Se hace humo el dinero de los impuestos para Manabí

Publicado en julio 28, 2016 en Columnistas/Las Ideas por Redacción 4pelagatos

La Disposición General Tercera de la Ley Orgánica de Solidaridad, es decir, de la ley que nos subió el IVA del 12 al 14% para supuestamente financiar la reconstrucción y reactivación de las provincias de Manabí, Esmeraldas y las demás zonas afectadas por el terremoto, dice lo siguiente: “El Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, integrado por las autoridades determinadas en el artículo 2 del Decreto 1004 emitido el 26 de abril de 2016, o el órgano que haga sus veces, informará a la Asamblea Nacional en forma detallada y trimestral las acciones realizadas en favor de los afectados por el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016”.

Si el mentado comité debe remitir a la Asamblea Nacional en forma detallada las acciones realizadas a favor de los afectados por el terremoto, es en ese órgano donde debería reposar toda la información relacionada con la nómina de contratistas de bienes y servicios, objetos de contrato, fechas de pagos y montos de todas las acciones. Sobre todo porque el propio decreto que lo crea, le da al Presidente del Comité la competencia para dirigir todos los programas, políticas y proyectos que se presenten dentro del Plan de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Sin embargo, cuando la Asamblea Nacional le preguntó a Carlos Andrés Bernal Alvarado, Secretario Técnico del Comité de Reconstrucción, sobre el detalle de las acciones realizadas por el Comité ¿saben lo que respondió? Por favor, agárrese de la silla lector, el señor Bernal, cuyo padre es el señor Franklin Bernal, Subsecretario de Obras Públicas de Manabí ( todo debe quedar en familia), respondió al parlamento: “Sobre la base de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la norma constitutiva del Comité y de la Secretaría Técnica, se desprende que ninguna de las dos figuras administrativas, ni la Vicepresidencia de la República son ejecutores directos, contratantes de los diferentes programas y proyectos que están desarrollándose dentro del proceso de reconstrucción y reactivación productiva. Cada entidad responsable de la ejecución (ministerios, gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas, entre otros) son los responsables de realizar las contrataciones de conformidad con la normativa aplicable a cada caso, por lo que información específica como esta deberá requerirse a cada uno de los ejecutores de obras y proyectos”.

¡Ya nada!

Cuando se expidió la Ley Orgánica de Solidaridad, se trató de poner dos controles: uno cuantitativo y otro cualitativo o de gestión. En el primero, la Ley (y esto fue por presión ciudadana y lucha política de la oposición) incluyó la obligación de que el Ministerio de Finanzas abriera una subcuenta especial en la Cuenta Única del Tesoro para contabilizar exclusivamente el dinero que debía entrar al erario nacional por concepto de los impuestos y contribuciones creadas en la ley y para un fin específico: reconstruir y reactivar las zonas afectadas por el terremoto. El fin de la ley nunca fue, al menos así vendió el Presidente Correa su subida de impuestos, pagar las deudas anteriores al terremoto. El segundo control era este informe trimestral del Comité.

Por medio del primer mecanismo de control, los ecuatorianos nos dimos cuenta que el 4 de julio del 2016, mediante oficio reservado, el Ministerio de Finanzas transfirió ciento veinte millones de dólares de la cuenta de la ley de solidaridad a la cuenta única del tesoro para mantener la liquidez del sector público.

Es impresentable que el dinero del esfuerzo nacional para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto sea transferido mediante oficio reservado. Se pone bajo reserva aquello que el ciudadano común no debería conocer. Es indignante que el Ministerio de Finanzas haya dado como explicación de esta transferencia que se pagó proveedores y contratistas sin dar nómina, montos, fechas, objeto y causas de los contratos. Mejor habría sido que el Ministerio de Finanzas se cuente una película de vaqueros.

Pero lo que ya nos pone al nivel de una sociedad adicta a la cleptomanía es que ahora nadie quiera decir en qué mismo se está gastando el dinero de los impuestos y contribuciones que la Ley de Solidaridad creó con un solo propósito: reconstruir y reactivar las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.

Lector, la subida del IVA del 12 al 14% ha encarecido el costo de la vida en el Ecuador en más de un 25 %. Ha hecho perder el valor real de los salarios. Todos estamos jodidos cumpliendo con la ley. No obstante, nadie sabe, a ciencia cierta, cómo se están utilizando los recursos en las zonas afectadas, quiénes son los beneficiarios de los contratos. Todo es noche y niebla, como casi todo lo que, en asuntos de dinero, ha hecho el gobierno de Correa en casi diez años.

¿Es o no indignante y vergonzoso lo que está pasando?

Y, por cierto si alguien despierta al Contralor, que le pregunte si está cumpliendo lo que le manda la ley: “La Contraloría General del Estado deberá informar anualmente a la Asamblea Nacional del Ecuador sobre los actos de control previo continuo y posterior ejecutados sobre el manejo de los recursos provenientes de esta ley”.

Como usted puede apreciar, se está haciendo humo el dinero de los impuestos y contribuciones que debía servir para la reconstrucción y reactivación de Manabí, Esmeraldas y demás zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, como temíamos todos –bueno, todos menos los Apés–.