martes, 18 de septiembre de 2018

Tras el nuevo CNE se libra una gran batalla

  en Conexiones4P/Elenfoque  por 
Ruda tarea, tarea arriesgada, se ha impuesto el Consejo de Participación Ciudadano (T) para conformar el Consejo Nacional Electoral definitivo. Si se juzga por el reglamento, es evidente que Julio César Trujillo y los otros 6 miembros ya escogieron un modelo mixto: representación partidista con miembros de la sociedad civil. Esto seguramente explica la depuración polémica hecha a la lista de 79 candidatos en la cual solo quedan 26; todos aupados por partidos políticos o movimientos sociales.
Los méritos requeridos –que no deben ser cumplidos en su totalidad– no parecen destinados a sumar puntos entre los concursantes: son características que deben tener en cuenta las fuerzas políticas y la sociedad a la hora de proponer a sus candidatos. En claro, las grandes fuerzas políticas tendrán delegados en el nuevo CNE y, ante esa evidencia, queda por ver qué papel destina el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo a representantes de la sociedad civil.
El modelo escogido luce aceptable para la sociedad política, pero es riesgoso para el Consejo de Participación Ciudadana que es el depositario de la esperanza de cambio del país tras una década de autoritarismo. Y es riesgoso porque la sociedad política no ha dado pruebas de haber entendido que tras el correísmo, es inaceptable volver a las mismas prácticas del pasado. El dilema no está, entonces, solamente en la conformación del Consejo Nacional Electoral: está en lograr un acuerdo político sobre el diseño de un sistema electoral equitativo en el cual quepa la sociedad contemporánea con sus diferencias y minorías. Este es el momento.  Y Julio César Trujillo y los otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana son los llamados a lograr ese cambio para impedir que los partidos mayoritarios o los gobiernos de turno sigan administrando, a su manera, la desigualdad electoral que ha sido evidente mediante la imposición de sistemas y métodos de votación. El correísmo usó esa política electoral con todo descaro: logró la mayoría absoluta en la Asamblea sin obtener un número de votos que justificara esa representación.
El cambio pedido y esperado por la sociedad desde hace lustros es quebrar esas lógicas perversas que han sido usadas, en forma indistinta, por los partidos políticos. Y esa dirimencia solo puede asumirla la sociedad civil. Los partidos dirán, repitiendo el discurso que el correísmo viralizó, que si los ciudadanos quieren pesar en las decisiones, deben ganar elecciones. El hecho cierto es que la política en Ecuador todavía no es el arte de procesar la agenda de la sociedad y responde, en general, a los intereses y designios de los gerentes propietarios de esos partidos. Reinstitucionalizar el país pasa necesariamente por negociar otro tipo de reglas para la equidad electoral y buscar árbitros que garanticen, a la sociedad y a los partidos, el cumplimiento de las mismas.
Este punto es fundamental no solo para la dinámica electoral. Lo es para el cambio profundo que requieren los partidos políticos y la política en general. Eso se está jugando tras la decisión que tiene que tomar el Consejo de Participación Ciudadana en la designación de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. No solo es el momento político para hacerlo: es el momento simbólico al cual está confrontado el país: salir del correísmo, para volver a las reglas dictadas por los patriarcas políticos, sería retroceder y poner la sociedad (otra vez) de remolque de la lógica caudillista. Y en ese sentido se sienten pasos de animal grande (con nombres ya negociados para dirigir el CNE).
El acuerdo alrededor de un sistema electoral equitativo es la única forma que tiene en este momento la sociedad para obligar a los partidos políticos a dar pasos fundamentales en su dirección. Para que los políticos que han estado ahí (algunos desde hace décadas) reconozcan y admitan la representatividad plena de la sociedad y sus minorías. Este es el cambio en este momento está en manos de Julio César Trujillo y los otros 6 miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.

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