El observador

¿CUÁL ES EL PRECIO DE QUEDARNOS CALLADOS?

0

 Por Julio Morales Daza

Desde hace ya un buen tiempo estoy tratando de hallar las razones por las cuales el Gobierno de Colombia, a través de su Cancillería, no protesta de manera abierta e irrestricta sobre los cada vez más recurrentes insultos del Presidente Venezolano –y todos los que le siguen, de ahí para abajo, en el PSUV– hacia nuestro país y nuestros ciudadanos. Aclaro: en ciertas ocasiones se ha hecho una “protesta” verbal frente a los medios de comunicación por parte del Presidente y la Canciller con respecto a esta situación, pero siempre me queda la sensación de que, más que un llamado de atención, es una “disculpa que nuestra institucionalidad le pide al país vecino por ser tan entrometidos”.

Hace poco le pregunté a un francés que, si pudiera escoger, a qué persona hubiese designado como presidente de su país en este período: ¿a François Hollande o a Dominique Strauss-Kahn? (ambos del Partido Socialista). Su respuesta fue que, con o sin escándalo, le daría al antiguo director del Fondo Monetario Internacional la Presidencia de Francia porque cree que Hollande es demasiado condescendiente con “la Merkel” –así lo dijo– y, a pesar de todo, Strauss-Kahn es un hombre con los pantalones bien puestos. Palabras más, palabras menos.

Este ejemplo que les traigo no es para entrar a discutir aquí a quién hubiese yo escogido en el caso de Colombiano, es más bien para describir el sentimiento que tengo cada vez que Maduro se descarga contra Colombia entera en cadena nacional –espacio mediático agotador donde el presidente habla sobre lo humano y lo divino– ¿y nuestro presidente? Bien, gracias.

No entiendo como Nuestro Gobierno no encuentra alarmante la locura gubernamental que hay en el vecino país; que, entre otras cosas, comparte unos 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela y donde, además, hay unos cuatro millones de inmigrantes colombianos, como dijo recientemente Juan Manuel Santos en alguna intervención.

Por otro lado, entiendo plenamente que la causa del silencio sean las muy probables repercusiones que tendría un eventual cierre de frontera en las exportaciones e importaciones de esas zonas y más si se prolonga en el tiempo. El Gobierno de Venezuela ha probado su disposición y agilidad para cerrar fronteras, embajadas, consulados, entre otros, cuando las cosas les salen mal y se sienten acorralados. Esto es, por lo demás, comprensible: No tiene nombre el desprestigio al que ha sido sometida la palabra del gobierno bolivariano tras 15 años de jefatura ininterrumpida. Lo que no entendería es que la razón tenga alguna relación con el apoyo que Venezuela le brinda a los diálogos que mi país sostiene con el grupo terrorista de las farc en La Habana. Pero esa es otra discusión.

Y es que los insultos que vienen desde Caracas no han escatimado en tono ni en víctimas: todo lo que una persona se imagine se lo han dicho a muchos de nuestros compatriotas desde Miraflores o desde la Asamblea Nacional. Sin embargo, nuestra respuesta desde 2010 se ha escabullido entre los llamados “canales diplomáticos” que, sin miedo a equivocarme, puedo decir que la mayoría de la opinión pública colombiana no sabe cuales son. Empero, otras agresiones igual de repudiables, como la que cometió una diputada panameña hace poco hacia el grupo de ciudadanos colombianos en su país, fueron resueltas de inmediato y frente a las cámaras.

Con esta reflexión no estoy sugiriendo que Colombia deba inmiscuirse en los asuntos internos del hermano país; entre otras cosas porque creo que esa situación se le va a caer por su propio peso al gobierno del socialismo del siglo XXI. Tampoco es mi intención decir que el Gobierno de mi país deba responder a todos y cada uno de los insultos provenientes de Venezuela. Sin embargo, lo que si me propongo con esta columna es poner a los lectores a pensar en el precio que tiene quedarnos callados o tener una actitud inerte frente a lo que pasa de la frontera para allá.

Recientemente, mientras aprobaba sanciones para varias dignidades del Estado venezolano, el Presidente Barack Obama, ha expresado que ese país es una “amenaza inusual y extraordinaria” para los Estados Unidos de América. Yo creo que es una amenaza para toda al región y en especial para Colombia, por el hecho de compartir una extensa frontera y albergar una gran cantidad de colombianos en su territorio, como ya se dijo, aunque no lo sea tanto para Brasil por la configuración geográfica de sus fronteras y el hecho de que, militarmente, no tendría ninguna posibilidad frente al ejército del gigante suramericano.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela es una verdadera amenaza para Colombia por distintas razones, siendo las más relevantes la volatilidad de las decisiones gubernamentales; la gran cantidad de armamento que posee y que sigue adquiriendo por sus siniestros lazos con países como Rusia e Irán; la condición de vulnerabilidad de nuestros  residentes en ese territorio; y la constante paranoia que parecen tener los responsables de las decisiones en Venezuela con respecto a “supuestos planes de desestabilización provenientes del nuevo eje del mal: Miami-Bogotá-Madrid”. A eso hay que sumarle la porosidad de nuestras fronteras; la facilidad para violarlas (probada desde hace años con las incursiones de aviones militares venezolanos) y la poca capacidad que tiene Colombia para desplazar fuerzas armadas a esas zonas, ya sea por vía terrestre, aérea o fluvial.

Una intervención de Colombia tendría que ver más con la búsqueda de la protección de los derechos humanos y políticos en Venezuela, hacia la salida dialogada del régimen fracasado y el encaminamiento de los prácticas democráticas. El precio de quedarnos callados podría ser que el día menos esperado la locura llegue a su límite y Maduro apruebe medidas más agresivas para detener los “planes de golpe de Estado”.

Tengo el presentimiento de que para cuando queramos tomar cartas en el asunto, ya será demasiado tarde.

****************

Rápidamente:

Debo decir que la propuesta de la Senadora Paloma Valencia de dividir el Cauca para los indígenas y para los mestizos es realmente descabellada. El Ministro del Interior la ha calificado de “discriminatoria”; aunque yo no lo pondría en esas palabras, creo que ciertamente no es la más apropiada de las propuestas y que los medios para alcanzar la estabilidad de esa región deben ser de integración y no de división.

Es vergonzoso que la Ministra de Transporte esté abiertamente en contra de un sistema de transporte urbano que, aunque alternativo, no tiene nada de ilegal. Así como hay que mejorar el servicio de los taxis en el país, también se debe incentivar la libre competencia en este sector.

Alguien debería abogar por los derechos de las glorias del deporte nacional después de que se retiran. Es triste ver como muchos de estos terminan en el olvido y, muchas veces, hasta en la miseria.