¿Nos arrodillamos o defendemos la autonomía universitaria?
Sin convenio, no habría asignación presupuestarias; sin convenio, no habría subsidios ni becas de estudios. Con evaluación y convenio, en cambio, no habría dignidad ni autonomía, y el gobierno sería el rector de todas las universidades. ¡Qué dilemas más ridículos pone el gobierno a la universidad ecuatoriana! ¿Nos arrodillamos o defendemos la autonomía universitaria?
14 de julio del 2016
POR: Ramiro Ávila Santamaría
Abogado, experto en derechos humanos y ambientales, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar
El precio de la resistencia puede ser, según lo anuncia la norma transitoria, la aniqui-lación".
El proyecto de ley que reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, se filtró. Lo tenían en secreto y ni algunos miembros del CES lo conocían. La FLACSO lo hizo público. ¿Por qué este gobierno tiene que actuar a espaldas y sin escuchar a quienes afectarán sus decisiones? ¿Por qué tiene que tomar decisiones arbitrarias y adoptar también mecanismos arbitrarios para imponer su voluntad? ¿Por qué la reacción de las universidades?
El proyecto tiene solo seis artículos y con éstos aniquila la autonomía universitaria y convierte a las universidades públicas y privadas en simples ministerios de gobierno.
Según estas normas, toda universidad tiene que cumplir dos requisitos: 1. Superar una evaluación y 2. Suscribir un convenio de transferencia de recursos.
La evaluación la hace el CEAACES, que sabemos será afín a las políticas e intereses del gobierno. Ya se ha visto y muchas universidades han padecido sus evaluaciones. ¿Creen que una universidad crítica al gobierno podría superar esta evaluación? Primer filtro controlado por el gobierno. Ellos decidirán quienes merecen recibir dinero estatal. El segundo filtro es el convenio.
El convenio de transferencias es el típico acuerdo de “adhesión,” como el que nos obligan a firmar si es que queremos viajar en un avión o asistir a un concierto; es decir, la parte fuerte impone las condiciones y no es realmente un acuerdo de voluntades. La reforma a la ley impone las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones?
1. Cumplir la LOES, las resoluciones del CEAACES y del CES. Esto quiere decir que quienes son realmente rectores son los funcionarios del gobierno que forman parte de estas instituciones (dirán que son organizaciones autónomas, pero ese cuento, como el que el Consejo de la Judicatura es independiente, no se cree ya nadie). No hay posibilidad de tomar decisiones libres y autónomas, solo de seguir las instrucciones del gobierno.
2. “Adoptar en todos los aspectos de su gestión a la legislación nacional”, no hay lugar para que rijan normas regionales internacionales, como sucede con la ANDINA y con la FLACSO, y se establece una jerarquía normativa que no existe en la Constitución (que una ley prevalezca sobre un acuerdo regional o un convenio internacional).
3. “Deberán renunciar a los privilegios e inmunidades concedidos”, que es lo que, en el caso de la Andina, le ha permitido ahorrar y subsistir sin los fondos del Estado. Al final esta norma acaba nacionalizando dos universidades exitosas y nos llevan al modelo IAEN.
4. “Adoptar el Sistema de Administración Financiera del Sector Público.” Con esta condición convertirían a todos los funcionarios administrativos en típicos burócratas del estado. No me imagino lo que sería la contratación de bienes y servicios, que ahora son ágiles en las universidades, aplicando normativa de contratación pública. Existen mecanismos, como las auditorias de contraloría, para verificar el manejo de fondos públicos, y no tiene sentido aplicar medidas que, por su naturaleza, no deberían aplicarse a universidades.
5. Sobre los estudiantes becados, eximir pago adicional de arancel. Esto suena bien pero si se mira en el contexto, las únicas transferencias permitidas serán para becas de estudios. Esto quiere decir que el gobierno no está pensando en bibliotecas, investigación, vinculación con la comunidad, revistas, eventos académicos, sino solo en el dinero que cubre la matrícula y los estudios. Esto es una especie de tacañería y miopía académica.
6. “Aplicar la escala remunerativa del personal académico y de autoridades de las universidades y escuelas politécnicas públicas.” Acá sí, si se va a ganar como ganan los profesores extranjeros de Yachay, capaz que esta es la única norma rescatable para profesores. Pero el bolsillo no manda y hay que pensar en la universidad toda.
7. Restituir asignaciones y rentas al Estado; y
8. Restituir por incumplimiento comprobado del convenio de transferencia de recursos. Estos dos numerales impedirían el ahorro y la inversión de las universidades, como también la iniciativa para la gestión propia. También obligaría a gastar irracionalmente el dinero y evita el ser previsivo. La Andina, por ejemplo, gracias a que pudo ahorrar sus fondos propios, puede darse el lujo de no subir aranceles a los estudiantes, de pagar puntualmente las remuneraciones a sus trabajadores, de seguir comprando libros para la biblioteca, pagar a profesores, y de invertir en infraestructura necesaria para garantizar una enseñanza de calidad. Con estas normas propuestas por el gobierno, sería imposible hacer todo esto que se menciona. ¿Cómo hacer entender al gobierno que la universidad no solo es una beca para un estudiante?
En las normas transitorias amenazan a las universidades a suscribir el convenio en el plazo de dos meses. Las universidades públicas y privadas tienen sesenta días, después de expedida la ley, para agachar la cabeza y ser bien evaluados y agachar otra vez la cabeza para firmar el convenio dichoso. Sin convenio, no habría asignación presupuestarias; sin convenio, no habría subsidios ni becas de estudios. Con evaluación y convenio, en cambio, no habría dignidad ni autonomía, y el gobierno sería el rector de todas las universidades. ¡Qué dilemas más ridículos pone el gobierno a la universidad ecuatoriana! ¿Nos arrodillamos o defendemos la autonomía universitaria?
Por otro lado, en la última norma transitoria se legisla con dedicatoria a la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador.
El gobierno quiere hacer por esta ley, lo que no ha podido con resoluciones amenazantes del Parlamento Andino y del CES: imponer un rector sin respetar la voluntad de la comunidad académica. La norma de la propuesta de Ley dice que si en tres meses no se nombra un rector titular, no se podrá ofertar programas académicos y que “inmediatamente la institución quedará fuera del sistema de educación.”
La UASB tiene rector y ha sido electo según sus normas y de acuerdo a las normas de la LOES. Lo que ha sucedido es que no le ha reconocido el gobierno y no le reconoce porque no es incondicional a sus políticas. Así de simple. El precio de la resistencia puede ser, según lo anuncia la norma transitoria, la aniquilación. Esto no solo que no es justo sino que es política y jurídicamente incorrecto. No están frente a un ex rector, o frente a un edificio de la Andina, están ante miles de personas de carne y hueso que han sufrido esta intervención desde hace casi un año. Cerrar la universidad significa desempleo, familias angustiadas, estudiantes sin su espacio de formación y sin títulos…
¿Cómo va a tramitarse este propuesta nefasta de reforma a la LOES que afecta a toda universidad ecuatoriana? Debería presentarse por iniciativa legislativa, calificarse por el CAL, tener dos debates, aprobarse por mayoría y más. Parece, según información que circula en redes sociales, que el gobierno presentaría esta reforma dentro de las reformas para la extinción de universidades que ya pasó el primer debate. Si esto es así, la ley no solo que violaría en lo material el principio constitucional de autonomía responsable universitaria sino que violaría el trámite de elaboración de una ley. Se sabe que tienen mayoría legislativa y que la Corte Constitucional ha resuelto según conveniencia del gobierno. Pero no todo poder es eterno.
Sin duda alguna estamos ante un acto más de desprecio a la democracia, al pensamiento crítico y a la universidad ecuatoriana.
El proyecto tiene solo seis artículos y con éstos aniquila la autonomía universitaria y convierte a las universidades públicas y privadas en simples ministerios de gobierno.
Según estas normas, toda universidad tiene que cumplir dos requisitos: 1. Superar una evaluación y 2. Suscribir un convenio de transferencia de recursos.
La evaluación la hace el CEAACES, que sabemos será afín a las políticas e intereses del gobierno. Ya se ha visto y muchas universidades han padecido sus evaluaciones. ¿Creen que una universidad crítica al gobierno podría superar esta evaluación? Primer filtro controlado por el gobierno. Ellos decidirán quienes merecen recibir dinero estatal. El segundo filtro es el convenio.
El convenio de transferencias es el típico acuerdo de “adhesión,” como el que nos obligan a firmar si es que queremos viajar en un avión o asistir a un concierto; es decir, la parte fuerte impone las condiciones y no es realmente un acuerdo de voluntades. La reforma a la ley impone las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones?
1. Cumplir la LOES, las resoluciones del CEAACES y del CES. Esto quiere decir que quienes son realmente rectores son los funcionarios del gobierno que forman parte de estas instituciones (dirán que son organizaciones autónomas, pero ese cuento, como el que el Consejo de la Judicatura es independiente, no se cree ya nadie). No hay posibilidad de tomar decisiones libres y autónomas, solo de seguir las instrucciones del gobierno.
2. “Adoptar en todos los aspectos de su gestión a la legislación nacional”, no hay lugar para que rijan normas regionales internacionales, como sucede con la ANDINA y con la FLACSO, y se establece una jerarquía normativa que no existe en la Constitución (que una ley prevalezca sobre un acuerdo regional o un convenio internacional).
3. “Deberán renunciar a los privilegios e inmunidades concedidos”, que es lo que, en el caso de la Andina, le ha permitido ahorrar y subsistir sin los fondos del Estado. Al final esta norma acaba nacionalizando dos universidades exitosas y nos llevan al modelo IAEN.
4. “Adoptar el Sistema de Administración Financiera del Sector Público.” Con esta condición convertirían a todos los funcionarios administrativos en típicos burócratas del estado. No me imagino lo que sería la contratación de bienes y servicios, que ahora son ágiles en las universidades, aplicando normativa de contratación pública. Existen mecanismos, como las auditorias de contraloría, para verificar el manejo de fondos públicos, y no tiene sentido aplicar medidas que, por su naturaleza, no deberían aplicarse a universidades.
5. Sobre los estudiantes becados, eximir pago adicional de arancel. Esto suena bien pero si se mira en el contexto, las únicas transferencias permitidas serán para becas de estudios. Esto quiere decir que el gobierno no está pensando en bibliotecas, investigación, vinculación con la comunidad, revistas, eventos académicos, sino solo en el dinero que cubre la matrícula y los estudios. Esto es una especie de tacañería y miopía académica.
6. “Aplicar la escala remunerativa del personal académico y de autoridades de las universidades y escuelas politécnicas públicas.” Acá sí, si se va a ganar como ganan los profesores extranjeros de Yachay, capaz que esta es la única norma rescatable para profesores. Pero el bolsillo no manda y hay que pensar en la universidad toda.
7. Restituir asignaciones y rentas al Estado; y
8. Restituir por incumplimiento comprobado del convenio de transferencia de recursos. Estos dos numerales impedirían el ahorro y la inversión de las universidades, como también la iniciativa para la gestión propia. También obligaría a gastar irracionalmente el dinero y evita el ser previsivo. La Andina, por ejemplo, gracias a que pudo ahorrar sus fondos propios, puede darse el lujo de no subir aranceles a los estudiantes, de pagar puntualmente las remuneraciones a sus trabajadores, de seguir comprando libros para la biblioteca, pagar a profesores, y de invertir en infraestructura necesaria para garantizar una enseñanza de calidad. Con estas normas propuestas por el gobierno, sería imposible hacer todo esto que se menciona. ¿Cómo hacer entender al gobierno que la universidad no solo es una beca para un estudiante?
En las normas transitorias amenazan a las universidades a suscribir el convenio en el plazo de dos meses. Las universidades públicas y privadas tienen sesenta días, después de expedida la ley, para agachar la cabeza y ser bien evaluados y agachar otra vez la cabeza para firmar el convenio dichoso. Sin convenio, no habría asignación presupuestarias; sin convenio, no habría subsidios ni becas de estudios. Con evaluación y convenio, en cambio, no habría dignidad ni autonomía, y el gobierno sería el rector de todas las universidades. ¡Qué dilemas más ridículos pone el gobierno a la universidad ecuatoriana! ¿Nos arrodillamos o defendemos la autonomía universitaria?
Por otro lado, en la última norma transitoria se legisla con dedicatoria a la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador.
El gobierno quiere hacer por esta ley, lo que no ha podido con resoluciones amenazantes del Parlamento Andino y del CES: imponer un rector sin respetar la voluntad de la comunidad académica. La norma de la propuesta de Ley dice que si en tres meses no se nombra un rector titular, no se podrá ofertar programas académicos y que “inmediatamente la institución quedará fuera del sistema de educación.”
La UASB tiene rector y ha sido electo según sus normas y de acuerdo a las normas de la LOES. Lo que ha sucedido es que no le ha reconocido el gobierno y no le reconoce porque no es incondicional a sus políticas. Así de simple. El precio de la resistencia puede ser, según lo anuncia la norma transitoria, la aniquilación. Esto no solo que no es justo sino que es política y jurídicamente incorrecto. No están frente a un ex rector, o frente a un edificio de la Andina, están ante miles de personas de carne y hueso que han sufrido esta intervención desde hace casi un año. Cerrar la universidad significa desempleo, familias angustiadas, estudiantes sin su espacio de formación y sin títulos…
¿Cómo va a tramitarse este propuesta nefasta de reforma a la LOES que afecta a toda universidad ecuatoriana? Debería presentarse por iniciativa legislativa, calificarse por el CAL, tener dos debates, aprobarse por mayoría y más. Parece, según información que circula en redes sociales, que el gobierno presentaría esta reforma dentro de las reformas para la extinción de universidades que ya pasó el primer debate. Si esto es así, la ley no solo que violaría en lo material el principio constitucional de autonomía responsable universitaria sino que violaría el trámite de elaboración de una ley. Se sabe que tienen mayoría legislativa y que la Corte Constitucional ha resuelto según conveniencia del gobierno. Pero no todo poder es eterno.
Sin duda alguna estamos ante un acto más de desprecio a la democracia, al pensamiento crítico y a la universidad ecuatoriana.
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