miércoles, 18 de marzo de 2015


El paquetazo no será suficiente

¿Qué necesita con urgencia el Ecuador, llantas y útiles escolares o una plataforma de USD 2,3 millones de la Supercom para monitorear los medios de comunicación o USD 76 millones para Yachay? La crisis no se verá paliada con las salvaguardias, si el gobierno no mira dentro de su propio presupuesto.
14 de marzo del 2015
REDACCIÓN PLAN V

Quesos, leche en polvo, carne, derivados lácteos, verduras, aceitunas, cebollas, manzanas, naranjas, duraznos, café, te de todo tipo, canela, arroz, aceites, azúcar, cacao y sus derivados, maíz, trigo, pan,  soya, productos de higiene como toallas sanitarias, útiles escolares…; solo basta ver buena parte de la lista de los 2800 productos y materias primas, en el plano de alimentos, tecnología o insumos, para darse cuenta del impacto que tendrán las medidas en la vida de los ecuatorianos. Estas salvaguardias vienen camufladas con el salmón, caviar y botas para esquiar, y con la mención constante a estos productos de lujo, el gobierno ha extrapolado los reclamos para decir que el paquetazo es para los “pelucones” que están protestando porque no pueden comprar ahora sus productos gourmet. El presidente Correa preguntó en el Enlace Ciudadano del sábado último si en la Amazonía se comía salmón del Pacífico. Muy probablemente no, pero se usan vehículos, llantas, se consumen artículos de limpieza, se usan útiles escolares en las escuelas y se comen manzanas. Las manzanas chilenas y peruanas constituyen la dieta del 90% de los ecuatorianos, porque la producción nacional no abastece.



“La sobretasa afecta solo a los pelucones que comen carne uruguaya y salmón noruego”, dijo Correa en su informe semanal, en el cual aseveró también que la sobretasa a los 2.800 productos solo afecta a las personas de clase alta.  Su tesis se basa en tres argumentos, sintetizó el grupo guayaquileño Investigación Estratégica, IE, en su tradicional análisis de los enlaces: Primero,  fue la tesis del presidente, los productos de primera necesidad que consumen las personas de clase baja y afectados por la sobretasa, como los alimentos, se producen nacionalmente. Segundo, los productos a los que se les ha agregado la sobretasa que no se producen en el país, como electrodomésticos y teléfonos, no son perecibles y por tanto se puede esperar 15 meses (que es lo que dura la medida) para comprarlos. Y tercero, que los demás bienes afectados, son bienes suntuarios que solo compran los ricos. “La economía no se verá mayormente afectada”, continuó el  presidente, citado por la misma IE, quien mostró que la oferta de productos del país es de USD 128 millones, de los cuales solo USD 27 millones son importados. Es decir, solo 22% de la oferta nacional son productos importados. De ese 22% importado, solo se le ha puesto salvaguardia a la tercera parte. Esto significa, según el Presidente, que solo afecta al 6,9% de la oferta nacional.
Así, el gobierno llevó una medida económica, calificada como una de las más graves en tiempos de la república por la Cámara de Comercio de Quito, al terreno político y de la propaganda, donde basa sus fortalezas.  Pero no es tan simple, aunque el régimen persista en simplificar el debate y descalificar a los debatientes, la realidad supera la ficción.

"El presidente en sus afirmaciones no ha tomado en cuenta el encarecimiento de precio de los servicios que resultará a causa de la sobretasa a los bienes": Informe Estratégico.

El mismo IE señaló en su informe que  “El consumidor en general se verá afectado. Decir que solo afecta a la clase alta es omitir las consecuencias no intencionadas que provocará el alza del arancel. La restricción de importaciones reduce tanto la variedad como la cantidad de productos disponibles en el mercado. Esto distorsiona la competencia, disminuye la oferta de productos y provoca un incremento en los precios (inflación). El presidente en sus afirmaciones no ha tomado en cuenta el encarecimiento de precio de los servicios que resultará a causa de la sobretasa a los bienes. Todas estas secuelas afectan la soberanía y el bienestar general del consumidor. Los ricos podrán seguir pagando sin que se afecte su calidad de vida pero la clase media y baja tendrá que modificar sus hábitos de consumo.

“Nada asegura que la medida dure 15 meses, dice IE. A pesar que el Presidente afirma que la medida durará 15 meses, la Resolución no especifica la fecha de expiración, solo establece que es de “carácter temporal”. El Presidente también dijo que se estableció el límite de 15 meses porque es el máximo permitido por la OMC. Sin embargo, el límite al que probablemente se refiere Correa, es el plazo de 15 meses que da la Organización para que los países apliquen las resoluciones que la OMC dicta cuando hay alguna diferencia entre países. Dicho plazo se cuenta a partir de cuando la OMC hace la recomendación. Este plazo no es totalmente definitivo según el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC: “…El plazo prudencial [de 15 meses] puede ser más corto o más largo, según las circunstancias del caso” (Art. 21 apartado c).

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