El caso Pallares y la CONAIE
La sociedad ecuatoriana tiene en sus manos un desafío crucial: reconstruir la institucionalidad democrática del país. Y eso, de entrada, exige desmontar el andamiaje fascistoide de leyes y organismos que creó el correato. La independencia de la justicia es un objetivo imprescindible; la autonomía de las organizaciones sociales es otro avance fundamental.
05 de julio del 2017
POR: Juan Cuvi
Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.
No obstante, y como dice el dicho, no cantemos gloria hasta el fin de la victoria".
Alguien debe haberle soplado al oído a Lenín Moreno la célebre frase de Napoleón: Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error. Porque, tal como pintan las cosas, el Presidente de la República está dejando que Correa y sus incondicionales se pongan la soga al cuello. Y no hace nada para impedirlo.
La ruptura al interior del oficialismo parece inminente. Al menos, entre sus jerarcas. Calificar la estrategia de diálogo con la CONAIE como desleal y mediocre es una torpe reacción frente a un hecho que cuenta con elevada aceptación ciudadana. En su estilo ramplón, Correa declara la guerra al gobierno, desde una posición de debilidad que acaba de evidenciarse en un juicio civil. ¿Se percata el ex Presidente de las implicaciones que tiene la sentencia absolutoria a favor de Martín Pallares? Más allá de las motivaciones que estén detrás de esta decisión judicial, y que tarde o temprano saldrán a la luz, es obvio que simboliza una grave pérdida de poder del correísmo.
No obstante, y como dice el dicho, no cantemos gloria hasta el fin de la victoria. Si bien debemos congratularnos por este triunfo de la libertad de expresión, no podemos estar seguros de que la justicia ecuatoriana haya decidido salir por sus fueros. Tenemos derecho a dudar: ¿cómo puede ser posible que jueces que durante diez años actuaron con sumisión y favoritismo decidan, de la noche a la mañana, actuar con total independencia? Sería como creer en milagros.
Otra posibilidad es que la administración de justicia haya optado por alinearse con los nuevos vientos. Esto sería lamentable, porque nos deja en la misma situación de indefensión que hemos padecido durante el correato. Pero, de ser así, podemos especular que la sentencia en contra de Correa fue un desaire promovido desde el nuevo poder político. La declaración de guerra, entonces, tendría origen en Carondelet.
Sea cual sea la explicación, a los ojos de la ciudadanía, Correa y sus operadores judiciales están perdiendo las riendas de los poderes concretos. Han sido vapuleados en un tribunal, en un campo que manejaron a su antojo y con el más cínico desparpajo. Es innegable que algo cambió.
En estas circunstancias favorables, la sociedad ecuatoriana tiene en sus manos un desafío crucial: cómo reconstruir la institucionalidad democrática del país. Y eso, de entrada, exige desmontar el andamiaje fascistoide de leyes y organismos que creó el correato. La independencia de la justicia es un objetivo imprescindible; la autonomía de las organizaciones sociales es otro avance fundamental. Que la CONAIE haya conseguido el comodato de sus sedes por cien años condensa el triunfo de la resistencia sobre el despotismo, de la autonomía sobre el tutelaje, de la plurinacionalidad sobre el racismo.
La ruptura al interior del oficialismo parece inminente. Al menos, entre sus jerarcas. Calificar la estrategia de diálogo con la CONAIE como desleal y mediocre es una torpe reacción frente a un hecho que cuenta con elevada aceptación ciudadana. En su estilo ramplón, Correa declara la guerra al gobierno, desde una posición de debilidad que acaba de evidenciarse en un juicio civil. ¿Se percata el ex Presidente de las implicaciones que tiene la sentencia absolutoria a favor de Martín Pallares? Más allá de las motivaciones que estén detrás de esta decisión judicial, y que tarde o temprano saldrán a la luz, es obvio que simboliza una grave pérdida de poder del correísmo.
No obstante, y como dice el dicho, no cantemos gloria hasta el fin de la victoria. Si bien debemos congratularnos por este triunfo de la libertad de expresión, no podemos estar seguros de que la justicia ecuatoriana haya decidido salir por sus fueros. Tenemos derecho a dudar: ¿cómo puede ser posible que jueces que durante diez años actuaron con sumisión y favoritismo decidan, de la noche a la mañana, actuar con total independencia? Sería como creer en milagros.
Otra posibilidad es que la administración de justicia haya optado por alinearse con los nuevos vientos. Esto sería lamentable, porque nos deja en la misma situación de indefensión que hemos padecido durante el correato. Pero, de ser así, podemos especular que la sentencia en contra de Correa fue un desaire promovido desde el nuevo poder político. La declaración de guerra, entonces, tendría origen en Carondelet.
Sea cual sea la explicación, a los ojos de la ciudadanía, Correa y sus operadores judiciales están perdiendo las riendas de los poderes concretos. Han sido vapuleados en un tribunal, en un campo que manejaron a su antojo y con el más cínico desparpajo. Es innegable que algo cambió.
En estas circunstancias favorables, la sociedad ecuatoriana tiene en sus manos un desafío crucial: cómo reconstruir la institucionalidad democrática del país. Y eso, de entrada, exige desmontar el andamiaje fascistoide de leyes y organismos que creó el correato. La independencia de la justicia es un objetivo imprescindible; la autonomía de las organizaciones sociales es otro avance fundamental. Que la CONAIE haya conseguido el comodato de sus sedes por cien años condensa el triunfo de la resistencia sobre el despotismo, de la autonomía sobre el tutelaje, de la plurinacionalidad sobre el racismo.
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