Nuevo modelo de Gobierno

Publicado el 30 septiembre, 201729 septiembre, 2017 por AGN

DIARIO EL MERCURIO

[Alberto Ordóñez Ortiz]

Vivimos el sobresalto de la Consulta Popular. Todos, o, casi todos, tienen puestos sus ojos en ella. La tensión domina todos los espacios políticos, gremiales y de toda índole. Desde nuestra personal perspectiva, la Consulta debería apuntar al restablecimiento de una libertad de expresión plena, -la primera prioridad- y de una sociedad libre del espionaje; a que el hiperpresidencialismo desaparezca; a que la Función Judicial recupere la independencia e imparcialidad de sus jueces; a que la Función Legislativa cumpla con la tarea de legislar y de fiscalizar sin mañosas cortapisas; y, sobre todo, que entre estás tres Funciones -eje de nuestra estructura estatal- exista el equilibrio y la independencia que evite la superposición o la intromisión de una sobre otra. Desde luego que el tema no debería terminar allí, sino ir en profundidad a una reforma legislativa integral, incluida la eliminación de las enmiendas constitucionales. Para cubrir ese vacío, la conformación de una Comisión Legislativa adscrita a la Asamblea, es un imperativo inaplazable.

En lo que concierne a la designación de los representantes de los Órganos de Control: Contralor y Fiscal General, principalmente, deberían establecerse requisitos en extremo rigurosos. Su proceso de selección tendrá que ser absolutamente transparente. Y su designación de competencia de la Asamblea, porque resultaría un contrasentido que el Ejecutivo nomine a quienes tendrían que fiscalizar su gestión. Creemos a pie firme que, deberían desaparecer tanto el Consejo de Participación Ciudadana, como el Consejo Nacional de la Judicatura, dos elefantes blancos que además serían posibles centros de corrupción. Su desaparición significaría -en época de crisis y austeridad- al ahorro de varias centenas de millones de dólares; y, principalmente, la plena vigencia de la transparencia.

Al respecto basta recordar que el nombramiento de los más altos funcionarios: Ministros, Subsecretarios y un largo etcétera, competen al Ejecutivo. Los demás, a los Ministros o a los personeros de las instituciones que conforman el Sector Público. En lo que atañe a la selección y nombramiento de los jueces y demás operadores judiciales deberían estar a cargo de la Corte Nacional y de las Cortes provinciales, como ocurría hasta antes del siniestro correísmo. ¿Para qué entonces los dos elefantes blancos? Además, toda contratación pública tendrían de forma obligatoria que pasar por los procesos licitatorios y demás; excepto, claro está, en los casos de conmoción interna debidamente calificados como tales.

Bajo el reseñado modelo, se daría un sólido avance en la imperativa descorreización de la corrupción y la eliminación de la [[garantía]] de impunidad: cínico mascarón de proa del barco pirata. La libertad es un derecho, pero se magnifica cuando están en la cárcel los que deben estarlo. Si la Consulta Popular permite que se adopte el modelo de gobierno propuesto, -incluidas variantes que no alteren su esencia sino que lo superen- el país podrá respirar en paz, porque hacerlo, significará inhalar hondo el aire de la democracia plena. (O)