El caso Balda a punto de exiliar a Correa del país y la política
Si no ocurre nada extraordinario e imprevisto en los próximos días, semanas o, máximo, meses esto es lo que le ocurrirá a Rafael Correa por su participación en el secuestro de Fernando Balda: su causa será suspendida por el Tribunal que lo procesará al no poder juzgarlo en ausencia y, en nueve años (período en el que prescribe el delito por el que está siendo procesado) el ex presidente no podrá pisar territorio ecuatoriano. Si lo hace irá preso de inmediato.
Sin embargo vivir fuera del país por ser prófugo de la justicia ecuatoriana durante nueve años no es la cereza del pastel en el lío que tiene Correa con la justicia. Una vez que la jueza Daniella Camacho de la Corte Nacional admitió el martes 24 de septiembre el juicio por el secuestro a Balda el caso subirá a un Tribunal de la Corte que dictará sentencia. Tan pronto como eso ocurra, el Fiscal iniciará una nueva causa en contra del ex presidente, esta vez por peculado. Esto, porque el operativo en el que se privó ilegalmente la libertad de Balda en Bogotá fue financiado con fondos del Estado, lo cual es claramente ilegal. Y lo grave en este caso, para el ex presidente, es que el peculado no prescribe jamás. Es decir, ahí podría estar el fin de la carrera política de Correa. Al menos en los papeles y si no ocurre nada extraordinario, claro.
Pero ¿por qué dar por sentado que Correa no saldrá bien librado del caso Balda? Sencillo: lo que ocurrió, se vio y escuchó el martes 25 de septiembre durante la larga audiencia preparatoria del juicio en las incómodas e inadecuadas instalaciones de la Corte Nacional, puso en evidencia que la defensa de Correa está prácticamente liquidada porque no tiene argumentos de peso o suficientemente sólidos para sostener la inocencia del ex presidente frente a la enorme cantidad de evidencias que lo señalan como el responsable intelectual más importante del delito. Y eso se notó: una atmósfera de derrota, impotencia y angustia rodeó la defensa de Correa durante la audiencia del martes y a sus cada vez más exánimes y escasos partidarios que van a la Corte a apoyar al ex presidente.
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a Fernando Balda.bit.ly/2xTxYNQ
La atmósfera de derrota se instaló no solo desde el momento en que se supo sobre la visita ilegal e inmoral que la asambleísta Sofía Espín y Yadira Cadena, miembro del equipo jurídico que defiende a Correa, hicieron en la cárcel 4 a Diana Falcón, la ex agente de la Secretaría de Inteligencia que está presa por ser autora confesa del secuestro. La sensación a derrota fue evidente por la forma en que la Fiscalía y la defensa de Balda desbarataron contundentemente los alegatos que habían presentado los abogados de Correa y del ex secretario de Inteligencia, Pablo Romero, para que el juicio en contra del ex mandatario sea declarado nulo.
Aunque la argumentaciones de Felipe Rodríguez, abogado principal de Balda, y la del fiscal Pérez Reina fueron sólidas, bien articuladas y muy bien respaldada por la doctrina y la jurisprudencia, lo cierto es que los argumentos de los acusados podían haber sido desbaratados por un grupo de estudiantes de kindergarden.
Para comenzar, uno de los abogados de Pablo Romero, Stalin Oviedo, trató de sorprender en la audiencia cuando dijo que la jueza Camacho tenía que excusarse del caso por haberse mostrado parcializada ya que ya había sentenciado en contra de los acusados Raúl Chicaiza y Diana Falcón cuando les negó el proceso abreviado y dijo que la pena que tenían que recibir era mínimo de 24 meses de prisión. Pueril argumento que fue desbaratado inmediatamente por Felipe Rodríguez: demostró que Camacho no había redactado una sentencia condenatoria, como lo dijo Oviedo, sino que tan solo había considerado como improcedente el proceso abreviado, para Chicaíza y Falcón. Únicamente el tribunal que conocerá el caso podrá sentenciar.
Luego vino el desmantelamiento de todos los argumentos que había presentado Caupolicán Peña en su afán de echar abajo el juicio. El primero de ellos es el que sostiene que Correa no puede se juzgado en el Ecuador por un delito cometido en otro país, en este caso Colombia. Cuando se trata de una autoría intelectual, lo que importa no es donde se ejecuta sino donde se concibe: esa fue la argumentación obvia -y que cualquier estudiante de Derecho usaría- que lanzó Rodríguez para responder a Ochoa. Además, Rodríguez citó leyes, doctrina y convenciones internacionales que sostienen, con gran lógica, que cuando se trata de delitos en contra de los derechos humanos no importa dónde se ejecutan sino donde se conciben. Lo contrario sería sostener, por ejemplo, que Hitler no podía ser juzgado en Alemania por sus crímenes cometidos en Polonia, por ejemplo.
Luego vino el desmoronamiento del argumento según el cual, Correa, Romero, Falcón y Chicaíza (los tres culpables del secuestro según el fiscal) no deberían ser juzgados por el secuestro a Balda porque ese tema ya fue procesado en Colombia. Los abogados de Correa pretendían que los acusados ecuatorianos no sean juzgados en virtud del principio según el cual nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. El argumento no resistió el más mínimo razonamiento: según Felipe Rodríguez y el fiscal Pérez Reina, ni Chicaiza, ni Romero, ni Correa ni Falcón han sido procesados; peor condenados en Colombia por lo que no aplicaba, ni de lejos, la tesis de Caupolicán Ochoa según la cual al haberse condenado a los sicarios que ayudaron a Chicaiza y Falcón en Bogotá, el tema ya había sido resuelto. “Los que fueron juzgados en Colombia son otros y no están presentes en esta sala”, dijo el fiscal que durante la audiencia del martes estuvo mucho más incisivo y fuerte en su retórica que el viernes cuando inició la audiencia.
Un tercer argumento de la defensa de Correa que fue derribado fue el que dice que el fiscal Paúl Pérez Reina no es titular y no tiene nombramiento oficial expedido por la Asamblea. A Felipe Rodríguez le tomó apenas unos pocos minutos para demostrar que Pérez Reina fue escogido como fiscal porque el titular, Carlos Baca Mancheno, fue destituido por la Asamblea y el actual fiscal fue escogido simplemente por ser el que mejor puntuaciones tenía. Así de sencillo.
La elocuencia y el peso de los argumentos expuestos por Rodríguez y el fiscal Pérez Reina fueron tan evidentes que cuando la jueza Camacho ordenó un receso de dos horas antes de anunciar su resolución, en la sala estaba clarísimo que iba a aceptar, como en efecto, lo hizo admisibilidad del juicio.
La debilidad, sin embargo, de los esfuerzos desplegados por los abogados de Correa para echar abajo el proceso se sumó a la abrumadora cantidad de evidencias que muestran la participación de Correa en la decisión de secuestrar a Balda: la existencia de los pasajes que el Estado compró para que Falcón y Chicaiza viajen varias veces a Colombia, las cartas que estos dos agentes escribieron al ex presidente Correa suplicándole que cumpla su ofrecimiento de apoyarlos frente a la justicia, los audios en los que se evidencia que Correa estaba pendiente del operativo, las declaraciones de los sicarios colombianos que fueron detenidos luego del secuestro, la proforma de un grupo de abogados colombianos para defender a Chicaiza y Falcón, los cheques emitidos por la Senain y la Presidencia para los gastos del secuestro y otras tantas pruebas constituyen una abrumadora suma de evidencias que comprometen a Correa que son muy difíciles de rebatir. En total, según el fiscal, existen 28 elementos de juicio o pruebas que vinculan a Correa y al Estado ecuatoriano.
Precisamente por la dificultad de articular un relato o un discurso de inocencia de Correa, los pocos recursos que quedan a la defensa del ex presidente es pretender que se eche abajo el proceso o realizar un acto desesperado como fue el intento de Espín y Cadena de que una de las cooperantes eficaces se retracte de todo lo que ha dicho hasta ahora. Esto, a cambio de supuestas protecciones internacionales y el asilo en Bélgica.
Correa, en definitiva, tiene todas las de perder en el caso Balda. Su obsesión infantil y torpe de acallar a cómo de lugar a quien para entonces era un opositor muy poco significativo le está pasando una factura enorme. Jurídicamente es muy poco lo que sus abogados pueden hacer a estas alturas del proceso. Su única esperanza parece ser conseguir un asilo en otro país o que se produzca un cambio institucional tan grande en el Ecuador capaz de que él pueda reconstituir el andamiaje de impunidad y control del poder que dejó montado cuando salió de la Presidencia.
Por lo pronto, a Correa no le esperan buenas cosas.
Foto: defensa de Fernando Balda
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