lunes, 19 de marzo de 2018

CORREA, EL INTOCABLE NÚMERO 1




PROHIBIDO OLVIDAR. LA FRASE FUE REPETIDA TANTAS VECES Y CON TANTA VEHEMENCIA POR RAFAEL CORREA DURANTE DIEZ AÑOS, QUE HOY ES DIFÍCIL SACARSE DE LA MENTE EL CONTUNDENTE MENSAJE. Y MÁS TODAVÍA CON LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD DE SU GOBIERNO QUE SIGUEN AVERGONZANDO AL ECUADOR ENTERO.
FOCUS LO DENUNCIÓ EN SU MOMENTO. POCOS PRESTARON ATENCI{ON CUANDO EL PODER ABSOLUTO DEL CORREÍSMO LO DOMINABA TODO Y PERSEGUÍA A SUS POCOS CRÍTICOS. AHORA, EL TIEMPO SE ESTÁ ENCARGANDO DE DEVELAR LA VERDAD. Y ESTE ES EL MOMENTO DE RECORDAR LO QUE SE DIJO, LO QUE SE DEMOSTRÓ CON DOCUMENTOS. FUERON TANTAS DENUNCIAS QUE NO SE PODRÁ HACER ESTA MEMORIA EN UNA SOLA ENTREGA. SERÁ POR CAPÍTULOS Y ESTE ES EL PRIMERO. NO PARA FUNGIR DE JUECES O FISCALES, PERO SÍ COMO OBLIGACIÓN PERIODÍSTICA Y CIUDADANA PARA RECORDAR A LOS RESPONSABLES DE LOS MAYORES CASOS DE CORRUPCIÓN DE LOS QUE TENGA REGISTRO NUESTRA HISTORIA REPUBLICANA. LA TAREA PENDIENTE DE LA JUSTICIA ES QUE ESOS RESPONSABLES PAGUEN LA COSTOSA FACTURA QUE MANTIENE QUEBRADO AL PAÍS.
El 1 de marzo de 2018, el Contralor encargado Pablo Celi envió al Fiscal General Carlos Baca Mancheno un documento de tres páginas, en el que solicita se incluya al ex presidente Rafael Correa en la investigación penal por la entrega del campo petrolero Singue. Una adjudicación que, según Celi, ha causado un perjuicio millonario al Estado: USD 5,2 millones, por pactar una tarifa más alta por producción de barril de crudo con el consorcio DGC. Una adjudicación que según Fernando Villavicencio se acerca a los USD 100 millones de perjuicios económicos para el país, lo que representa casi USD 95 millones más de pérdidas de las calculadas por el auditor del Estado.
Unas pérdidas de fondos públicos que se tipifican como delito de peculado, según el Contralor, quien encontró responsables del hecho, estando a la cabeza el ex vicepresidente tras las rejas Jorge Glas y otros 28 ex funcionarios públicos y privados, entre estos el ex ministro de Hidrocarburos Wilson Pastor y su hija Silvana. Eso ocurrió en agosto de 2017 y desde entonces, poco ha pasado. El COIP establece que, para iniciar una instrucción penal en la Fiscalía por peculado, es indispensable contar con el informe previo de la Contraloría. Este es el caso, pero la Fiscalía no ha procedido a abrir ninguna instrucción. En el Ministerio Público abrieron indagación previa y dicen que siguen investigando.
Jorge Glas, Wilson Pastor y su hija Silvana, involucrados en el caso de la entrega del campo petrolero Singue. Correa también dio su declaración por este hecho.
Ahora, Celi incluyó a Rafael Correa en la lista de los involucrados, porque sostiene que siempre estuvo al tanto de las negociaciones. Hay oficios, recibidos en la Presidencia de la República, que lo respaldan. El gerente de Dygoil, parte del consorcio, envió una carta a Correa el 26 de enero de 2011, en la que le explica que mantuvo varias reuniones con el equipo negociador del gobierno –liderado por Jorge Glas- con el que se acordó una tarifa de USD 29,3 por barril producido, “tarifas aceptadas por el consorcio y que consideramos no son exorbitantes”, dice el petrolero. Pero ocho meses después, la tarifa subió a USD 33,5 por barril, sin mayor explicación. “¿Por qué la razón de este incremento en el lapso de pocos meses?”, se pregunta Celi.
El aludido Correa respondió de inmediato y apeló a su desmemoria, como en otros casos de corrupción ocurridos durante su gobierno. “Ups. La venganza de los sinvergüenzas. Ahora estoy “involucrado” en el caso Singue, del cual ni siquiera había escuchado hablar hasta hace pocos meses. Renuncie Contralor, usted es otro impostor”. Olvidadizo o no, Correa tuvo que sentarse en el banquillo para dar explicaciones. Lo hizo
El aludido Correa respondió de inmediato y apeló a su desmemoria, como en otros casos de corrupción ocurridos durante su gobierno. “Ups. La venganza de los sinvergüenzas. Ahora estoy “involucrado” en el caso Singue, del cual ni siquiera había escuchado hablar hasta hace pocos meses”, dijo sin sonrojarse
El Contralor Pablo Celi saca informes de irregularidades y el ex presidente Correa le pide que renuncie a su cargo.
La mejor salida que tiene Correa para librarse de cualquier responsabilidad en hechos de corrupción es el desconocimiento, algo que no cuadra con la activa y visible participación del ex presidente en prácticamente todas las obras que promocionaba la “Revolución Ciudadana”. Lo mismo dijo de la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, a cargo de la corrupta Odebrecht, que terminó costando el doble de lo proyectado. Y Correa nunca supo nada, dijo su abogado, el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Hasta se había enojado cuando a Correa le informaron el costo para el Estado, dijo con el ceño fruncido Mera. Inclusive, el ex presidente le pidió la renuncia al Ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, todo según versión de Mera. Se gastaron USD 600 millones del presupuesto del Estado y el presidente Correa no sabía. De remate, la obra tiene fallas en su construcción, el Estado terminó el contrato unilateralmente y ahora el país tiene otro pleito en los tribunales.
El caso del campo petrolero Singue es, tal vez, el más pequeño de los casos denunciados, por el monto del perjuicio al Estado. Pero es representativo respecto de las acciones tomadas por la Fiscalía para llegar al fondo del asunto y buscar justicia. Con informe de responsabilidad penal de la Contraloría sobre la mesa, el Fiscal General Carlos Baca ha decidido volver a comenzar, iniciar una indagación previa y confirmar que los involucrados por la Contraloría están realmente involucrados. Algo que fue criticado en su momento por el flamante integrante del Consejo de Participación Ciudadana de transición, Julio César Trujillo, llamado a presidir este Consejo. Para Trujillo, Baca no es diferente a las demás autoridades de justicia y control que impuso el correísmo. “Las instituciones de control no inspiran ninguna confianza. Se duda de todos y yo participo de esa duda, de esa desconfianza”, declaró a Focus.
El caso del campo petrolero Singue es, tal vez, el más pequeño de los casos denunciados, por el monto del perjuicio al Estado. Pero es representativo respecto de las acciones tomadas por la Fiscalía
EL PRESIDENTE QUE LO SABÍA TODO Y DICE Y DICE NO SABER NADA
Una de las palabras favoritas que utilizaba el ex presidente Correa para descalificar a sus opositores durante las sabatinas era “Caretucos”. La criolla expresión servía para señalar a aquellos que ya perdieron el recato, el decoro o el poder sentir la sensación de vergüenza. Son los que saben que pocos o nadie les creen, pero siguen mintiendo. Ya no les importa. Suele ocurrir que ciertas expresiones se revierten en contra de quienes las hicieron sus muletillas preferidas.
La desmemoria de Correa es para guardar en registros históricos. Las cosas pasaban frente a sus ojos y ahora dice no recordar nada.
A Rafael Correa lo han pillado varias veces en sus mentiras. Uno de los primeros ejemplos se dio con el caso de los contratos con el gobierno de su hermano Fabricio Correa, firmados en los inicios del correísmo. De inmediato, el ex presidente negó haber sabido que su hermano mayor intentó sacar ventaja de su parentesco en la contratación pública. Los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón lo desmintieron y dieron detalles de aquello en su libro El Gran Hermano. Correa los enjuició. Y para que no queden dudas de su honestidad, el presidente decidió crear una Comisión de la Verdad, una veeduría, para que ratifique su ignorancia en las movidas contractuales de su hermano. Resulta que la Comisión de veedores dio la razón a los periodistas: Correa lo sabía todo. Correa enjuició a los veedores. Uno de ellos, Gerardo Portillo, recién salió de la cárcel, indultado por el presidente Lenin Moreno.
Fabricio Correa tuvo contratos con el gobierno de su hermano Rafael, quien fue el último en enterarse. Según él, por supuesto.
Así fue como se manejaron las cosas durante la década del correísmo.
Correa dijo también que nunca había conocido a Gastón Duzac, el famoso argentino que consiguió lo que ningún ecuatoriano ha podido: un crédito flash por USD 700.000 de Cofiec, un banco bajo control del gobierno, sin garantías, sin problemas. Y sin pagarlo. La foto que lo desmentía, en la que aparecen juntos, en Carondelet, no importaba. Todos buscan tener una foto con el presidente. Pero Duzac tuvo foto y dinero fácil, cortesía del gobierno de Ecuador.
César Montúfar lo identifica a Correa como la cabeza de una banda de maleantes, que consiguieron hacer de la corrupción no un hecho aislado “sino un hecho estructural y sistémico”. Hay muchas pruebas de eso, sostiene. Solo es cuestión que un Fiscal las recoja, las procese y actúe.
Gastón Duzac y Correa, cuando la corrupción no llegaba a cifras mayores del millón de dólares. Duzac “solo” consiguió USD 700.000 sin garantías.
Estos casos mencionados solo fueron el comienzo, cuando aún se lanzaban proclamas de “manos limpias y corazones ardientes” en un gobierno que gastó en publicidad lo que nunca nadie en la historia para promocionarse como honesto y eficiente. Por detrás, tras bastidores, se estaba armando toda una estructura para delinquir, amparada inclusive en normas legales que se aprobaban de forma ágil y expedita en una Asamblea solo dispuesta a complacer.
Eso lo ha entendido César Montúfar, dirigente del movimiento político Concertación, quien se presentó en la Fiscalía General este 5 de marzo para sumar otra denuncia contra Rafael Correa. Montúfar, el mismo que fue aceptado como acusador particular de Jorge Glas en el caso Odebrecht, ahora compareció en el Ministerio Público para intentar una proeza mayor: poner tras las rejas al jefe de todo, a quien daba las órdenes supremas y marcaba la ruta. Por eso Montúfar lo identifica como la cabeza de una banda de maleantes, que consiguieron hacer de la corrupción no un hecho aislado “sino un hecho estructural y sistémico”. Hay muchas pruebas de eso, sostiene Montúfar. Solo es cuestión que un Fiscal las recoja, las procese y actúe. Correa fue acusado formalmente de liderar una banda de delincuencia organizada.
César Montúfar ya acusó a Jorge Glas. Ahora acusa también a Rafael Correa.
¿Qué es, sino, la declaratoria de emergencia firmada por Rafael Correa en el sector petrolero, para dar paso a lo que probablemente es el más grande festín de recursos públicos del que se tenga registro en la historia del Ecuador?
Alecksey Mosquera recibió soborno de Odebrecht y para Correa eso fue “un acuerdo entre privados”.
Al ex presidente Abdalá Bucaram lo acusaron por haber firmado el decreto de emergencia que dio paso a la firma del contrato para la Mochila Escolar. Un contrato de USD 4 millones. Bucaram tuvo que huir a Panamá y quedarse en ese país 20 años para evitar la cárcel. Correa no solo firmó decretos de emergencia en el área petrolera. También firmó como testigo de honor el contrato de ingeniería básica para la inexistente Refinería del Pacífico –con un 100% de sobreprecio, para seguir la costumbre- y fue tajante en defender al involucrado cuando apareció la coima de USD 1 millón entregada por Odebrecht al ex ministro, hoy sentenciado, Alecksey Mosquera, por el proyecto Toachi-Pilatón. Correa llegó a decir algo que ni los correístas lo auparon: no era coima, sino “un acuerdo entre privados”. Y añadió una teoría más: las coimas no significaban pérdidas para el Estado, sino menos ganancias para los contratistas, que pagaban los sobornos a costa de sus bolsillos. Ni los correístas extremos aplaudieron. Solo intentaron pasar el bochorno con perfil bajo, con discreción. Ahora el ex ministro Mosquera ya está sentenciado por lavado de activos. La defensa de Correa no fue casual: su intervención va más allá, como Focus lo publicó en un amplio reportaje.
Correa huye de los secretos de Toachi-Pilatón (segunda parte)
CORREA SE FUE DEL PAÍS ENTRE UN MAR DE LÁGRIMAS DE QUIENES PARECEN VIUDAS/OS DEL PODER. Y SE FUE SIN DAR EXPLICACIONES…
medium.com
LA DEUDA PÚBLICA: DE LA “SAPADA” AL PAGO ELEVADO DE INTERESES
Ricardo Patiño nunca ha tenido incomodidades legales por su jugada con la deuda pública ecuatoriana, que quedó grabado para la posteridad en sus famosos “pativideos”. El hecho es que Ecuador declaró un default, abarató la deuda ecuatoriana en los mercados internacionales y la pudo comprar a mejores precios. Jugada maestra, dijeron los correístas. Sapada o maniobra riesgosa, dijeron los que conocen como se mueven los prestamistas.
No pasaría mucho tiempo para que Ecuador vuelva a necesitar financiamiento externo, aparte del que se manejó frecuentemente con China, convertido en un socio estratégico para la construcción de obra pública, especialmente las hidroeléctricas. Mantener a un Estado obeso cuesta, y el país ya había comprometido su producción petrolera con el gigante asiático con ventas anticipadas y créditos que ponían al crudo como garantía. Así que el endeudamiento se volvió indispensable para sostener al aparato estatal y las cifras de crecimiento con las que el correísmo se jactaba de ser “el jaguar latinoamericano”. Lo costoso de la deuda se ponía en letras pequeñas: 8, 9, 10% y hasta el 12% de intereses. Prestar dinero al Ecuador se convirtió en una apuesta de alto riesgo y lo sigue siendo. El apetito voraz de la Revolución Ciudadana se lo comió todo y cuando hizo su relevo –Moreno por Correa- la cuenta por pagar ya estaba por las nubes: USD 60.000 millones de obligaciones pendientes. El límite del 40% de endeudamiento que establece la ley, fue vulnerado olímpicamente y con nuevas normas creadas con el objetivo de opacar las cifras y la real situación.
Los negocios con China todavía no son investigados a fondo. Una tarea pendiente para quienes asuman como nuevas autoridades de control.
El Contralor encargado Pablo Celi decidió auditar el agresivo endeudamiento emprendido en la administración Correa. Un trabajo complejo para el que pidió ayuda a León Roldós, Eduardo Valencia, Marcelo Merlo, Alfredo Corral, Roberto Aspiazu, Mariana Yépez, Ana Abril, Patricio Alarcón, Pablo Dávalos, Ramiro Crespo y Magdalena Barreiro
El Contralor encargado Pablo Celi decidió auditar el agresivo endeudamiento emprendido en la administración Correa. Un trabajo complejo para el que pidió ayuda a León Roldós, Eduardo Valencia, Marcelo Merlo, Alfredo Corral, Roberto Aspiazu, Mariana Yépez, Ana Abril, Patricio Alarcón, Pablo Dávalos, Ramiro Crespo y Magdalena Barreiro, quienes actúan como veedores. La Contraloría notificó al expresidente Correa del inicio del examen especial a la deuda pública. El primer resultado de esta auditoría es que la deuda rebasó el límite del 40% respecto al PIB que impone la ley. Todavía falta verificar cómo se gastó esa deuda y cuánto de ella fue a los bolsillos privados gracias a los numerosos casos de corrupción.
30S O UN CASO DE LESA HUMANIDAD
A la convención nacional de los policías del 30S asistieron el político César Montúfar, el asambleísta César Carrión y el activista Fernando Villavicencio. Foto: PlanV
Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa fueron los primeros que lo señalaron: Correa nunca estuvo secuestrado en el hospital de la Policía, durante la rebelión de los uniformados el 30 de septiembre de 2010. Y como en su televisado “rescate”, hubo muertos y un evidente ataque armado a un centro de salud, poniendo en riesgo la vida de los pacientes, la obligación mínima de la Fiscalía era investigar. La obligación mínima de las otras autoridades era colaborar en esa investigación, sin interferir eliminando las pruebas y barriendo con escobas el lugar de los hechos, por disposición del municipio de Quito, liderado entonces por Augusto Barrera, quien sigue al frente de la Senescyt.
Que si estuvo o no secuestrado es una polémica política, en todo caso. Lo más grave fue que en la “operación del rescate” hubo muertos. Cinco víctimas mortales.
¿Quién mató a Froilán Jimenez el 30S? La justicia ha sido incapaz de dar con el responsable.
Hasta hoy, casi ocho años después, nadie sabe quién mató al policía Froilán Jiménez, caído por un tiro ante los ojos de todo el país, que observaba incrédulo la transmisión en vivo y en directo que era narrada por Alfonso Espinosa de los Monteros. La justicia tampoco ha podido determinar a los autores de las otras cuatro muertes.
Lo que vino después es conocido: acusaciones de golpe blando, de conspiración, de secuestro, de intento de magnicidio. Cientos de acusados, civiles y uniformados. Jueces que exculpaban eran castigados y jueces que sentenciaban, premiados. El objetivo era tener en la cárcel a la mayor cantidad posible de señalados por el oficialismo, como una clara señal de poder para que los opositores escarmienten. Algunos, como Pablo Guerrero y Francisco Endara –condenado por aplaudir- tuvieron que huir del país. El articulista Emilio Palacio tuvo que instalarse en Estados Unidos para evitar la cárcel, ante la acusación de Correa por su columna publicada en El Universo “No a las mentiras”. Y oficiales de la Policía fueron especialmente víctimas de ensañamiento: César Carrión y Rolando Tapia, principalmente.
¿Quién ordenó disparar a un hospital –el de la Policía- el 30 de septiembre de 2010? Esa es la pregunta que se hace principalmente el ex asambleísta por Pachakútik, Cléver Jiménez, quien presentó una denuncia por delito de lesa humanidad en la Corte Internacional Penal de La Haya, en junio de 2016, en contra de Rafael Correa, a quien lo considera el principal responsable de las muertes ocurridas ese día. Jiménez fue el primero en acusar, pero no el único en señalar al ex presidente, quien armó una “Comisión de la Verdad” a su medida –con Carlos Baca, Diego Guzmán y Óscar Bonilla- para que ratifiquen su teoría de secuestro, reforzada con el argumento que todo se trató de un intento de golpe de Estado. Ahora se sabe que se gastaron millonarios recursos públicos en forma reservada para el trabajo de esa Comisión, que fueron observados por el ex Contralor, hoy prófugo, Carlos Pólit, quien coincide con el ex legislador Jiménez: Correa debe ser investigado por delito de lesa humanidad. Eso lo dice ahora Pólit, quien fue calificado por Correa como un “lujo” de Contralor. Pólit, quien consiguió salir del país pocos días antes de la orden de su captura y que ahora, desde la ventana de CNN, se declara un perseguido por no entrar en el juego de la corrupción. De sus conversaciones con José Conceciao Santos, de Odebrecht, no aclara nada. De esos audios en los que se lo escucha convencido de ganar un concurso amañado por el anterior Quinto Poder, ni una palabra. De lo que dice respecto a que prefiere el dinero en efectivo, silencio absoluto.
¿Quién ordenó disparar a un hospital –el de la Policía- el 30 de septiembre de 2010? Esa es la pregunta que se hace principalmente el ex asambleísta por Pachakútik, Cléver Jiménez, quien presentó una denuncia por delito de lesa humanidad en la Corte Internacional Penal de La Haya, en junio de 2016, en contra de Rafael Correa
Pólit, desde Miami, ha dicho muchas cosas más. Entre estas, que los nuevos gastos reservados que se usaron durante el gobierno de Correa, también sirvieron para espiar a opositores, algo que se dijo desde tiempo atrás sin que haya merecido ni siquiera una indagación previa. A cargo de esa tarea habría estado la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senain, que recientemente tuvo la salida de su principal cabeza desde el correísmo, Rommy Vallejo. Según Pólit, en gastos secretos se usaron más de USD 300 millones. Este portal hizo publicaciones al respecto: compras de equipo de espionaje, programas para “pinchar” teléfonos y correos electrónicos, sobreprecios, inclusive el espionaje policial dirigido al huésped incómodo que mantiene la embajada ecuatoriana en Londres, Julian Assange. Todo con fondos públicos.
Un fiscal debería preguntar a Correa cuánto sabe de esto.
CONFIRMADO. CORREA ORDENÓ ESPIAR A OPOSITORES
EN UN VIDEO QUE AQUÍ PUBLICAMOS, UN EX AGENTE DE INTELIGENCIA DEVELA LA OPERACIÓN "Q", COMO SE DENOMINÓ AL ILEGAL…
focusecuador.org
¿PETROCHINA? CORREA DICE QUE NO SABE NADA
Del perjuicio por la intermediación petrolera con China, Fernando Villavicencio hace un cálculo de pérdidas para el Estado por USD 2000 millones. El investigador siempre ha insistido que lo ocurrido con el atraco de Odebrecht es poco en comparación con lo que pasó con el negocio del crudo ecuatoriano. Por eso puso una denuncia con su firma en la Fiscalía en contra del ex presidente Rafael Correa.
Correa en la Fiscalía de Guayaquil, el pasado 5 de febrero. Fue la primera vez que tuvo que responder por los actos de corrupción cometidos durante su gobierno. Luego de eso, se fue del país. Foto: eldiario.ec
El 5 de febrero pasado, un día después de la Consulta Popular, las oficinas de la Fiscalía del Guayas, en Guayaquil, amanecieron rodeadas de policías. Para ese día –el último que Correa iba a permanecer en el país- fue convocado el ex presidente por el fiscal Carlos Baca para que rinda su versión “libre y voluntaria” sobre el caso Petrochina. La diligencia debió desarrollarse inicialmente en Quito, pero por pedido del declarante Correa, se hizo en Guayaquil. La declaración se tomó horas e incluyó un cuestionario preparado por el acusador Villavicencio. Lo que dijo Correa no se sabe porque forma parte de una indagación previa. Solo su abogado Alexis Mera salió a decir que el ex presidente no tiene nada que ver con ninguna presunta irregularidad.
Esta fue la primera ocasión que Rafael Correa Delgado es interrogado por un fiscal por un caso de corrupción ocurrido durante su administración de diez años. Casi un año después desde que dejó el poder, ningún fiscal lo ha procesado por nada. Pero esa suerte podría cambiar. Hay elementos para pensar aquello. Es tarea de la Fiscalía resolver aquello.
Enrique Herrería: “El autor mediato de la corrupción es Rafael Correa”
EL CONSTITUCIONALISTA ENRIQUE HERRERÍA ADVIERTE QUE EL CAMINO QUE TIENE EL GOBIERNO PARA CONCRETAR SU LUCHA CONTRA LA…
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Lo dice el jurista Enrique Herrería, quien señala a Correa como el autor mediato de los actos de corrupción ocurridos durante su gobierno. “El autor mediato en la doctrina penal moderna es aquel que se encuentra en la cúspide de una estructura de poder y el Estado es una estructura de poder, una estructura vertical, piramidal. En la cúspide está el presidente de la República que tiene el control sobre los actos del Estado”. Con esta figura, recuerda Herrería, fue procesado y sentenciado el ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, recientemente indultado.
Roberto López alerta: Si reviven el espíritu de Montecristi, nos irá peor
EL CONSTITUCIONALISTA ROBERTO LÓPEZ ANALIZA LAS FALENCIAS LEGALES QUE PERSISTEN EN LOS FUTUROS CAMBIOS QUE SE APLICARÁN…
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Tajante contra Correa también es el constitucionalista Roberto López, quien cree que “a Correa hay que encerrarlo tras los barrotes de una cárcel para siempre, por todo lo que ha hecho”. López es de los que propone devolver a los ciudadanos el ejercicio de la acción penal, para que cualquiera pueda poner una denuncia y no estar sujetos únicamente a la tarea de la Fiscalía, cuya imagen está seriamente comprometida estos días. La asambleísta Ana Galarza, de CREO, se lo ha impuesto como un reto: “Glas no debe ser el único preso. El que sigue es el loco del ático”.
Ana Galarza: “Glas no es el único. El que sigue es el loco del ático”
LA ASAMBLEÍSTA DEL MOVIMIENTO CREO, ANA GALARZA, DICE QUE NO DESCANSARÁ HASTA VER EN LA CÁRCEL A TODOS LOS IMPLICADOS…
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Los hechos parecen marcar un camino hacia allá. El pasado 14 de marzo, Correa nuevamente tuvo que dar declaraciones ante la Fiscalía. Esta vez lo hizo desde la embajada ecuatoriana en Bélgica, vía videoconferencia, para dar sus explicaciones sobre el caso de la adjudicación del campo petrolero Singue. La fiscalía ya tiene el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por este hecho. El círculo del primer intocable parece que se está cerrando.
Redacción Focus

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