Publicado en julio 28, 2016 en Columnistas/La Info/Las Ideas por María Paula Romo
¿Qué tienen en común la campaña de carnetización del Movimiento PAIS en la que “por coincidencia” participaron ministerios e instituciones y empresas públicas, con la disolución de la UNE? ¿Cuál es la relación entre la fallida actuación del Canciller Long en Ginebra y la propuesta de impuesto a las herencias?
Estos episodios que parecen no estar relacionados entre sí, tienen en común dos conceptos que subyacen en la política desplegada por el gobierno del Presidente Correa: la idea de que el Estado basta y sobra, que por fuera de él no existe nada; y la horrenda confusión entre el Estado y el partido de gobierno. Me explico:
Tanto en la relación del gobierno con la sociedad civil como en la comprensión del mundo de la producción y la empresa, el mensaje es el mismo: nada sin el Estado, nada por fuera del Estado; la iniciativa privada es subsidiaria, secundaria, marginal; carece de legitimidad. Debe existir en la medida en que resulte funcional al Estado y sus intereses. Y esto se aplica desde la producción y el comercio hasta las organizaciones no gubernamentales, el voluntariado, los sindicatos, las universidades… Lo dijo el presidente Correa hace algunos meses en su famosa conferencia en El Vaticano, él representa a la sociedad civil, pues para eso ganó elecciones: “Aquí se ha hablado de la sociedad civil debe tener una importante participación, yo les digo: hay que tener mucho cuidado con aquello; depende cómo se define el Estado. Algunas veces cuando me hablan ciertos opositores de que ‘nosotros somos representantes de la sociedad civil’, yo me pregunto ¿representante de quién soy, de los marcianos, entonces, por haber ganado una elección?”
Es a partir de esta idea que el Estado (que en esta lógica se reduce al gobierno y éste, a su vez, al Presidente) se ha arrogado la representación de la sociedad y sus intereses. Que el gobierno se permite disolver organizaciones de la sociedad civil (en su momento Pachamama, un intento fallido con Fundamedios, hoy la UNE); es por eso también que cree que la participación ciudadana para ser legítima debe ser institucional, reconocida, autorizada.
Y con la idea de que el Estado se basta y se sobra, hoy tenemos empresas públicas de construcciones, de medicamentos, de provisión de desayunos escolares, de manejo de infraestructura deportiva, y a esta lista se añade la más grande concentración de medios de comunicación en el país.
Respecto de la confusión entre el partido y el Estado, eso es lo que explica que a los funcionarios públicos se les sigan pidiendo aportes para movilizaciones y campañas; que se usen las instituciones estatales, sus recursos y sus servicios para ofrecerlos a cambio de la afiliación al partido de gobierno; que se tomen decisiones pensando más en la próxima campaña que en lo que necesita urgentemente el país.
Esta horrible confusión explica que Guillaume Long mantenga en su condición de Canciller, el mismo discurso y las mismas posturas que como encargado de relaciones internacionales del movimiento de gobierno: que ponga en riesgo las negociaciones de un posible acuerdo comercial con la Unión Europea, o que declare que la crisis en Venezuela es una exageración de los medios. Sólo así se explica que en lugar de construir alianzas estratégicas que respondan a los intereses del país y sus ciudadanos, hoy actuamos en política exterior impidiendo la condena a Corea del Norte, investigaciones en Siria y apoyando la idea de que los derechos humanos son relativos.
Todos estos episodios que nos sorprenden y nos indignan, son sólo síntomas de concepciones profundas. Cambiarlas no depende exclusivamente de cambiar los nombres de quienes nos gobiernan. Necesitamos reconocer que no existe Estado sin iniciativa privada, sin sociedad civil. Que la sociedad civil y la empresa necesitan de un Estado que cumpla con sus funciones. Que los partidos políticos representan una pequeña parte de la sociedad y que ni siquiera aquel que gana las elecciones puede atribuirse la exclusividad de su representación. Que nos urge construir república, separación de poderes, respeto y cautela en el manejo de lo público: recursos y poder coercitivo incluidos.
María Paula Romo es política, abogada y profesora universitaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario