El coletazo en Ecuador de la red colombiana de espionaje ilegal
Dos supuestos oficiales en retiro del Ejército colombiano llegaron a las oficinas del Ministerio del Interior de Ecuador a ofrecer servicios de inteligencia para ayudar a resolver lo ocurrido en el secuestro y asesinato de los periodistas del diario El Comercio. Las autoridades del vecino país denunciaron ante sus pares en Colombia que el coronel (r) Jorge Humberto Salinas Muñoz y el mayor (r) Luis Mesías Quiroga intentaron vender un servicio de seguridad en el que se podía interceptar comunicaciones y conversaciones de WhatsApp de presuntos guerrilleros bajo el mando de Guacho.
17 de septiembre del 2018
REDACCIÓN PLAN V
Un informe de inteligencia de Ecuador, el 9 de mayo pasado, permitió a la Fiscalía colombiana descubrir una red de espionaje, dirigida por ex oficiales de la policía colombiana, expertos en inteligencia, que operaba clandestinamente, desde Ipiales, Colombia. Esta red vendía servicios de espionaje y extorsión y "atendía casos" desde vigilancia a esposos infieles hasta espiar al Fiscal General del país del norte. Es el escándalo más grave desde las chuzadas del DAS, y que muestra que el uso de equipos ilegales, manejados por informáticos expertos, están al servicio del crimen organizado y la corrupción.
La génesis de todo es una fiscal de Pasto que investigaba una denuncia interpuesta el 5 de mayo de 2017 por el robo de hidrocarburos en la vía Panamericana. En esa investigación se identificó al coronel (r) del Ejército Carlos Andrés Pérez, quien era el jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales, como uno de los responsables. Al hacer seguimiento a sus comunicaciones, las autoridades identificaron a María Alicia Pinzón Montenegro, una hacker que creó y perfeccionó un software desde 2006 para interceptar mensajes Whatsapp, llamadas y recuperación de datos. Para diciembre de 2017 se prendieron las alertas, pues se descubrió que Pinzón intentó chuzar al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz, informó el diario El Espectador, de Colombia.
El rotativo colombiano reportó así la historia:
"El caso llegó al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Se identificaron otras líneas, pero se desconocía quiénes estaban hablando. La investigación se enderezó gracias a un informe de inteligencia de Ecuador del pasado 9 de mayo, en el que alertaron que oficiales retirados del Ejército colombiano les estaban ofreciendo servicios de interceptación de comunicaciones. Cuando los investigadores de la Fiscalía comenzaron a indagar, se dieron cuenta de que eran el coronel (r) Jorge Humberto Salinas y el mayor (r) Luis Mesías Quiroga, quienes también resultaron ser los hombres que constantemente se comunicaban con la hacker Pinzón para darle órdenes de chuzar ciertos números telefónicos.
La Fiscalía unió cabos sueltos, monitoreó sus conversaciones y logró establecer que ellos eran los cerebros de una red que funcionaba desde Ipiales y dos oficinas en Cali.
"La Fiscalía unió cabos sueltos, monitoreó sus conversaciones y logró establecer que ellos eran los cerebros de una red que funcionaba desde Ipiales y dos oficinas en Cali. El pasado 3 de agosto capturaron al coronel (r) Salinas, el mayor (r) Quiroga, la hacker Pinzón y el coronel (r) Pérez. Los tres primeros fueron arrestados en la casa de Pinzón mientras trabajan en sus computadores, en los que estaban consignadas todas las pruebas de las chuzadas ilegales. Al verse contra las cuerdas decidieron colaborar con la Fiscalía. La primera en hacerlo fue María Alicia Pinzón, quien dio acceso a las 175 carpetas en las que consignaron toda la información recopilada ilegalmente para sus clientes.
El coronel (r) del Ejército Carlos Peréz junto al mayor (r) Luis Quiroga forman parte de los capturados. Según la Fiscalía María Alicia Pinzón (foto), también detenida, era la ‘hacker’ de la red. Fotos: Semana
El coronel (r) Salinas fue el segundo en hablar. Explicó cómo comenzó la red, que tenía la capacidad de interceptar datos, llamadas, acceder bases de datos y violar la intimidad de las personas a las que sus clientes querían chuzar. Salinas dijo que conoció a María Alicia Pinzón cuando era oficial de inteligencia del Ejército, ya que ella era una de sus fuentes humanas. Aseguró que tras su retiro fue contratado como jefe de seguridad de Ferrocarriles del Pacífico y que en esa época, para resolver un problema interno de seguridad, acudió a la hacker para que con su software interceptara los Whatsapp de trabajadores que al parecer estaban robando a la empresa. Desde ese entonces sellaron su sociedad y el coronel (r) Salinas contrató a Pinzón por $3 millones mensuales.
El caso Guatibonza
“Con el general (r) Guatibonza había una intención clara en temas de consultoría, seguridad y capacitaciones investigativas. Estaba la intención de abrir oficina en Ecuador y en los casos que él me pidió apoyo, él sabía exactamente lo que se hacía. Recuerdo tres casos en particular, como lo fue la recuperación de mensajes de Whatsapp de unos teléfonos que él me pasó, el caso de cobre, que era una pérdida de material en una empresa petrolera en los Llanos, y el caso de infidelidad de un amigo suyo”, declaró Salinas, el pasado 7 de septiembre, ante la Fiscalía.
La Fiscalía citó al general retirado de la Policía Humberto Guatibonza para que explique su relación con la red de interceptaciones ilegales. El fiscal del caso afirmó que tiene en su poder varias conversaciones entre el oficial y los detenidos. Foto: Semana
"Según la Fiscalía, a través de las empresas JHS Consultores, de Salinas; Quarkom, de Madero; Global Log Security, VIP Security, A&G Seguridad y Humberto Guatibonza Consultoría S.A.S. (el subgerente era Carlos Arenas), los capturados crearon una empresa criminal en la que se ofrecían servicios de interceptaciones de comunicaciones telefónicas y de Whatsapp (incluidos chats y llamadas), blindaje de equipos contra hackers, acceso a bases de datos y hasta registros de llamadas entrantes y salientes. Todo bajo la fachada de una asesorías en seguridad. “Eran socios, conseguían los clientes, recibían los pagos. Si ellos no existían, no se realizaban las interceptaciones”, sostuvo en audiencia el fiscal del caso Daniel Hernández.
Entre las llamadas interceptadas a los miembros de la red se escucha hablar de un viaje a Ecuador al que irían Salinas y Guatibonza a mediados de este año, para intentar cerrar un negocio con el coordinador de la Secretaría de Inteligencia de Esmeraldas (Ecuador)"
"En su interrogatorio, el coronel (r) Salinas explicó que la relación con el general Guatibonza empezó en septiembre de 2017, cuando Carlos Arenas, oficiando como representante de las empresas del oficial retirado, le expresó su deseo de trabajar en conjunto. Supuestamente, uno de los primeros trabajos que hicieron fue identificar las IP desde las que se estaban comunicando por Facebook los secuestradores de un importante empresario antioqueño. Asimismo, Salinas sostuvo que comenzaron trabajos con la empresa Pepsico y que colaboraron con la identificación de unos personajes que estaban intimidando al alcalde de Mesitas del Colegio (Cundinamarca) por redes sociales.
"Al avanzar en las pesquisas, la Fiscalía encontró que en las comunicaciones entre María Alicia Pinzón y Salinas se hablaba de un tal Guati y Don Humberto. Es más, la primera aparición del general (r) Guatibonza en el radar de las autoridades se dio en una comunicación interceptada el 15 de diciembre de 2017. En esa llamada, el coronel (r) Salinas le pedía a la hacker acelerar la recuperación de una información de Whatsapp que había solicitado Guati. De ahí en adelante, el nombre del exdirector de la Policía de Bogotá fue recurrente.
"Para junio de 2018, los investigadores también escucharon conversaciones en las que aparecían Carlos Arenas y Mauricio Molina, gerente de la empresa A&G Seguridad. En una de esas, el coronel (r) Salinas le recriminó a Molina que supuestamente Carlos Arenas estaba haciendo un “porfuerazo” con un negocio con Davivienda. Además, entre las llamadas interceptadas a los miembros de la red se escucha hablar de un viaje a Ecuador al que irían Salinas y Guatibonza a mediados de este año, para intentar cerrar un negocio con el coordinador de la Secretaría de Inteligencia de Esmeraldas (Ecuador)".
Podemos investigar a Guacho...
"A través de dos investigaciones se descubrió la red de tres oficiales en retiro del Ejército que ofrecían el servicio de interceptaciones ilegales. Una alerta de inteligencia militar de Ecuador en abril de este año los delató.
"Desde que salió a la luz la existencia de una red de interceptaciones ilegales dedicada a obtener información privada de empresas, políticos, integrantes de la Fuerza Pública, funcionarios judiciales y particulares, con el propósito de venderla a terceros, varios implicados a la sombra tiemblan. Y no es para menos, ya que esta organización, con fachada de empresa de seguridad, logró obtener información sensible de personajes importantes del país. Pero ¿cómo se configuró esta red ilegal? “Todo fue una bonita casualidad”, aseguró a El Espectador una fuente cercana al proceso, pues dos investigaciones judiciales que parecían aisladas terminaron coincidiendo.
"Todo comenzó el 4 de mayo de 2017, cuando un ciudadano presentó una denuncia contra una red de contrabando y robo de mercancía que operaba en la vía Panamericana, entre los departamentos de Nariño y Valle del Cauca. La Fiscalía investigó y surgió el nombre de quien, al parecer, era el jefe de esta red: Carlos Andrés Pérez Cadena. Al principio, las autoridades no lo tenían identificado, por lo que ordenaron interceptar sus comunicaciones. Se dieron cuenta de que Pérez Cadena era un coronel retirado del Ejército y el jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales (Nariño).
"El siguiente paso de la Fiscalía fue identificar a las personas con quien más se comunicaba el coronel (r) Pérez. En concreto eran dos hombres y una persona a la que llamaban Mary. Se descubrió que la mujer era María Alicia Pinzón Montenegro, exfuncionaria del Ministerio de Tecnologías de la Información y quien terminó siendo el eslabón más importante de una red de chuzadas que funcionaba desde el occidente del país. Ella era la hacker, a quien Pérez y sus socios consideraban la “dama de las interceptaciones”, pues no sólo chuzaba las llamadas telefónicas, sino también conversaciones de WhatsApp.
Según el reporte, dos supuestos oficiales en retiro del Ejército colombiano llegaron a las oficinas del Ministerio del Interior de Ecuador a ofrecer servicios de inteligencia.
"La fiscal de Pasto que llevaba el caso del hurto de vehículos en la vía Panamericana siguió monitoreando minuciosamente las comunicaciones del coronel (r) Pérez, la hacker y los otros dos hombres no identificados. En los diálogos se les escuchaba dar instrucciones a Mary para “controlar” ciertos teléfonos, es decir, chuzar líneas telefónicas. La fiscal descubrió que uno de esos números pertenecía al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz, quien adelantaba una investigación contra el gobernador de Nariño, Camilo Romero. La alerta se encendió porque el coronel (r) Pérez era el jefe de seguridad del alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, el padre del gobernador.
"Esa situación se dio en agosto de 2017, época en la que la fiscal reportó los hechos a la sede central de la Fiscalía en Bogotá. Fue entonces que se empezaron a dimensionar los alcances de esta red de chuzadas y se designó un equipo especial para hacerle seguimiento. Durante seis meses la investigación avanzó poco, porque aún seguían sin ser identificados los otros eslabones de la red. Sin embargo, en abril de este año, un reporte enviado por organismos de inteligencia militar de Ecuador dio la pista crucial para saber quiénes eran los otros dos hombres que constantemente se comunicaban con Pérez y Mary.
"Según el reporte, dos supuestos oficiales en retiro del Ejército colombiano llegaron a las oficinas del Ministerio del Interior de Ecuador a ofrecer servicios de inteligencia para ayudar a resolver lo ocurrido en el secuestro y asesinato de los periodistas del diario El Comercio. Las autoridades del vecino país denunciaron ante sus pares en Colombia que el coronel (r) Jorge Humberto Salinas Muñoz y el mayor (r) Luis Mesías Quiroga intentaron vender un servicio de seguridad en el que se podía interceptar comunicaciones y conversaciones de WhatsApp de presuntos guerrilleros bajo el mando de Guacho.
"Lo sucedido causó desconfianza entre los miembros de inteligencia militar de Ecuador, por lo que, por medio de una nota oficial de inteligencia, dieron a conocer los ofrecimientos ilegales que les hicieron Salinas y Quiroga. Las Fuerzas Militares de Colombia le entregaron la información a la Fiscalía y abrieron un nuevo proceso interceptando los teléfonos de los oficiales en retiro. En medio de esas actividades se descubrió que una de esas líneas telefónicas ya estaba interceptada por los investigadores que llevaban el expediente de Mary y el coronel (r) Pérez.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que su entidad judicializará a quienes ofrecían los servicios de interceptación ilegal y a los clientes y empresas que los contrataban. Foto: Semana
"Ante tal coincidencia, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ordenó unir en un solo expediente los dos casos. Ahí se descubrió que, mientras para la fiscal de Pasto los hombres desconocidos que se comunicaban con el coronel (r) Carlos Andrés Pérez resultaron ser Salinas y Quiroga, quien aparecía como la hacker o Andrea en el segundo proceso era María Alicia Pinzón Montenegro. Entonces se ordenó capturar a los tres oficiales en retiro implicados y a la hacker Pinzón. Además se allanaron oficinas en Cali, Ipiales y Bogotá. En esta última ciudad el CTI de la Fiscalía llegó hasta las instalaciones de la empresa A&G Seguridad, propiedad del general en retiro de la Policía Humberto Guatibonza.
"Los investigadores incautaron varios dispositivos electrónicos, USB, discos duros y celulares. Pero la joya de la corona fue el computador de la hacker Pinzón, quien decidió colaborar con la Fiscalía y darle acceso a todas las carpetas en las que guardó las interceptaciones realizadas. Hasta el momento se han identificado más de 40 casos, entre los que aparecen empresas como Avianca, Servientrega y TCC, y personajes relevantes de la vida pública y política del país.
"De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, aún se está esclareciendo quiénes son potenciales víctimas y quiénes fueron los clientes de esta red ilegal de interceptaciones. Respecto al caso del general (r) Guatibonza, aún no se tiene claridad sobre su participación en los hechos. Sin embargo, la hipótesis que más fuerza ha cogido es que podría ser un enlace para conseguir clientes, pues su larga trayectoria en el Gaula de la Policía le permitió relacionarse con empresarios de alto nivel que habrían tenido la capacidad de acceder a estos servicios ilegales.
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