Correa manda cheerleaders como observadores de su juicio

Publicado en septiembre 19, 2018  en Info  por Martín Pallares

Decir que un grupo de abogados y partidarios acérrimos de Rafael Correa es una Misión de Observadores Internacionales para asistir al juicio que se le sigue al ex presidente ecuatoriano por el secuestro de Fernando Balda, es parecido a afirmar que unos talibanes rabiosos pueden ser veedores imparciales de un juicio a un terrorista de Al Qaeda. Algo así es lo que Rafael Correa y sus partidarios han hecho con los nueve personajes que hicieron acreditar como supuestos observadores internacionales a la audiencia dentro del juicio por el secuestro en contra de Balda. La sesión que fue convocada para el martes 18 de septiembre finalmente se postergó para este viernes 21.

La idea de crear una Misión Internacional de Observadores con cheerleaders de Correa no pudo haber sido ser más burda y grosera. Para comenzar, entre los nueve “observadores” internacionales están dos abogados que trabajan para Correa en Europa: el belga Christophe Marchand y el italiano Antonio Ingroia. A ninguno de los dos se les podría atribuir ni la más remota imparcialidad frente al proceso en contra del ex presidente, pues ambos son pagados por el ex presidente para que lo defiendan. El caso de Marchand es sin duda el más llamativo, pues se trata del abogado que lo ha estado defendiendo en Bélgica, donde vive Correa, con el caso Balda y también en el de la querella por el enfrentamiento que el ex presidente tuvo con el periodista lojano Ramiro Cueva. Marchand es un abogado célebre en Europa por defender a personas muy polémicos como Julian Assange o el independentista catalán, Carles Puidgemont. Además es conocido por haber defendido a acusados de terrorismo islámico. Toda una celebridad que, se sabe, cobra como abogado entre 600 y 800 euros la hora.

Marchand y otro abogado que trabaja con él en Bélgica han presentado, además, una queja ante la ONU en la que sostienen que Correa no goza con las garantías del debido proceso. Según un comunicado de Marchand y del jurista Ludovic Hennebel, publicado por la cadena chavista Telesur, en la denuncia presentada ante el relator especial de la ONU, Diego García- Sayán, se sostiene que la Correa es víctima de una  persecución judicial de magistrados, fiscales y abogados por razones políticas.

Ingroia, otro abogado muy conocido en su Italia, fue fiscal anti mafia en su país y es, asimismo, uno de los abogados que defienden al ex presidente en Europa como aparece en medios italianos. En una de sus declaraciones en Italia dijo, no hace mucho, que Correa está pagando por haber dado asilo a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Según datos de la prensa de Italia el estudio jurídico de Ingroia ha firmado un contrato con Correa para su defensa. El que Ingroia se haya presentado ante los medios ecuatorianos en Quito sin aclarar que es abogado pagado por Correa y decir “creo que aquí hay un desierto probatorio” en referencia al juicio en contra de Correa es, sin duda, un acto de inmensa deshonestidad profesional.

¿Si la presencia de dos abogados pagados por Correa no invalida una misión de observación sobre un procesos judicial en el que él es parte, entonces qué puede? Simple: que dos políticos chilenos afiliados al Partido Comunista, que han defendido al ex vicepresidente Jorge Glas y que han hecho toda una campaña favorable a su liberación, sean parte de la supuesta misión de observadores. Hugo Gutiérrez, asambleísta chileno por el Partido Comunista, y su asesor Rubén Jerez son dos políticos y activistas que desde hace meses han participado activamente en una campaña de relaciones públicas para defender a Jorge Glas, preso por haber recibido coimas de Odebrecht.

Hugo Gutiérrez no es la primera vez que pretende aparecer como observador imparcial. Ya estuvo en el Ecuador en calidad de experto judicial para decir que Jorge Glas es inocente y víctima de persecución política. En mayo, Gutiérrez entregó a los asambleístas ultra correístas Soledad Buendía y Carlos Viteri, en Chile, un informe elaborado por él en el que concluía que “estamos en presencia de un preso político que no sabemos ya si del gobierno o una dictadura de Lenín Moreno”. En ese entonces Jerez dijo que “para nosotros ya es un secuestro… Hubo un golpe de Estado… No hubo un debido proceso”. A pesar de todo esto, Gutiérrez llena su cuenta de Twitter con mensajes en los que pretende aparecer como un jurista independiente y serio con la legitimidad suficiente para dar un criterio jurídico sobre el caso.