Correa decreta que el país pague su protección en Bélgica

Publicado en mayo 9, 2017  en La Info  por Martín Pallares

Rafael Correa podrá tener un servicio de custodia personal pagada por el Estado incluso cuando esté viviendo en Bélgica, donde ha dicho que se radicará luego de entregar la Presidencia a Lenín Moreno. Lo mismo sucederá con su esposa Anne Malherbe y sus tres hijos: Anne Dominique, Sofía y Miguel. Todos podrán tener protección personal en el exterior sin que tengan que desembolsar un solo centavo de sus bolsillos.

La protección a la familia Correa en el exterior quedó establecida el 3 de mayo cuando el propio Correa expidió un decreto, el 1369, mediante el cual se reformó otro, el 418, expedido en julio del 2010. En el decreto del 2010 se establecía la protección del Presidente, Vicepresidente y sus familiares dentro y fuera del país, mientras que la reforma de hace algunos días extendió ese beneficio para los ex presidentes y ex vicepresidentes.

En  el decreto 418 del 2010 se creó el Servicio de Protección Presidencial y se le dio la atribución de “proporcionar protección y seguridad al Presidente y Vicepresidente Constitucional de la República, al Secretario Nacional de la Administración Pública, y a sus familiares dentro y fuera del país”. La reforma de ese decreto a través del decreto 1369 establece como punto único que esa protección se extenderá para los ex Presidentes, ex Vicepresidentes y sus familias por un año y medio, abriendo la posibilidad de que se extienda por más tiempo en virtud de un “informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto”. En otras palabras, Correa reformó el artículo 418 no solo para procurarse a sí mismo y su familia de protección en el país, una vez que deje el poder, sino también en el exterior.

Esta decisión tendrá un significativo costo para el Estado ecuatoriano, si se considera que la custodia de Anne Dominique, en la ciudad francesa de Lyon, costaba 914 289 dólares anuales según una investigación hecha por el periodista Fernando Villavicencio, en julio del 2016.  Si los cinco miembros de la familia toman un servicio similar, el costo total podría alcanzar 5 millones de dólares anuales. Esto en el caso de que a Rafael Correa se le brinde el mismo tipo de protección que a su hija cuando estudiaba en Lyon, lo que luce improbable pues es de esperar que tenga mayor protección que su hija.

La aspiración de Correa de tener un servicio de protección para él y su familia no solo se concreta a través de la reforma al decreto 418, sino mediante la creación del Servicio Público de Protección, SPP. Ese organismo se establece en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana que, se prevé, será aprobado este miércoles 10 de mayo. Según ese proyecto, que para la mayoría de sus críticos establece la creación de una fuerza civil armada, el SPP se define como “una entidad pública, especializada, jerarquizada, civil, armada” y dependiente del Ministerio del Interior. Es “un servicio público dirigido a prevenir y neutralizar cualquier acción que pretenda atentar contra la integridad de las personas que prestan un servicio relevante para el país: presidente y vicepresidente de la República, principales autoridades de las funciones del Estado, cuerpo diplomático y servidores públicos”.

¿Por qué Correa insiste en la aprobación del SPP mediante la aprobación de una ley si ya tiene un decreto que le asigna protección cuando deje de ser Presidente? Sencillo: un decreto está menos blindado que una ley, pues puede ser derogado fácilmente en el futuro por quien ocupe la Presidencia. Una Ley, en cambio, debe ser derogada o reformada a través de un acto legislativo y en la Asamblea su partido tiene mayoría.

El hecho de que prefiera blindar su protección a través de una ley y no solo de un decreto también puede ser interpretado como síntoma de desconfianza en quienes lo van a suceder en el cargo. Correa, es sabido, es un obsesivo con su protección personal y lo que hace -mediante una ley- parece indicar que alberga el temor de que quien o quienes lo sucedan puedan dejarlo desamparado en algún momento. 

Correa no deja el poder para quedarse sin poder. Tener protección en Bruselas es una forma de extender esa sensación de poder que produce estar custodiado por un cuerpo de agentes especiales. Tener la banda presidencial en el clóset (también decretó que no debe entregarla) no parece alcanzarle.

Foto: Preside