Sí, el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer

Publicado en octubre 1, 2018  en Conexiones4P/Elenfoque  por José Hernández

Julio César Trujillo dijo, en Radio Democracia, el 27 de septiembre, que piensa proponer, con el Contralor Pablo Celi, una reforma Constitucional mediante una consulta popular. Con dos objetivos: que aquello que han hecho no pueda ser revisado por quienes los sustituyan en los cargos y que el organismo del cual hace parte, el Consejo de Participación Ciudadana, desaparezca.

De esa propuesta ya se había oído hablar. Es evidente que tanto el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como el Contralor subrogante han ejercido tareas que se antojan excepcionales por la naturaleza del momento político. Eso no prueba que se hayan extrapolado en sus funciones: subraya la ausencia de autoridades independientes del Ejecutivo durante una década y delata la casi anomia institucional en que quedó el país. Que esas autoridades propongan que los ciudadanos ratifiquen en las urnas sus decisiones tampoco es nuevo: Fabián Alarcón recurrió a los ciudadanos para que lo confirmen como Presidente Constitucional en mayo de 1997 y el correísmo citó a otro referendo, en septiembre de 2008, para aprobar o rechazar la Constitución de Montecristi.

No es de extrañar que los ciudadanos tengan que volver a sellar la ruptura política y constitucional con el correísmo. Hay razones humanas (recelo ante una posible persecución) y razones institucionales: una transición es siempre resultado del juego político y, tras el momento, puede prestarse, en el campo jurídico o constitucional, a interpretaciones antojadizas. Por esto requiere la expresión en las urnas de los electores. La Consulta Popular de Febrero de este año, marcó un derrotero y dio un mandato al Consejo de Participación Ciudadano Transitorio. No obstante, el ejercicio de esas facultades, que se ha traducido en la cesación de un buen número de autoridades dejadas por el correísmo, requiere un aval. No para ser legales sino para evitar que aquellos políticos que resultaron afectados puedan, en el futuro, aspirar a reparaciones solo compatibles con su nivel de servilismo en favor del autoritarismo. Si el quiebre es político, se entiende que la opinión tiene que ratificarla en las urnas. La misma lógica cobija a la Contraloría que, haciendo su trabajo, produjo decisiones inhabituales en diez años y, en ese sentido, contribuyó a deshacer el ovillo constitucional armado por el correísmo a su favor.

La consulta popular es imprescindible por otra razón, que también incluyó Julio César Trujillo: el Consejo de Participación Ciudadana es un bodrio inventado por el correísmo en Montecristi. Se sabe desde su concepción cuando Alberto Acosta, entonces Presidente de la Asamblea Constituyente, no sabía cómo dar forma a un deseo (que fue vendido como legítimo y loable) de que hubiese una observación ciudadana sobre los organismos de control del Estado. Acosta llegó a pensar en otro ente, como el Congreso, quizá más masivo, que designara a sus autoridades y cuyos miembros salieran de los municipios y provincias del país. Un delegado por cada uno.

El Consejo de Participación Ciudadano y Control Social resultó ser un fiasco. Una falacia que pavimentó el camino para que el Alianza País y sus aliados hicieran concursos falsos que sirvieron de biombo para repartir los cargos de fiscalización entre parientes, militantes y amigos que robaron y dejaron robar sin sonrojarse. Por eso el país supo, meses antes de que Galo Chiriboga dejara la embajada de Madrid que él sería Fiscal General o que Carlos Polit era indestronable en la Contraloría.

No haber acabado con ese cargo en la Consulta Popular de febrero pasado solo se explica por la necesidad de desmontar el aparato inteligentemente armado por Correa y los suyos para quedarse en el poder y cubrir sus espaldas. Pero a estas alturas, es inaudito pensar siquiera en la permanencia de ese organismo. Eso significaría convertir la institucionalidad en un golpe de suerte. Los ciudadanos solo tendrían que esperar que los miembros del nuevo Consejo de Participación resulten sensatos, demócratas convencidos, incorruptibles, independientes del poder Ejecutivo y la tendencia política del momento… Lo mejor es sincerar en su concepción y en su conformación la realidad y diversidad políticas del país en su conjunto y crear mecanismos para que la institucionalidad que aparezca sea sensiblemente parecida a la que el país diseñe. Esto debe surgir de un debate imprescindible y urgente. Enhorabuena que Julio César Trujillo al fin lo ponga sobre la mesa.