Así legitimó Guillaume Long el robo de 3200 piezas arqueológicas
Confirmado: se robaron las obras más valiosas de la colección de arqueología de Luis Plaza Febres Cordero cuando estaban bajo custodia del gobierno. Pero como a un grupo de burócratas les pareció que esas piezas pertenecen al Estado (es decir a todos, que en la práctica es lo mismo que decir que a nadie) entonces al señor Plaza se le negó cualquier derecho al reclamo e incluso se insinuó que era tenedor ilícito de las mismas.
Esta acrobacia administrativa, que permitió que absolutamente nadie sea responsabilizado por el robo de más de tres mil piezas arqueológicas de oro, plata, platino y cobre, se produjo en octubre del 2015. Un documento del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al que tuvo acceso 4P, confirma que las piezas fueron robadas cuando la colección estaba embodegada en un edificio administrado por el gobierno tras la incautación de las empresas de la familia Isaías. En ese entonces el ministro era Guillaume Long. Además, el oficio sostiene que, como las obras son consideradas patrimoniales, no pueden pertenecer a un particular, por lo que desecha el reclamo de Plaza a quien lo llegan a tratar como traficante de arqueología.
El documento del Ministerio de Cultura, que en esencia legitima la exoneración de responsabilidades en el robo, fue elaborado a raíz de una carta que Plaza envió a la Presidencia de la República pidiendo una explicación a lo que había ocurrido con las piezas que él había mantenido y cuidado por más de 30 años.
La carta del coleccionista a la Presidencia fue respondida, con copia al secretario de la Presidencia Omar Simon, por Guillaume Long. Le dijo que no tiene derecho a ningún tipo de reclamación por tratarse de bienes arqueológicos que, de acuerdo a la ley de 1979, pertenecen al Estado. Long le adjunta a su carta de respuesta a Plaza el documento elaborado por un equipo de funcionarios del ministerio en el que se le niega a al coleccionista el derecho a tener las piezas y, en consecuencia, a reclamar una indeminización por su desaparición.
En ese documento se hace un recuento de lo ocurrido con la colección arqueológica de Plaza Febres Cordero considerada por expertos en una de las más valiosas e importantes del país y que, durante varios años, estuvo expuesta junto a la colección de arte colonial del museo Nahim Isaías del Filanbanco, en Guayaquil.
El documento del Ministerio de Cultura es, sin duda, una pieza documental única e insólita que demuestra cómo el Estado puede llegar a cuestionar el derecho a la propiedad privada sobre bienes patrimoniales, con el evidente objetivo de evadir sus responsabilidades cuando los culpable de la desaparición o robo de esas piezas fueron precisamente los funcionarios del gobierno de Correa.
En las cuatro páginas del documento del Ministerio de Cultura no existe una sola línea que hable sobre la necesidad de que se investigue el hurto y de que encuentre a sus autores materiales e intelectuales. En ese texto se abunda en referencias legales que hablan del derecho del Estado a ejercer el dominio sobre las piezas arqueológicas e incluso se critica una resolución de la Corte Constitucional del 2009 que reconoce a los privados el derecho a comerciar bienes patrimoniales entre sí, pero en ningún punto se hace mención alguna a un investigación o gestión del Ministerio tendiente a descubrir con el paradero de las piezas.
Si bien en el oficio se afirma que la Fiscalía hizo una investigación del robo, ahí no existe ninguna evidencia de que el Ministerio, el Instituto de Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, o ningún otro organismos del Estado responsable o no del cuidado del patrimonio haya impulsado una investigación o se haya apersonado del tema. Tampoco se evidencia que algún organismo de control haya, al menos, pedido explicaciones por el robo a los funcionarios que estaban a cargo de los bienes incautados de la familia Isaías. ¿Alguna vez Guillaume Long o Lucía Chiriboga, entonces directora del INPC, hicieron una denuncia en contra de los administradores de los bienes incautados a la familia Isaías? Por lo que se lee en el recuento hecho por el propio Ministerio de Cultura, no hubo una sola iniciativa de esos dos funcionarios por encontrar a los responsables del robo o, al menos, tener explicaciones de quienes eran los custodios de la colección. Se afirma, además, que el 24 de junio del 2014 hubo otra carta de ese mismo organismo, en ese entonces dirigida por Paco Velasco, a Plaza Febres Cordero en el que se le desconocía como propietario legítimo de las piezas.
Básicamente, el contenido del oficio de octubre de 2015 hace todos los esfuerzos para desconocer los derechos de propiedad que un particular pueda tener sobre piezas arqueológicas así como su derecho a comerciarlos o exhibirlos. No solo eso, en ciertas líneas se sugiere que el coleccionista había adquirido ilegalmente las piezas, como tantos otros coleccionistas a los que se insinúa como responsables de la destrucción de los sitios arquelógicos. De acuerdo al espíritu del oficio del Ministerio de Cultura, no podrían existir colecciones arqueológicas en manos de privados, muchas de las cuales actualmente están expuestas y constituyen referencias culturales y turísticas del país.
El contenido del documento del Ministerio de Cultura no solo confirma que hubo el robo de las piezas y los esfuerzos del gobierno por no asumir responsabilidades, sino también la existencia de una voluntad expresa originada en el poder por ocultar y no investigar los hechos. De alguna forma confirma que hubo una decisión del más alto nivel por mantener impune el robo, como el propio Plaza Febres Cordero dijo a 4P.
Guillaume Long le respondió al señor Plaza Febres Cordero con un documento muy especial: en las cuatro páginas que tiene apenas en una frase se admite que hubo un robo, en las cuatro se cuestiona el derecho del coleccionista a tener y comerciar las piezas y en ningún momento se informa qué pasó con los objetos o qué se ha hecho para recuperarlos. Se trata, pues, de un esfuerzo doctrinario por legitimar el robo.
Lo ocurrido con las piezas de la colección de Luis Plaza Febres Cordero, independientemente del tema de la propiedad del coleccionista privado sobre los objetos, plantea la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad constitucional de precautelar el patrimonio de la nación a través de una investigación seria y consistente que arroje resultados. Mientras aquello no ocurra, no habrá organismo del Estado al que se le pueda confiar la custodia del patrimonio cultural del país.
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