El observador

POR: Juan Cuvi  Publicado en la Revista El Observador, agosto de 2018, edición 106

Ecuador: el despertar de la sociedad civil

En América Latina la sociedad civil ha oscilado entre la pasividad y la explosión. Eso explica los estallidos sociales y las revoluciones con que a menudo se busca resolver los conflictos. La ausencia de una institucionalidad que procese la participación social como un ingrediente básico de la democracia conspira a favor de las élites políticas. No importa en qué ala del espectro ideológico se ubiquen: a todas por igual les conviene la verticalidad del poder. El control de la sociedad alimenta la lógica del Estado. Da la impresión de que cualquier posibilidad de gobernar un país está condicionada por el aletargamiento de los movimientos sociales. Durante diez años el gobierno de Correa apostó por varias estrategias para debilitar a la sociedad civil organizada. Propaganda desaforada, represión selectiva, persecución judicial a líderes populares e irradiación del miedo configuran un perverso engranaje de ejercicio del poder. Y todo sostenido por una prolífica verborrea de izquierda y un consumismo exacerbado. La bonanza económica que se vivió durante ezsos años, gracias a los altos precios del petróleo, sirvió para apoltronar a una buena parte de la población, especialmente a las capas medias. Pero el conformismo y la pasividad de estos sectores se rompieron el momento en que se destapó el sistema de corrupción y abuso de poder montado por el correísmo. No solo se trató de un descomunal saqueo de fondos públicos, sino de un andamiaje autoritario para controlar férreamente el aparato estatal y asegurar la impunidad. En ese contexto, solamente la presión ciudadana podía destrabar un esquema cuyos mentalizadores pretendieron mantener circunscrito al ámbito de los amarres políticos. El gobierno de Lenín Moreno no tuvo más alternativa que convocar a una consulta popular para optar por un mecanismo democrático, y sobre todo abierto y transparente, para sanear la institucionalidad pública. De ese proceso, justamente, surgió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS). En ese sentido, este organismo encarna la reactivación de una sociedad civil largamente adormecida por la hegemonía del gobierno anterior, y que hoy busca ocupar el espacio de la política. Es decir, que busca reencontrarse con una función fundamental para la democracia. Tarea esta nada sencilla en una sociedad profundamente autoritaria como la ecuatoriana, donde la actividad política es altamente elitista. No obstante, el simple hecho de que el Consejo de Participación haya empezado a erradicar las mafias partidistas implantadas por el correísmo en las principales instituciones de control político es un adelanto innegable. El CPCSS es parte del quinto poder del Estado o Función de Transparencia y Control Social.  Entre sus funciones están la promoción de la participación, el control social y la rendición de cuentas, así como la definición de mecanismos y políticas de lucha contra la corrupción. Adicionalmente, tiene la responsabilidad de designar a varias autoridades de control: Defensor del Pueblo, Defensor Público, Contralor, Fiscal General del Estado, Procurador General, Superintendentes, miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura.   La consulta de febrero de 2018 autorizó el cese de funciones del anterior Consejo de Participación y su reemplazo por delegados escogidos del seno de la sociedad. De un organismo conformado únicamente por familiares, amigos y partidarios de Alianza País, se pasó a un organismo plural y democrático. Organizaciones y movimientos sociales diversos lo apoyan frontalmente. La misión encomendada por el pueblo tiene tres mandatos: evaluar y -de ser el caso- reemplazar a las autoridades de control, investigar los casos de corrupción y restituir los mecanismos y procedimientos de participación social desechados por el gobierno de Correa. Respecto del primer mandato, el CPCCS ha destituido a varios funcionarios de alto nivel. En primer lugar a Carlos Ochoa, director de la Superintendencia de Comunicación y responsable de aplicar una ley de comunicación con fuertes contenidos fascistas impuesta por Correa. Ochoa, además, enfrente graves denuncias por corrupción. Cabe mencionarse que en las próximas semanas, y a pedido de la ciudadanía, se hará una reforma profunda a dicha ley de comunicación. El segundo funcionario destituido fue Patricio Rivera, Superintendente de Economía Social y Solidaria y ex ministro de Economía de Correa. Sobre él también pesan denuncias de corrupción en las negociaciones de créditos externos con China, denuncias que podrían arrastrar a la cárcel al propio ex presidente Correa. Luego le tocó el turno al Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, por desacato al CPCCS transitorio. Rivadeneira ha sido cuestionado por los movimientos y organizaciones sociales de haber obviado tramitar las demandas populares por violación a los derechos humanos durante el gobierno anterior. Últimamente cesaron al Superintendente de Bancos por haber permitido el desfalco a los fondos del IESS. También se destituyó a los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral. Sobre estos últimos pesan graves sospechas de irregularidades que podrían acarrearles acciones judiciales. Pero el mayor desafío del Consejo de Participación transitorio ha sido y es la evaluación de los dos principales organismos de justicia del país. El primero fue el Consejo de la Judicatura, integrado por siete miembros y presidido por Gustavo Jalkh, ex ministro y ex secretario personal de Correa. A Jalkh se lo responsabiliza por haber permitido una serie de concursos fraudulentos para designar a jueces y fiscales afines al correísmo. Su cesación abrió las puertas a una recomposición transitoria de un organismo que se prestó para todo tipo de anomalías durante el correato. En segundo organismo es la Corte Constitucional, máxima instancia de administración de la justicia en el Ecuador. Está integrada por nueve miembros, a quienes se acusa de haber omitido decisiones judiciales que contrariaban el criterio del anterior gobierno y, por lo mismo, de haber incurrido en una grave afectación de derechos de los reclamantes. Respecto del segundo mandato, el Consejo de Participación está procesando centenares de denuncias represadas durante varios años, la mayoría de las cuales tienen relación con delitos y negociados ocurridos durante la década pasada. Hasta ahora se han contabilizado más de tres mil causas pendientes. Respecto del tercer mandato, hoy se está reestructurando al Consejo de Participación a nivel nacional. La primera medida ha sido la depuración de un ejército de funcionarios innecesarios, muchos de los cuales fueron cuota política del correísmo. La perspectiva es sanear al organismo y reconstituir la institución a partir de propuestas y designaciones surgidas de las organizaciones sociales.    Las muestras de apoyo ciudadano a las gestiones realizadas reflejan un estado de ánimo colectivo frente a una aspiración común: la lucha contra la impunidad. No son reivindicaciones parciales de los movimientos sociales, sino una indignación general por el latrocinio perpetuado durante el gobierno de Correa. La movilización y la participación en redes sociales convoca a lo más diverso de la ciudadanía. Únicamente los reducidos grupos de incondicionales del correísmo se han colocado en la otra vereda de la decencia pública. Esta reacción de la sociedad actualiza el viejo debate sobre el lugar de la política. El Consejo de Participación abre la posibilidad de una mayor injerencia social en las decisiones del Estado. Quiere romper el coto cerrado de los partidos y organismos políticos, y dinamizar el amplio espacio de lo público. Y lo hace desde una medida contundente: destapando un sistema de corrupción y abuso de poder montado a partir de la manipulación institucional. Lo que más indigna a la gente es que esto haya ocurrido en sus propias narices. ¿Cómo fue posible que se montara semejante maquinaria de corrupción? Pues dejando al aparato del Estado el control de la vida pública, depositando una fe ciega en el caudillo de turno, acomodándose a la exuberancia del consumo, empalagándose con la propaganda. Si los correístas pudieron disponer de la riqueza nacional a su antojo fue porque la sociedad permaneció de espaldas a la política. Tal vez lo más traumático para el país sea constatar algo que siempre debió intuirse. Abandonar la política por comodidad, hastío, miedo o indiferencia resulta un pésimo negocio. Permite la entronización de auténticas mafias en la administración del Estado. Una vez agarrada la rienda, la maraña de inmoralidades y atropellos crece en forma interminable. Hoy se busca volver los ojos a la gente. A la sociedad. La realización de una Asamblea por la Defensa del Agua en Cuenca, convocada por la delegación provincial del CPCCS, constituye un hito fundamental. Las manifestaciones de respaldo al Consejo de Participación han sido masivas. Ponernos a todos en las calles es un ejercicio vivificante.