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La discusión sobre la descentralización y la regionalización se puso de moda en los años noventa, en medio del predominio de las políticas neoliberales en América Latina. La idea de achicar a los Estados como recomendaban los organismos del consenso de Washington, en especial el Banco Mundial, para mejorar su eficiencia y que se tradujo en el recorte de recursos a las políticas sociales, se complemen-tó con el discurso de que varias de esas políticas sociales debían ser asumidas por los gobiernos locales. Las demandas en salud, educación, seguridad, protección ambiental, ordena-mien-to territorial, debían pasar a ser atendidas por los municipios e instituciones subre-gionales, descentralizando y descon-centrando la toma de decisiones, su administración y gestión. El desarrollo dejaría de ser pensado desde lo macro y general y pasar a ser reflexionado desde las micro realidades, desde las instituciones cercanas a la población se decía, para construir mejor ciudadanía con una activa participación de los sujetos. Este discurso, impulsado por el Banco Mundial, escondía el propósito de desarticular a los movimientos sociales de carácter nacional que se habían configurado durante varias décadas en torno a reivindicaciones generales en nuestros países, fragmentándolos, haciendo que sus preocupaciones giren en torno a problemáticas particulares y en muchas ocasiones dispersas.
Estos propósitos sin duda se consiguieron, sin embargo, importantes segmentos de la sociedad se tomaron en serio aquello de participar para organizar y decidir sobre su desarrollo, las mujeres, los grupos ambientalistas, las agrupaciones de niños y adolescentes, las expresiones de la diversidad cultural e identidades étnicas, los núcleos de resistencia a las políticas agresivas del neoliberalismo empezaron a construir sus programas de reivindicación y agendas para la defensa de sus derechos. Así emergieron el nuevo municipalismo y nuevos movimientos sociales, se difundió la aspiración de conformar una ciudadanía activa. La ciudad y el gobierno local pasaron a ser actores de una nueva política, que junto a los “nuevos movimientos sociales” impulsaron la crítica al neoliberalismo y promovieron una estrategia de desarrollo con equidad, sensibilidad ambiental, con justicia social, que supere las formas de acumulación del pasado, el extractivismo. Este movimiento fue uno de los ejes en la construcción de “otro mundo es posible”, la idea de otra globalización, la necesidad de construir una alternativa al neoliberalismo. Es curioso y frustrante que los gobiernos progresistas de la región, que en buena medida fueron fruto de este proceso, se hayan caracterizaron por ser absolutamente centralistas, asfixiaron económi-camente a los municipios, les restringieron la capacidad de decidir sobre sus territorios, arrinconaron a los movimientos sociales, en especial al movimiento indígena, y reprimieron la crítica con la preten-sión de imponer un nuevo pensamiento único. A pretexto de hacer lo contrario a las políticas de achicamiento del Estado propiciado por el neolibe-ralis-mo terminaron por recuperar las mayores perversidades de la tradición populistas en la región, un Estado hinchado, ineficiente, que se convirtió en instrumento para la acumulación de grandes empre-sas y de nuevos grupos de poder dedicados a la construcción de las mega obras, con prácticas de gestión que hicieron posible la corrupción en medio de una campaña publicitaria que encubrió el autoritarismo detrás de la imagen de un progresismo vestido de revolución. No dejó de ser curioso y frustrante en nuestro país que varios de los alcaldes y dirigentes locales que crecieron políticamente en los años noventa e inicios del siglo XXI propiciando la descentralización y regio-nalización como una de las herramientas para un desarrollo distinto de las ciudades y comunidades pasaron a ser actores gravitantes en el modelo centralista del populismo correista. Cuanto se alejaron de los propósitos de Curitiba, de los foros de Sao Paulo y de “otra globalización es posible”. No es un debate superado. Hay que recuperar lo que se avanzó en descentralización, en la capacidad de decisión de las políticas en el territorio. En medio de la adversidad de la última década hay experiencias que deben ser reconocidas y potenciadas, una muestra de ello es el desempeño del municipio de Nabón. El Azuay y Cuenca, como el resto de provincias y ciudades, deben enfrentar los efectos de una política irresponsable del gobierno pasado y la inacción del gobierno actual para dar respuestas que hagan posible una potenciación de las capacidades productivas y una superación de las inequidades. Cuenca y el Azuay tienen múltiples dificultades, limitadas tierras para el cultivo, débil estructura vial, déficit en comunicaciones y transporte, deterioro en los servicios de salud y educación, inequidad insostenible en las relaciones campo ciudad y rural urbano, alta incidencia de pobreza y extrema pobreza. La migración, con todo el costo social que ello implica, ha sido uno de los instrumentos con los que nuestros pueblos han mitigado las dificultades. Pero Azuay y las regiones del Sur además deben enfrentar la presencia de un modelo económico y social insostenible, destructor de las comunidades y del medio ambiente como es la minería metálica que es impuesto desde fuera por el gobierno anterior y no frenado por el actual, que avanza en zonas tan sensibles como son los páramos y las fuentes de agua. No superamos los problemas del pasado y pretenden condenar nuestro futuro. Si hablamos de retos hay tres temas gravitantes e interrelacionados, el uno económico y los otros políticos. El económico tiene que ver con el extractivismo, con esa minería metálica. Cuenca y el Azuay no pueden tener ninguna esperanza para mejorar sus condiciones de vida bajo esa estrategia. No es rentable para la sociedad, es destructora de nuestro entorno, pone en riesgo las fuentes de agua y vida, desintegra nuestras comunidades, la riqueza que se genera es totalmente apropiada por las empresas y sacadas del país, las migajas que quedan por regalías no permiten mitigar los daños sociales y ambientales. Basta mirar los conflictos sociales en América Latina para entender que la casi totalidad de ellos se producen alrededor de la explotación minera. Los temas políticos, en cambio, tienen relación con la capacidad de respuesta de nuestra sociedad y con la transparencia. El primer gran reto es recuperar la capacidad de movilización en defensa de nuestros intereses. Si todavía tenemos esperanza es gracias a la respuesta de algunas comunidades en los alrededores de Loma Larga Quimsacocha, Río Blanco y Molleturo; de colectivos como Yasunidos, de jóvenes ambientalistas y pequeños grupos que resistieron al autoritarismo del gobierno anterior y resisten la prepotencia de las empresas extranjeras ahora. Gracias a su valiente y sostenida actuación, que debe ser reconocida, se consiguió suspender temporalmente las operaciones extractivas en Río Blanco por no haberse realizado la consulta previa, ese fue un gran logro, pero hay que tener conciencia que para frenar esta estrategia del gran capital es necesario la unidad y movilización de todos y el concurso decidido de sus autoridades y representantes. Hay que reconocer esporádicas manifestaciones del gobierno provincial así como algunas resoluciones del cabildo cuencano y de manera especial la convocatoria y realización de la Asamblea cantonal en defesa del agua efectuada el pasado 19 de julio. Que llega tarde, pero aún a tiempo. Respecto a la transparencia se impone una auditoría completa del proyecto tranvía en Cuenca, desde su nacimiento hasta las últimas contrataciones, este es un proyecto que sin duda afectó de manera severa la vida de nuestra comunidad. Lamentablemente, una de las consecuencias de las prácticas populistas es el mayor deterioro de los espacios organizativos y de debate de la Política, de la política con mayúscula, que es la antítesis del clientelismo, de los favores para el empleo público, del soborno y la demagogia. Para recuperar la Política hay que trabajar en propuestas para transformar la ciudad, el cantón y la provincia, para consolidar y ampliar los derechos y la democracia, para construir ciudadanía, para generar alternativas productivas en armonía con la naturaleza y superar las inequidades, para ser comunidades más autosuficientes. Ello implica principios y concepciones éticas. Si no tenemos partidos y en conse-cuencia no tenemos proyectos de largo alcance, al menos quienes aspiren representarnos en los gobiernos locales deberán haber demostrado una firme posición en defensa de nuestro territorio, de nuestro patrimonio cultural, una firme convicción en defensa del agua y la vida así como de los derechos a la organización y participación de nuestro pueblo. Frente a los proyectos mineros y las estrategias extractivistas no puede haber ambigüedades. |
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