia discutido en el Congreso. “El indulto al dictador no es un acto humanitario, ha sido un pacto político infame”.
El panorama no era distinto a nivel internacional.
“Indultar a Fujimori, habiendo la opción de trasladarlo a un hospital, personalmente me parece un acto político que ignora la proporción entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad”, señaló en un tuit Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No es reconciliación. Es simple impunidad”.
Los familiares de las víctimas hacían, en paralelo a las protestas, intensos preparativos para plantear recursos que impidan la ejecución del indulto a Fujimori. Tanto en la calle como en los medios de comunicación se discutía sobre los alcances y la solidez legal de la disposición presidencial, en especial por el carácter sorpresivo, la oportunidad y la validez de los argumentos.
Horas antes de la decisión, el medio OjoPúblico (donde el reportero se desempeña como director periodístico) reveló que la junta médica que había recomendando el indulto estuvo integrada por un médico personal de Fujimori, el mismo que años antes estuvo vetado de participar en esa instancia por que había adelantado opinión y tenía un conflicto de interés en el caso.
El tema seguía en debate el lunes 25 por la noche, tras varias horas de marcha, cuando los familiares de las víctimas de masacres ocurridas durante el gobierno de Fujimori se reunieron frente al Palacio de Justicia para evaluar las acciones de los próximos días. Entre las inmediatas está el envío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un resumen con todos los hechos que consideran irregularidades en el procedimiento de indulto.
“El objetivo es que la Corte, en el procedimiento de ejecución de sus sentencias sobre estos casos paradigmáticos, pueda decir si este indulto está en contra de la justicia”, declaró Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, quien asesora a los deudos de los casos La Cantuta y Barrios Altos.
“Se está planteando además que utilice una última sentencia en que hace mención como ejemplo de impunidad al otorgamiento de indultos para la ejecución de las condenas que se han dado siguiendo el debido proceso”, precisó Silva en relación a la sentencia Wilson Gutiérrez Soler vs Colombia, un caso de torturas a un ciudadano cometidas por un oficial de la policía de ese país.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) envió por la noche una comunicación urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que requiera al Estado peruano información detallada sobre la resolución del indulto, y que convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de la sentencia en relación al caso La Cantuta.
El final de la marcha en el Centro de Lima no fue el final de las protestas. Carmen Amaro todavía tuvo resistencia física para ir hacia la clínica donde se encuentra Fujimori para reunirse con otro grupo de manifestantes.
Desde esa clínica, en cama y con bata de enfermo, Alberto Fujimori emitió esta mañana un primer mensaje en libertad. “Reconozco que he defraudado a otros compatriotas. A ellos les pido perdón”, dijo con un tono convaleciente, antes de agradecer la gracia otorgada por el presidente Kuczynski.
Tampoco mencionó a las víctimas ni a sus familiares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario