LA CORRUPCIÓN INVADE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

Por Mayra Toapanta

“La Revolución Ciudadana no ha tenido graves problemas de corrupción, somos gente sencilla representando a gente sencilla”, es parte del discurso del presidente Rafael Correa; sin embargo, las estadísticas reflejan otra realidad y en el 2015 la organización Transparencia Internacional ubicó al Ecuador en el puesto 107 de 167 países con mayor percepción de corrupción.
La impunidad ante los actos de corrupción en el país es evidente: casos como la narco valija, el comecheques (Raúl Carrión), Cofiec (Pedro Delgado), Palo Azul (Galo Chiriboga), la tragedia petrolera y minera, los sobreprecios en la construcción de carreteras, en la reconstrucción de la refinería de Esmeraldas, los costos duplicados en los contratos para la construcción de las hidroeléctricas, estas últimas con sobreprecios del 30 % al 300 % como el caso de Manduriacu son la evidencia más clara de la dudosa administración pública que a simple vista desemboca en la corrupción.

El millonario atraco no está en cuentas bancarias, según varios analistas, sino en cuentas cifradas en el exterior, en paraísos fiscales que eximen del pago de impuestos a los inversores extranjeros, como es el caso de los ‘Panamá Papers’ del bufete panameño Mossack Fonseca, escándalo en el que se encuentran involucrados el fiscal general Galo Chiriboga y Pedro Delgado primo del presidente Rafael Correa, personas vinculadas al gobierno. Y las cosas no se quedan ahí: según el Centro de Desarrollo Económico y Social, 59 grupos económicos del país mantienen vínculos con paraísos fiscales, mismos que obtuvieron ingresos mayores a los 28 mil millones de dólares y pagaron un impuesto a la renta de 609 millones, es decir un pago del impuesto a la renta de apenas 2.15%, en la lista aparecen: Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Exportadora Bananera Noboa, Juan El Juri, Corporación Favorita, y otros, detallados en la siguiente página (http://cdes.org.ec/…/59-grupos-economicos-mantienen-vincul…/).

Para el CDES, el escándalo de los Panamá Papers ha evidenciado que las grandes empresas evaden impuestos, esconden sus activos, para no declarar sus utilidades ante el Estado, mientras que en el caso de Ecuador los trabajadores deben pagar el 22 % del Impuesto a la Renta. “Los paraísos fiscales se utilizan para actividades legales e ilegales, hay que preguntarse si es que son legítimas, porque están defraudando al Estado mediante estas jurisdicciones off shore, que se caracterizan por esconder la información por mantener el secreto de los ricos y poderosos; por lo tanto, lo que se destapó con los papeles de Panamá es apenas una parte muy pequeña”, comenta dicho centro.

El ex asambleísta Clever Jiménez asegura que la corrupción de la mal llamada revolución ciudadana es exorbitante, como en ningún otro gobierno en la historia del país, además se atreve a decir que: “el haber institucionalizado la corrupción en el país es uno de sus mayores logros, pues la justicia se encuentra sometida al gobierno nacional que en vez de pedir que se investigue y fiscalice crea por ejemplo la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), que lo único que hace es perseguir a quienes combatimos la corrupción. La Fiscalía General del Estado y la Asamblea Nacional le deben el 100 % al Estado ecuatoriano, porque no han hecho nada al respecto”, asegura.
“Lo que hoy sucede con el fiscal Galo Chiriboga no es de sorprenderse, lo denunciamos cuando precisamente impugnamos su candidatura a la Fiscalía hace cinco años, eso ya lo sabíamos, lo indignante es darse cuenta cómo la primera autoridad de esa institución, que es la primera llamada a hacer una investigación prolija, seria y profunda sobre los Panamá Papers, justamente se encuentra involucrado. ¿Cómo se pretende combatir la corrupción de manera profunda y transparente?..., el que tiene rabo de paja difícilmente se acercará a la candela”, manifiesta.

Para el ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), David Rosero, el incremento de la corrupción en el actual gobierno es directamente proporcional a la concentración del poder, “hoy estamos siendo gobernados por un gobierno no solo autoritario y que atropella los derechos humanos, sino también por un gobierno de uñas largas, que ha defraudado la confianza popular por tanto despilfarro en farras, sánduches, sabatinas, en la secretaría de la felicidad, en la secretaría de inteligencia, y tantas instituciones que no han hecho nada en el país, y por la serie de prebendas asignadas a los grupos económicos”, explica.

Según Rosero, una de las instituciones que tiene una gran deuda con el país es el (CPCCS), pues en su momento reveló que de 100 denuncias que ingresaban a la institución, únicamente 10 se investigaban, el 90 % se archivaba o no se admitía, por lo que considera que se ha hecho muy poco en el combate a la corrupción. Así también se refiere al Código de Ética o también conocido como la Revolución Ética que para Rosero se quedó en el tacho de la basura, “hoy vemos a grupos económicos que ganaron lo que no ganaron en otros gobiernos; mientras nos obligan a los ecuatorianos a consumir lo nuestro, ellos tienen más de 2 mil millones de dólares afuera en paraísos fiscales, es lo que pasa con el fiscal y otros ex funcionarios del gobierno que van a comprar afuera, mientras pregonan austeridad”, comenta.
Y duramente ratifica que: “los paraísos fiscales son los prostíbulos del capitalismo, son fraudes fiscales que desde los sectores de izquierda planteamos que deberían eliminarse como una legislación a nivel mundial, porque el tener dinero en los paraísos fiscales significa menos obras, menos servicios básicos, menos empleo, menos recursos para resolver la crisis de América Latina y del mundo; es evidente la doble moral tanto del gobierno como de los banqueros de la derecha como en el caso de Guillermo Lasso. El presidente habla con un discurso de izquierda, pero en la práctica toda su política es fascista, más de 700 líderes sociales hemos sido criminalizados por pensar distinto; la satisfacción es que este doble discurso del gobierno se va cayendo a pedazos, porque el clientelismo ya no le alcanza para comprar lealtades”, afirma.

Según encuestas de Cedatos, actualmente siete de cada diez ecuatorianos ya no creen en el discurso del presidente Rafael Correa y rechazan su gestión; al mismo tiempo, la población encuestada evidencia una visión pesimista sobre la situación del país, en los siguientes campos: aprobación a la creación de fuentes de empleo, 27%; protección y seguridad ciudadana, 27%; manejo de la economía, 28%; manejo del gasto público, 30%; respeto a la libertad de expresión, 32%; intervención del presidente en otros poderes e instituciones del Estado, 32%, actuación del presidente frente a los demás, 32%; control de precios, 34%; ambiente de tranquilidad ciudadana, 34%.
Finalmente, los líderes sociales concluyen que la corrupción siempre se produce desde las altas esferas del poder, desde aquellos grandes grupos económicos que tienen la misma concepción política y que se caracterizan por el individualismo, la explotación laboral en fin, la injusticia social, a la vez que coinciden en que la alternativa para erradicar este sistema se centra en los sectores populares y democráticos que están construyendo un programa de gobierno diferente. Un gobierno que vaya a enfrentar la crisis generando empleo productivo, pero sin meterle la mano al bolsillo del pueblo, un gobierno que no vuelva a la larga noche neoliberal, ni que se arrodille ante el Fondo Monetario Internacional; donde exista una Asamblea Nacional que no esté llena de sumisos ni borregos, sino de asambleístas del pueblo que vayan a fiscalizar y a legislar en favor de los sectores sociales; una posición que como dicen, se ratificará este Primero de Mayo, día en que el pueblo levantará su voz de protesta.