La llegada a México en marzo de 2015 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar asistencia técnica en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, suponía una oportunidad para todos los involucrados.
Para la CIDH era la oportunidad de poner en marcha un nuevo mecanismo de protección de derechos humanos. Para el Estado mexicano era la oportunidad de enfrentar la crisis generada por los graves hechos mediante un acompañamiento internacional que ayudaría a esclarecer un caso que conmocionó al mundo. Para los familiares de las víctimas, la participación del GIEI era una oportunidad de saber lo que ocurrió realmente la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, determinar quiénes son los responsables de tales crímenes y acercarse a la posibilidad de saber dónde están sus hijos.
Una investigación con garantías de independencia y transparencia habría contribuido grandemente a tender puentes de comunicación entre el Estado y sus ciudadanos, y habría servido también para reparar la confianza de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Durante los seis primeros meses, los cinco integrantes del GIEI trabajamos intensamente entrevistando a familiares de las víctimas, sobrevivientes, testigos, funcionarios y acusados. Estudiamos el expediente de 85 tomos con más de 50.000 folios y realizamos análisis especializados en áreas específicas del proceso. También volvimos a examinar las escenas del crimen y ayudamos a reiniciar la comunicación entre los familiares y el Estado mexicano.
Cuando presentamos nuestro primer informe de trabajo, en septiembre de 2015, teníamos una serie de certezas. Las autoridades en materia de seguridad municipal, estatal, federal y militar estaban enteradas de la llegada de los estudiantes desde las cinco de la tarde y monitoreaban sus movimientos antes de llegar a la ciudad de Iguala y dentro de ella. También pudimos determinar que los estudiantes no habían llegado a esa ciudad con la intención de boicotear un acto político, sino de forma circunstancial.
No hubo un enfrentamiento entre la policía municipal y los estudiantes.
Pero el mayor hallazgo fue el siguiente: los estudiantes no portaban armas. Fueron detenidos, agredidos y heridos; 43 de ellos fueron desaparecidos mientras que policías de al menos dos municipios ejecutaron a seis personas. Aun más, la tesis oficial de que el destino final de los estudiantes fue el basurero municipal de Cocula, a unos 15 kilómetros de Iguala, no se sustentaba con la evidencia recogida en la investigación.
El informe también señaló que en la investigación se había ocultado la existencia de un autobús en el que viajaban esa noche los estudiantes normalistas que sobrevivieron al ataque. Lo habían tomado en la Central de Autobuses para asistir a un acto conmemorativo en los próximos días. El ocultamiento de este autobús junto con el descubrimiento de que se utilizan autobuses de pasajeros para el traslado de heroína de Iguala a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, llevó al GIEI a plantear una hipótesis sobre el móvil de los ataques: los estudiantes habrían tomado por equivocación un autobús en el que podría estar siendo transportada heroína o dinero. El ataque en su contra obedecía al interés de los perpetradores de recuperar el cargamento.
En octubre de 2015, la CIDH y el Estado mexicano acordaron las bases para un segundo periodo de acompañamiento al caso. Según el acuerdo, un nuevo equipo debía hacerse cargo de las pesquisas siguiendo las nuevas líneas de investigación propuestas en el primer informe y en el proceso debía actuarse con absoluto respeto a las víctimas.
Casi desde el inicio de esta nueva etapa, los espacios que se habían abierto empezaron a cerrarse. El Estado mexicano mantuvo su negativa a que el GIEI entrevistara a los integrantes del 27 Batallón de Infantería que habían presenciado, fotografiado e informado de la detención de los estudiantes antes de su desaparición. Tampoco entregó documentos militares cruciales para el esclarecimiento de los hechos. El nuevo equipo de la Procuraduría General de la República llegó a tener el caso solo formalmente, ya que el anterior continuaba guiando la investigación a través de detenciones en flagrancia de nuevos inculpados, con las que luego iniciaba investigaciones paralelas. Cada nueva captura suponía una versión de los hechos que intentaba rescatar partes de la versión oficial.
Durante los siguientes seis meses la investigación de la hipótesis del móvil de trasiego de heroína de Iguala a Chicago no tuvo progreso. Las solicitudes del GIEI para avanzar en ese sentido fueron diferidas. Al final de este segundo periodo era evidente que el gobierno mexicano no propiciaría las condiciones que nos habrían permitido continuar nuestra tarea.
A pesar de esta falta de voluntad, el segundo informe del GIEI arroja nuevas evidencias sobre los hechos y sobre todo lo que sucedió después de los mismos. Las instituciones de justicia en lugar de actuar para acotar el daño, lo profundizaron, al perder evidencia, desproteger a las víctimas y descuidar la atención y seguimiento del caso.
La labor del GIEI ha contribuido a esclarecer los hechos y mostrar las profundas deficiencias del sistema de justicia penal mexicano. El GIEI también ha formulado recomendaciones para enfrentar el problema de las desapariciones forzadas en México. Estos son aportes significativos en la lucha por alcanzar el pleno respeto de los derechos humanos en el país.
Los informes del GIEI deben ser vistos como un mapa de ruta para alejar a México de la impunidad que hoy lo tiene profundamente lastimado.
El Estado mexicano debe hacer frente al grave problema de derechos humanos que le aqueja. Cerrar los ojos e impedir una investigación independiente no son las mejores formas para lograrlo. Al contrario, debe tomar todas las medidas necesarias para el completo esclarecimiento del caso, incluyendo la búsqueda de los desaparecidos y la identificación, juzgamiento y sanción de todos los responsables. Hay 43 padres y madres que siguen esperando a sus hijos. Ellos necesitan y merecen saber dónde están. Pero no olvidemos que, tristemente, este no es el único caso en México. En años recientes más de 25.000 personas han desparecido dejando una grieta inmensa en el alma del país.
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