En comparación a mayo
del 2013, la Asamblea pierde respaldo. Falta de independencia, escasa
fiscalización y una desconexión con la gente son los factores. La aprobación de
la gestión de la Asamblea Nacional por parte de la ciudadanía sufrió un
descenso.
Los porcentajes históricos de alta aceptación conseguidos en mayo del
2013 y que se consolidaron a lo largo de ese año, no pudieron sostenerse en el
2014. Así lo ratifican las cifras de Cedatos y Market. Si bien entre las dos
encuestadoras existen diferencias en los datos obtenidos, ambas confirman que
ya existe una “tendencia a la baja”.
Según Cedatos, el techo de este período
legislativo se dio en agosto del 2013 cuando la Asamblea Nacional, en manos de
Gabriela Rivadeneira, alcanzó el 45% de aprobación. En la actualidad, esta
cifra se ubica en un 38%, es decir se perdieron 7 puntos. Las cifras de Market
en cambio establecen una brecha aún mayor. Según esta, la máxima calificación a
la gestión legislativa se dio en julio del 2013, cuando se ubicó en el 60%,
cifra distante a la registrada en septiembre del 2014, cuando perdió 25 puntos
y se ubicó en un 35%. “La Asamblea está entrando en una crisis de
representación. El poder Ejecutivo y el poder Legislativo son vistos como uno
solo”, asegura Francis Romero, director de investigación de Market.
Según las
dos firmas, existen cuatro factores claves que son percibidos por la ciudadanía
y que fueron obtenidos en grupos focales (charlas a profundidad con colectivos
sobre temas específicos) y que han repercutido en la aprobación de legislativo.
El primer factor es la escasa fiscalización por parte de los legisladores. De
hecho, según el Observatorio Legislativo, durante los 15 meses de este período
no se ha impulsado ningún juicio político.
Otro elemento de esta merma es la
falta de una agenda propia y la dependencia a las normas enviadas desde el
Ejecutivo. En tercer lugar, las dudas nacen de la aprobación de leyes que la
población no conoce a profundidad como el Código Orgánico Integral Penal o el
Código Monetario. Y, finalmente, la pretensión de Alianza País de cambiar la
Constitución vía enmienda genera este rechazo que señalan.
Esta baja en la
aceptación no solo afecta a la Legislatura como tal, sino a sus representantes.
Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, tenía una aprobación del 45% al inicio de su
gestión; ahora es de 35%. El director de Cedatos, Polibio Córdova, dice que el
nivel de confianza que la población tiene en los parlamentos es bajo en
comparación al apoyo que recibe un Primer Mandatario. Cita como ejemplo los
años de 2005 y 2006, cuando esta cifra se ubicó en el 6%. Si bien Córdova
reconoce que la actual Legislatura está en baja, no deja de ser la mejor
puntuada en la última década. Incluso supera la aprobación durante la
administración de Fernando Cordero, que entre el 2009 y el 2013 se mantuvo
entre el 28%.
Dentro de la arena legislativa, tanto opositores como
oficialistas manejan sus propias hipótesis sobre esta baja en la aprobación.
Para los primeros, este descenso obedece a la falta de independencia y a la
llegada de temas complejos para la coyuntura, como los fondos previsionales o
las utilidades de las telefónicas. Para el oficialismo, en cambio, se trata de una
falta de comprensión por parte de los actores sociales y, además, a una campaña
de desinformación de la oposición.
La oficialista Ximena Ponce no desconoce
este descenso en la opinión pública, pero sostiene que “hay coyunturas que
originan desgastes. También hay una falta de comprensión porque algunos medios
de comunicación no dan a conocer el rol que tiene la Asamblea”. Pide que más
allá de estos datos, se contemplen los logros alcanzados en estos meses. Su
colega de bancada, Gabriel Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización,
es más escéptico con estas cifras pues asegura que recibe al apoyo de la gente
en las calles e insiste en que es necesario realizar una evaluación integral.
“Ya no hay los cenicerazos del pasado ni el toma y afloja”
. A la vez considera
que la baja en la aceptación se debe a que “con la complicidad de cierta
prensa” las propuestas del oficialismo han sido desdibujadas. El bloque de
Alianza País se ampara en las comparaciones regionales. La actual Legislatura
supera al promedio de los parlamentos latinoamericanos que es del 30%, e
incluso a los europeos ,que es del 33%. “El poder ejercido durante mucho tiempo
de manera arrolladora desgasta” asegura el opositor Luis Fernando Torres
(Cambio/PSC/Creo) para quien la estrecha relación entre el Primer Mandatario y
el bloque de Alianza País les “está pasando la factura”.
¿Qué espera la gente
de la Asamblea? Esta ha sido una de las interrogantes que las dos encuestadoras
realizan a sus entrevistados en los grupos focales. Y tres han sido las
respuestas: que la Asamblea tenga una agenda propia y que sea un contrapoder
del Ejecutivo; que fiscalice a los actores políticos, y, finalmente, que si se
cambia la Constitución, consulte a la gente y que no se lo haga únicamente vía
legislativa.
Datos Históricos 1995 Durante el gobierno de Sixto Durán Ballén el
Congreso Nacional tuvo una aceptación del 26%; los diputados, solo el 9%. 1998
Al inicio del Gobierno de Jamil Mahuad, el Congreso Nacional tenía una
aprobación del 31%. Para 1999, esa cifra descendió al 11%. 2004 Uno de los
porcentajes de apoyo más bajos al Congreso se dio durante el gobierno de Lucio
Gutiérrez: apenas el 7%. 2006 El Congreso durante la época de Alfredo Palacio
terminó con una aceptación del 6% y los diputados con una credibilidad del 5%.
2007 Al inicio de la gestión de Rafael Correa el reconocimiento a la labor
legislativa continuaba baja. En ese tiempo el porcentaje era del 8%. 2008 La
instauración de la Asamblea Constituyente significó un repunte en la
calificación a la legislatura, con un histórico 53%. En contexto En mayo del
2013 se posesionó la nueva Asamblea Nacional. Alianza País logró una mayoría
absoluta de 100 de 137 legisladores. Por primera vez en la historia, la
Presidencia y las dos Vicepresidencias fueron ocupadas por mujeres. Balance de
la labor de los legisladores Mayo 2013 - mayo 2014: En fiscalización ningún
asambleista presentó solicitudes de juicio político en la Comisión de
Fiscalización y Control Político. La fuente para estos datos fue el
Observatorio Legislativo.
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