Catástrofe y política
Por Simón Pachano
Inevitablemente, la tragedia humana del terremoto tiene también una dimensión política. Esta se presenta bajo diversas formas y abre muchos interrogantes sobre su incidencia en un año eminentemente electoral. El primer hecho en este campo fue la respuesta gubernamental –o, más bien, la inexistencia de respuesta– en los momentos inmediatos al sismo. Durante casi dos horas no hubo pronunciamiento oficial ni siquiera un flash informativo en alguno de los numerosos medios oficiales. Si la explicación fuera, como lo han insinuado varias personas, la ausencia del presidente y la diferencia horaria con el lugar en que se encontraba, significaría que todo el país está a merced de las capacidades y las limitaciones humanas de una sola persona. No hay evidencia de que se haya seguido un protocolo de respuesta inmediata ni que se activaran las alertas que deben existir para estos casos. Además, demostraría que durante nueve años no se ha avanzado nada en términos de institucionalización y de capacidad de operación en el sector público.
El segundo hecho tiene estrecha relación con este, y es el que se deriva de la ausencia de los organismos locales y provinciales. Fue evidente su escasa capacidad de reacción frente a un fenómeno de esa magnitud. La mirada y la voz de sus autoridades se dirigieron inmediatamente hacia el Gobierno central. Como algo casi natural, esperaban que las acciones de socorro vinieran desde allá. Con ello no estaban sino reconociendo la dramática situación en las que los ha colocado el fuerte proceso de recentralización de los últimos años. Tan evidente es esta condición, que la gestión de las acciones de emergencia quedó a cargo de ministros del gabinete gubernamental, con una participación subordinada de las autoridades locales. La pomposa calificación de gobiernos autónomos descentralizados suena a ironía dentro de esta realidad.
Un tercer aspecto es la nada sorda y más bien sonora lucha emprendida en contra de las iniciativas espontáneas de la sociedad. Cuando en una masiva y efectiva muestra de solidaridad se había materializado la más grande expresión de lo que se conoce como capital social, el Gobierno tomó todas las medidas posibles para ahogarla. Como lo ha hecho en todos los campos –y en concordancia con lo que su líder pregonó horas antes en el Vaticano–, el Estado debía ser el único actor en la atención a los damnificados. Obviamente, la integración Estado-partido permite y justifica que las donaciones lleguen con la etiqueta verde y el eslogan de AP. Las anteojeras ideológicas y el convencimiento de tener una misión predestinada se impusieron sobre la racionalidad e impidieron valorar la importancia que tiene esa manifestación social para el convivir nacional.
Finalmente, ante la falta de recursos económicos escogen desesperadamente el alza de impuestos, con el ineludible impacto en toda la población. La situación exige respuestas concretas e inmediatas que no pueden ser sustituidas con cadenas de medios ni con el carisma. Pero, ya que eso es lo único que tienen para responder, se puede anticipar el resultado. La factura política será muy pesada para el Gobierno. (O)
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